22/07/2020

 

Por: David Escalante

 

Las empresas están atravesando momentos de incertidumbre en los que la adaptación y la toma de decisiones requiere ser más ágil, aun cuando no se tengan los elementos de un escenario “normal”, especialmente porque los ingresos se han visto afectados. Esto último ha obligado a muchas compañías a buscar financiamiento para lograr cumplir con sus obligaciones ante proveedores y también para conservar empleos y cubrir los gastos fijos que implica un negocio cerrado o trabajando a mínima capacidad.

Sin duda, COVID-19 ha impactado una gran diversidad de sectores, afectando principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), en su mayoría familiares. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dichas pymes han sido las generadoras de 72% del empleo formal en México, contribuyendo también con 52% del producto interno bruto (PIB).

Como resultado del distanciamiento y la consiguiente contracción de la demanda, muchas empresas se han visto obligadas a reducir y, en algunos casos, detener la producción; sin embargo, esto no implica que los gastos de operación como renta, sueldos o proveedores disminuyan. Lo anterior origina problemas de liquidez en las organizaciones, y las orilla a detener sus actividades, aumentando así el índice de desempleo 1.7% de marzo a abril de 2020, según datos publicados por el mismo Inegi.

En este contexto, las compañías requieren un plan de continuidad de negocio para asegurar su permanencia, conservando también sus activos. Evidentemente, administrar y salvaguardar el patrimonio de una o varias familias propietarias de la organización está entre los objetivos principales de una Oficina de Gestión de Empresa Familiar (Family Office), la cual se enfrenta actualmente a diversos retos, como:

  • Prever la situación de las entidades en el futuro, tomando en cuenta la poca certidumbre existente y la evolución del entorno económico
  • Desarrollar las nuevas estrategias que se implementarán
  • Adoptar medidas para hacer frente a los gastos inherentes al negocio

 

Respecto al último punto y desde la perspectiva fiscal, el financiamiento resulta una buena alternativa para obtener liquidez, toda vez que los intereses derivados de estos pueden ser deducibles si se cumple con una serie de requisitos. Sin embargo, en la reforma fiscal de 2020 se adicionaron reglas que limitan dicha deducción; el objetivo fue combatir la práctica de disminuir la utilidad que sirve de base para el cálculo del impuesto.

A diferencia de la capitalización delgada, incorporada en 2005, en la que se buscaba evitar el sobreendeudamiento por créditos otorgados exclusivamente por partes relacionadas residentes en el extranjero, la nueva limitante de intereses no hace distinción del origen del financiamiento, sino que es aplicable a pagos realizados por terceros, partes relacionadas y miembros de un mismo grupo, sea nacional o internacional.

Otra de las obligaciones incluidas en la reforma fiscal 2020 consiste en revelar información respecto a esquemas reportables; por lo tanto, si una Family Office considera que el financiamiento no es suficiente, y decide desarrollar o implementar nuevas estrategias o estructuras fiscales, sus asesores en la materia deberán revelar dichos esquemas por medio de una declaración informativa. En caso de incumplir esta obligación, las sanciones podrían alcanzar hasta 20 millones de pesos.

Aún resulta incierto el porvenir de la nueva realidad. Los pronósticos de la actividad económica no son favorables y, en tanto esta no se reactive, la solicitud de financiamiento por parte de las empresas será recurrente. En este contexto, es recomendable contar con asesoría fiscal para mitigar riesgos, como aquellos asociados a la limitante en la deducción de intereses.

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