Síntesis Legal 10/2021

Síntesis Legal 10/2021

Providencia N° 209 mediante la cual se dictan las normas sobre la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos aplicables a sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores.

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.115 de fecha 28 de abril de 2021 fue publicada la Providencia N° 209 de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), cuyo objeto es el establecimiento del marco normativo que unifica las políticas, mecanismos, instrumentos, medidas y procedimientos continuos y permanentes, que deben adoptar e implementar las personas naturales y jurídicas que participan en el mercado de valores venezolano, en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (conocido por sus acrónimos LC/FT/FPADM) así como otros ilícitos.

La citada Providencia deroga la Providencia N° 074 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.788 de fecha 26 de diciembre de 2019, sobre la misma materia.

En cuanto al objeto, sujetos obligados y alcance de la Providencia N° 209, es menester indicar lo siguiente:

  • Está dirigida a todas las personas naturales o jurídicas, que se encuentren sometidas al control de la SUNAVAL, así como a todos aquellos sujetos que de forma directa o indirecta participen en el mercado de valores.
  • Las normas son de obligatorio cumplimiento para los sujetos obligados designados por las normas o por la SUNAVAL, quienes deben diseñar, planificar, estructurar y ejecutar políticas y estrategias, así como implementar sistemas de gestión de riesgos conformados por procedimientos internos, medidas, mecanismos e instrumentos para administrar los riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos.
  • Los sujetos obligados por la norma están integrados por:  1- Personas cuyos valores sean objeto de oferta pública, 2.- Entidades de inversión colectiva, sociedades administradoras y las personas que intervengan directa o indirectamente en la oferta de los valores emitidos por esas entidades, 3- Corredores públicos de valores, sociedades de corretaje de valores y casas de bolsa, 4- Asesores de inversión, 5- Bolsas de Valores tradicionales y descentralizadas, 6- Corredores de bolsa, casas de bolsa y bolsas de productos e insumos agrícolas, 7- Cajas de valores 8- Agentes de traspaso, 9- Sociedades titularizadoras, 10- Cámaras de compensación de opciones, futuros y otros productos derivados, 11.- Sociedades calificadoras de riesgo, 12- Firmas de contadores públicos, autorizadas para dictaminar los estados financieros de los sujetos sometidos a la SUNAVAL, 13- Personas que directa o indirectamente participen en el mercado de valores tradicional o descentralizado, o cuyas leyes especiales las sometan al control de la SUNAVAL, 14- Personas jurídicas que la SUNAVAL califique como relacionadas a alguno de los sujetos regulados por ella.
  • Los sujetos obligados deben formular, adaptar, implementar y desarrollar un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) en materia de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, conforme a su estructura organizativa, sus inversores, participantes, negocios, proveedores, productos o servicios, volumen de operaciones, canales de distribución, tecnologías utilizadas, mercados y regiones donde operen, a los fines de orientar, identificar, evaluar, monitorear y administrar los riesgos que puedan permitir ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o desvío de fondos de cualquier naturaleza para actividades relacionadas con LC/FT/FPADM y otros ilícitos. El citado SIAR que implemente el sujeto obligado, debe contener como mínimo entre sus políticas las etapas aludidas en la norma.

En términos generales y comparativos, con la entrada en vigencia de la Providencia N° 209 se incorporan nuevos términos en las definiciones previstas en la normativa (artículo 4); se distinguen entre bolsas “tradicionales” y “descentralizadas” en los sujetos obligados (artículo 5); se incorporan en los elementos que forman parte del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) a las nuevas tecnologías, emisores, operaciones con derivados y canales de comercialización dentro de los factores de riesgo y segmentación (artículos 6, 9, 10, 11 y 12); se incorpora en la conformación del SIAR a los responsables de primera línea de contacto (artículo 15 y 28), se precisa el perfil y requisitos del oficial de cumplimiento, así como la ampliación de sus funciones y disposición sobre el lugar de trabajo (artículos 18 al 20).

Adicionalmente, la nueva Providencia modifica las características funcionales de la Unidad de Administración de Riesgos (UAR), disponiendo la forma como estaría conformada y las obligaciones que sus integrantes deben cumplir (artículos 23 al 25); así como modifica algunas disposiciones relativas al Plan Operativo Anual (POA) como resultado de las modificaciones en los factores de riesgo (artículo 29). En cuanto a las políticas utilizadas por los sujetos obligados para la administración de los riesgos relacionados con LC/FT/FPADM y otros ilícitos, se establecen requisitos específicos para la identificación del inversor (artículo 46), se incorporan políticas para conocer al participante de las plataformas tecnológicas de los mercados descentralizados de valores (artículos 54 al 57), y de conocimiento de los accionistas (artículos 58 y 59) y proveedores (artículo 60 al 62).

En el mismo orden de ideas, la nueva Providencia dispone un tratamiento específico de los datos de las personas políticamente expuestas (artículo 67); establece la obligación a los sujetos obligados de prestar especial atención a cualquier riesgo de los delitos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos que puedan derivar de productos u operaciones que favorecen el anonimato (artículo 70).

En relación con la auditoría al programa de cumplimiento, la Providencia N° 209 modifica lo estipulado en la norma anterior, indicando que será efectuada “por profesionales universitarios calificados en materia de cumplimiento, debidamente inscrito en el RUSO” (artículo 73), denominados en la norma como “tercero independiente calificado”, quien “deberá elaborar y ejecutar un programa anual de evaluación y supervisión”, además de reunir los requisitos y experiencia señalados en la norma (artículo 74). El informe anual preparado por el tercero independiente calificado y su presentación por el sujeto obligado ante la SUNAVAL, deberá cumplir con los requisitos y contenido establecidos en la norma, entre los cuales resalta el cumplimiento de estándares específicos aplicados a la materia (artículos 75 al 77).

En cuanto a las obligaciones generales que tienen los sujetos obligados, sin menoscabo de otras contempladas en el cuerpo normativo, se destacan las siguientes:

  • Los sujetos obligados deben diseñar y ejecutar un Plan Operativo Anual (POA) de administración de riesgos en materia de LC/FT/FPADM y otros ilícitos de conformidad con las disposiciones establecidas en las normas, en los manuales de los sujetos obligados y en correlación con los cambios que experimenten los factores de riesgos asociados a los inversores, participantes, proveedores, productos y servicios, zonas geográficas, canales de distribución o comercialización y nuevas tecnologías, según los resultados evidenciados en el seguimiento de la autoevaluación del SIAR en la etapa de supervisión y monitoreo. Dicho plan debe ser elaborado y aprobado durante el ultimo trimestre del año anterior a su ejecución y deberá ser consignado ante la SUNAVAL, dentro de los 15 días hábiles del año de su ejecución. La Providencia en comentarios dispone los elementos que debe contener el aludido POA.
  • Los sujetos obligados deben diseñar, financiar e implementar un programa anual de formación y capacitación para la administración de riesgos en materia de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, dirigido al personal ejecutivo, directivo, empleados y trabajadores y representantes autorizados según las responsabilidades y actividades que desempeñe cada grupo. La Providencia en comentarios establece que el programa anual de formación y capacitación debe contener los objetivos específicos, las estrategias de enseñanza, los mecanismos e instrumentos y métodos de evaluación a ser aplicados, así como las actividades indicadas en la norma. 
  • Los sujetos obligados deben adoptar un Código de Ética o de Conducta, de carácter general, que incluya los aspectos concernientes a la prevención y control de los riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, que sea aprobado por la junta directiva, de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todo el personal, y que se encuentre disponible para su revisión por parte de los funcionarios de la SUNAVAL durante las inspecciones.
  • Los sujetos obligados deben crear un Manual de Políticas, Normas y Procedimientos donde consoliden los mecanismos de gestión de riesgos adoptados, considerando sus características propias, su naturaleza jurídica y los diferentes productos y servicios que ofrezcan a sus inversores o participantes. En el proceso de creación del referido manual, deberán atender a los aspectos indicados en la Providencia en comentarios. Dicho manual deberá ser aprobado por la junta directiva y remitido en formato digital a la SUNAVAL, cuando sea elaborado por primera vez, o cuando el mismo sea actualizado.
  • Los sujetos obligados tienen la obligación de crear políticas para la administración de los riesgos relacionados con la LC/FT/FPADM, para conocer al inversor, participante, accionistas, empleados y proveedores.
  • Los sujetos obligados deberán reportar a la UNIF, la información de aquellas actividades que consideren sospechosas, vinculadas a delitos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, dicho reporte deberá realizarse dentro de los treinta (30) días consecutivos, posteriores a la fecha de realización de la operación. De no haber conocimiento de ninguna actividad sospechosa durante el lapso de un mes, los sujetos obligados deberán informar a la SUNAVAL, dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización de dicho termino.

Queda establecido en la Providencia N° 209 que para todos los asuntos no previstos, se aplicarán supletoriamente las disposiciones normativas que rigen la materia sobre los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (Disposición Final Segunda). 

Los sujetos obligados tienen un lapso de 60 días continuos para ajustarse a lo previsto en la Providencia N° 209, la cual entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Disposición Final Primera y Tercera).

Para ampliar la información sobre los cambios introducidos en la Providencia N° 209, se recomienda consultar el texto completo en la Gaceta Oficial.

© 2022 Ostos, Velázquez & Asociados, RIF: J-00256910-7. KPMG Escritorio Jurídico, RIF: J-30435724-9, sociedad civil venezolana de personas y miembro de la organización global de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Limited, una compañía inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Para más detalles sobre la estructura organizacional de KPMG a nivel global, ingresa a https://home.kpmg/governance.

 

Contáctenos

 

¿Desea hacer negocios con KPMG?

 

loading image Solicitud de propuesta de servicios