¿Qué nos dejó el 2021 desde el punto de vista normativo?

Material preparado por el Departamento de Asesoramiento

Como ya es tradicional para nosotros en esta época del año, compartimos con ustedes compendio con algunas de las principales normas aprobadas en el año que dejamos, así como algunos proyectos de ley interesantes que se encuentran a estudio del Parlamento.

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Novedades en materia comercial y civil

Sociedades por Acciones Simplificadas: eliminación del “squeeze out” o derecho de exclusión de un socio y nuevas reglas para la constitución y conversión

-          La Ley de SAS 19.820 establecía en su artículo 41 de la Ley de las SAS No. 19.820 el denominado ¨squeeze out” que consistía en que, siempre y cuando no haya una disposición del estatuto en contrario, los accionistas cuya participación en la sociedad no supere el 15% del capital integrado, podían ser excluidos sin ser necesaria la existencia de ¨justa causa¨ siempre que existiese resolución favorable de uno o más accionistas con al menos el 75% de las acciones.  El artículo 674 de la Ley de Presupuesto No. 19.924 publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2020, derogó esta posibilidad por lo que se vuelve al escenario en el que la exclusión solo se puede dar en casos de “justa causa” según lo previsto en Ley de Sociedades Comerciales No. 16.060 (LSC).

-          El 22 de junio de 2021, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nro.198/021 modificando aspectos en la constitución de las SAS.

Ingresado el estatuto social en el Registro Nacional de Comercio (RNC), la sociedad deberá concurrir ante la Dirección General Impositiva (DGI) con el número de presentación asignado y en un plazo de 30 días desde la aprobación del estatuto, a efectos de solicitar su inscripción en el Registro Único Tributario, al que ingresará con el término “en formación”. DGI remitirá electrónicamente en forma diaria los RUT al RNC y a la AIN.

El RNC remitirá de igual manera a aquellos organismos la nómina de SAS que hayan quedado inscriptas de forma definitiva.

Para el caso de conversión de empresa unipersonal a SAS la DGI asignará un nuevo número de RUT y la nueva sociedad contará con un plazo de 30 días desde la aprobación del estatuto social para su inscripción en dicho organismo. En caso de que se produzca la conversión de empresas unipersonales con transferencia total del giro, ello implicará el cierre del ejercicio económico de la empresa unipersonal.

Crowdfunding

La Ley de Promoción del Emprendedurismo No. 19.820, regula las plataformas de financiamiento colectivo, es decir la red de financiación colectiva por medio de la cual se procuran conseguir los fondos necesarios para iniciar un emprendimiento o financiar un proyecto determinado.

Mediante circulares, N° 2377 de 28 de diciembre de 2020 y N° 2382 de 28 de enero de 2021, el Banco Central del Uruguay reglamentó a las Empresas Administradoras de Plataformas de Financiamiento Colectivo, incluyendo en la oferta pública de valores la comunicación para la adquisición, venta o canje de valores que se realicen en el ámbito de una plataforma de financiamiento colectivo e indicando los requisitos que deben tener los emisores habilitando a empresas residentes y no residentes, con ventas anuales que no superen el equivalente a 75:000.000 UI excluido el IVA, en cada uno de los dos ejercicios económicos.

Modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales No. 16.060

La Ley de Presupuesto Nacional No. 19.924 también introdujo modificaciones a la LSC.

Dentro de las modificaciones más relevantes cabe destacar la modificación del art.340 de la Ley mediante el cual se establece la posibilidad de que las asambleas de accionistas sean celebradas de forma virtual, total o parcialmente, en tanto se pueda brindar certezas de la identidad de los participantes dando un plazo de 30 días siguientes a la celebración para proceder a la firma del acta respectiva.

Asimismo, se modifica el art. 348 de la Ley para el caso de sociedades cerradas pudiendo comparecer los accionistas que representen el 100% del capital en asamblea sin necesidad de realizar convocatoria previa.

En relación con el quorum necesario para sesionar el órgano de administración, se modificó el art. 386 de la Ley de Sociedades estableciendo que lo hará con mayoría absoluta de integrantes.

Cabe señalar que el 22 de junio de 2021 se presentó ante el Poder Ejecutivo un anteproyecto que propone modificar parcialmente la Ley Nro. 16.060 incluyendo ajustes en un volumen importante de artículos a efectos de acoger soluciones más ajustadas a la evolución teórico-práctica que se ha dado a lo largo de estos más de 30 años de vigencia de la ley. Algunos de los principales cambios propuestos son los siguientes: a) simplificación del régimen de constitución y control de las Sociedades Anónimas; b) elimina la Sociedad Anónima por acciones al portador; c) consagra la posibilidad de pactar en los estatutos que los conflictos se resolverán mediante arbitraje; d) permite que las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada, desde el comienzo, estén integradas por una sola persona; e) jerarquiza la autonomía de la voluntad permitiendo que los socios o accionistas en el estatuto, se aparten de una diversidad de derechos que antes correspondían por el sólo mandato legal.

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)

El 14 de julio de 2021 se aprobó por la Cámara de Representantes una ley que regula las sociedades denominadas BIC que son aquellas que independientemente de su objeto comercial, buscan generar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad llevando a cabo acciones concretas para cumplir con dichos fines.

Las sociedades comerciales, SAS o Fideicomisos que deseen operar como BIC deberán prever en su estatuto o contrato que, además de su actividad económica, tendrán este especial propósito y agregar a su denominación la sigla BIC.

En el caso de sociedades comerciales ya existentes que deseen adoptar este régimen BIC, se dispara para los socios el derecho de receso (retirarse de la sociedad) si no están de acuerdo con este cambio estructural siempre que hayan votado en contra o en blanco, que se abstuvieron o no asistieron a la asamblea que resuelva el cambio de objeto.

A los efectos del control y transparencia en la gestión, se prevé que los administradores y fiduciarios deban formular dentro del plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio un reporte anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo para concretar los especiales fines previstos en el estatuto o en el contrato de fideicomiso, debiendo incorporarlo en la memoria anual.

El reporte anual será de acceso público y deberá presentarse dentro del plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio de la sociedad ante la autoridad que establezca la reglamentación.

Ley General de Derecho Internacional Privado

El 17 de marzo de 2021 entró en vigor la Ley General de Derecho Internacional Privado No. 19.920 derogando el ¨Apéndice¨ del Código Civil (arts. 2393 a 2404).

Específicamente en lo relativo a la regulación de los contratos internacionales, la nueva ley les permite a las partes, como regla, elegir la ley aplicable al contrato y el juez competente para el caso de conflicto.

El acuerdo de partes sobre la ley aplicable debe de ser expreso o desprenderse de forma inequívoca de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto, y puede ser hecha o modificada en todo momento.

Sin perjuicio, el art.50 de la Ley establece que en algunos contratos las partes están vedadas de elegir la ley y el juez que resolverá sus controversias.

Para el caso que las partes no optaran expresamente por una determinada legislación para que rija el contrato, será aplicable la ley del lugar de cumplimiento del contrato interpretada de acuerdo a el art.48 de la Ley General de Derecho Internacional Público.

Banco Central del Uruguay

-          En abril del 2021 la Superintendencia de servicios financieros del BCU emitió una resolución pronunciándose sobre la imposibilidad de los bancos de devolver sumas de dinero transferidas a una cuenta bancaria equivocada. Como consecuencia, en casos donde el titular de la cuenta que recibió erróneamente el dinero transferido no devuelve voluntariamente los fondos, se debe asistir a la justicia ordinaria ejerciendo una acción de enriquecimiento sin causa.

-          El 7 de junio de 2021 el BCU emitió el Comunicado Nro.2021/0105 estableciendo que las Instituciones de Intermediación Financiera y las Administradoras de Créditos de Mayores Activos deberán comunicar al BCU ciertos eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información ocurridos o detectados a partir del 1/7/2021.

-          El 1 de octubre de 2021 el BCU emitió un comunicado dando recomendaciones sobre la operativa con activos virtuales (ej. Criptomonedas).El BCU recomienda a la población recurrir a información confiable, clara y completa sobre los instrumentos a utilizar, conocer la operativa, y ser precavido en relación con los proveedores del servicio y de las contrapartes involucradas en la operación, así como cuidar las claves, evaluar si los proveedores de estos servicios se encuentran sujetos a regulación y control en su país de origen, a efectos de minimizar riesgos. Asimismo, el pasado 27 de diciembre, el BCU difundió el Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay preparado por un grupo de trabajo sobre activos virtuales (GTAV) e invitando a los interesados en la temática a contribuir con retroalimentación por escrito sobre preguntas incluidas en cada apartado del referido Marco.

Validez de documentos electrónicos extranjeros y renovación de cédulas de identidad

El 9 de noviembre de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Rendición de Cuentas Nro. 19.996 correspondiente al ejercicio 2020 introduciendo diversas modificaciones normativas. Por ejemplo, se previó que se considerará válido todo documento electrónico emitido por una entidad pública extranjera o por escribano o notario en el soporte notarial correspondiente al país de origen, siempre que: (i) contenga firmas electrónicas válidas de acuerdo con el régimen legal vigente en Uruguay, y (ii) haya sido debidamente legalizado o apostillado. Las copias de dichos documentos electrónicos realizadas en soporte papel serán auténticas siempre que su impresión incluya un código generador electrónico u otro sistema de verificación que permita corroborar su autenticidad con el documento original mediante el acceso a la plataforma electrónica correspondiente.

En relación con las cédulas de identidad nacionales se previó que hasta los 18 años deberá de renovarse cada 6 años, desde los 18 hasta los 68 años será válida por diez años y desde los 68 años en adelante será permanente.

Novedades en materia laboral

Las principales normas en materia laboral aprobadas durante el año fueron:

Horas pagas por vacunación Covid-19

En el mes de abril, se aprobó la Ley N° 19.947 que dispuso que todo trabajador público o privado al cual le haya sido asignado agenda por el Ministerio de Salud Pública para vacunarse contra el Covid-19 dentro de su horario laboral gozará de la prerrogativa a no concurrir a su trabajo por un período máximo de cuatro horas; dichas horas serán abonadas como trabajadas y se considerarán a todos los efectos como tales. Posteriormente, por Decreto 294/021 se dispone que el derecho se aplica a todas las dosis de la vacunas contra el Covid-19 que deban ser aplicadas a la población en el futuro.

Día libre para donantes de sangre recuperados del Covid-19.

Por Ley N° 19.950, promulgada el 23 de abril de 2021, se concedió a los trabajadores de la actividad pública y privada que hayan contraído COVID y deseen ser donantes de sangre, un día libre para realizar dicha donación con el objetivo de incentivar y facilitar la donación quienes hayan cursado la enfermedad ya que su plasma puede ser de gran ayuda en la recuperación de pacientes que estén cursando la enfermedad.

Regulación del Teletrabajo

Se aprobó la Ley N°19.978 que regula la modalidad especial de teletrabajo, haciendo aplicable a esta relación parte de la normativa laboral vigente y estipulando disposiciones particulares que resultan aplicables a todos los empleadores privados o de derecho público no estatal salvo a las empresas usuarias de Zona Franca. Entre las estipulaciones principales se encuentra: flexibilización de la jornada de trabajo, derecho a la desconexión, obligación de contrato por escrito, regulación sobre herramientas de trabajo, entre otras.

Posteriormente, el pasado 26 de octubre fue aprobado en el Parlamento el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020 regulando dentro de sus disposiciones una modificación a la Ley de Zonas Francas Nro. 15.921, mediante la cual se dispone que los usuarios de zonas francas podrán celebrar acuerdos con sus trabajadores dependientes para implementar la modalidad de teletrabajo desde su domicilio particular situado en territorio nacional. Expresamente se dispone que el Poder Ejecutivo deberá establecer las condiciones y límites para la celebración de dichos acuerdos, por lo que se deberá esperar a la reglamentación para conocer los detalles.

Ley de promoción de empleo

El día 13 de agosto de 2021, se promulgó la Ley N° 19.973 que regula políticas de promoción de empleo dirigidas a jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad y que contiene además normas especiales de protección a las mujeres en el ámbito laboral. La normativa establece una serie de incentivos a los empleadores que hagan uso de estas modalidades especiales de contratación. 

Ratificación del Convenio Internacional del Trabajo N° 190

El 25 de junio de 2021 entró en vigencia el Convenio Internacional de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nro. 190, que regula la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo siendo Uruguay el primer país en ratificar el referido convenio mediante la Ley Nro. 19.849. En el mismo, se establecen una serie de obligaciones a las empresas a fin de prevenir el acoso en el ámbito laboral y los medios de solución de conflictos. 

Servicios de salud y prevención en el trabajo

El 13 de mayo de 2014, el Decreto N° 127/2014 estableció las disposiciones mínimas para la implementación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, previendo un plazo de cinco años para que todas las ramas de actividad se adaptasen a la normativa. En 2019, el Poder Ejecutivo aprobó modificaciones a dicho decreto otorgándose una prórroga de 18 meses, a partir de su entrada en vigencia, para que las empresas instrumentaran la obligatoriedad de las medidas. En el mes de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en acuerdo con el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT), acordaron postergar la obligatoriedad para empresas que tengan entre 50 y 150 trabajadores, las cuales tendrán dicha obligación partir del 1 de mayo de 2022, pudiendo contar con un servicio externo y de forma trimestral. 

Constancia de enfermedad de trabajadores

La ya mencionada Ley de Rendición de cuentas, dispuso en su artículo 342 algunos cambios respecto a la acreditación de enfermedad por parte de trabajadores dependientes afiliados al Banco de Previsión Social. La norma dispone que la única fuente válida para acreditar la enfermedad del trabajador es la generada en la Historia Clínica Electrónica Nacional de su prestador de la salud, por la cobertura que le provea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La información debe de ser comunicada al BPS y éste comunicará a cada empleador, en forma directa y reservada, de la situación del trabajador, no pudiendo brindar información sobre la patología que lo afecta, sino únicamente sobre el tiempo estimado de reintegro a su trabajo.

Ley “Federica”

El pasado 24 de noviembre se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 20.000, conocida como “Ley Federica”, que modifica ciertos artículos de la Ley Nro. 19.161 relativos al subsidio por maternidad, subsidio parental para cuidados y licencia por paternidad. Específicamente, se amplían los tiempos de subsidios para padres de bebes prematuros, nacimientos complejos y partos múltiples.

¿Qué se nos viene para 2022?

En este apartado mencionaremos los principales proyectos o anteproyectos de ley que se encuentran en análisis del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo y pudieran resultar aprobados en el 2022.

  • Proyecto de ley ajustando la Ley de Títulos Valores (presentado el 23 de febrero de 2021): Se propone ajustar varias normas del Decreto-Ley N°14.701 para recoger soluciones a problemas que se han suscitado en la práctica fruto de algunas normas cuyo tenor deja dudas o carece de solución concreta (por ejemplo, el artículo 36 sobre pago de cheques emitidos por personas físicas o jurídicas declaradas en concurso)
  • Proyecto de ley cheque electrónico (presentado por el Poder Ejecutivo el 21 de abril de 2021): Se establece que el cheque electrónico nace, circula y se cancela de forma electrónica, y que la firma del librador será electrónica. A los efectos de su eficacia en el proyecto se propone modificar el Decreto Ley Nro. 14.412 y disposiciones del Código General del Proceso relativas a los procesos ejecutivos cambiarios.
  • Proyecto de ley de promoción de la contratación digital y a distancia (presentado el 8 de junio de 2021): se adoptan normas tendientes a afianzar las bases de la contratación a distancia y diferentes medidas relacionadas con la firma digital tendientes a su promoción.
  • Proyecto de ley sobre personería jurídica para sindicatos gremiales de empleadores y trabajadores (presentado el 2 de agosto de 2021): Este proyecto presentado por el MTSS al Parlamento y que ya cuenta con media sanción desde el mes de diciembre de 2021, prevé la posibilidad de que los sindicatos, sea de empleadores o de trabajadores, obtengan personería jurídica a través de su inscripción en un Registro de Organizaciones de Trabajadores y Empleadores que funcionará en la órbita del MTSS. Actualmente, para obtener personería los sindicatos deben constituirse bajo la forma de asociación civil y realizar un trámite no tan sencillo ni eficiente desde el punto de vista de los tiempos involucrados, ante el Ministerio de Educación y Cultura. Si bien no será obligatorio, si conveniente ya que además de los efectos civiles de cualquier persona jurídica como ser titular de derechos y obligaciones y comparecer en juicio se agrega para los sindicatos de trabajadores que sin el registro no se podrá ejercer el derecho a que el empleador retenga la cuota sindical y la vuelque en la cuenta bancaria de la organización.
  • Dos proyectos de ley sobre criptoactivos: El primero de los proyectos presentado el 3 de agosto de 2021 por el Senador Sartori, busca regularlas operaciones de producción y comercialización de activos virtuales que realicen personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o mixtas, con domicilio en el país. El segundo proyecto presentado el 6 de octubre de 2021 por la Senadora Carmen Sanguinetti y el Senador Pablo Lanz, propone que, en tanto el fenómeno de los criptoactivos y su implicancia en la economía digital ha tenido un incremento significativo a nivel mundial, el BCU regule las criptomonedas y los criptotokens, pudiendo las primeras ser aceptadas como medio de pago por las partes de un contrato privado.
  • Proyecto de ley que aprueba la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en materia civil o comercial, suscrita en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 2 de julio de 2019. El proyecto remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 24 de setiembre de 2021, señala que ¨el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, dictadas por tribunales nacionales, se convierte en una alternativa viable al arbitraje comercial internacional, muchas veces costoso y complejo para emprendimientos de pequeño y mediano porte, y brinda en cualquier caso un marco de certeza jurídica para la realización de inversiones, elemento que sería especialmente importante en el marco de negociaciones comerciales con bloques o países extra región¨.
  • Proyecto de ley sobre mediación (presentado el 3 de noviembre de 2021): se procura aprobar una ley general de mediación que permita que un tercero preste asistencia a partes en conflicto para que lleguen a un acuerdo. De ser aprobado, resultaría aplicable a organismos públicos e instituciones privadas. Podrá ser mediador cualquier persona física o jurídica con formación básica y específica que esté inscripto en un Registro especial que llevará el MEC.

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