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¿Qué herramientas jurídicas tienen las empresas frente a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago?

¿Qué herramientas jurídicas tienen las empresas fren...

Dentro de las alternativas e instrumentos jurídicos disponibles, una herramienta que no ha sido de gran utilización pero que tiene potencialidad es el Acuerdo Privado de Reorganización

Autora

giovanna lorenzi

Gerente Senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal

KPMG Uruguay

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En el actual contexto global, regional y local derivado del problema sanitario que originó el COVID-19, la suspensión de la actividad normal de las empresas o la imposibilidad de colocar sus productos y/o servicios durante un importante lapso, aparejarán seguramente dificultades financieras.

Si bien es cierto que, en forma cíclica, son recurrentes las crisis y parte de una buena administración supone mantener reservas para apalancar imprevistos, la gravedad de la presente situación y la no visualización de una fecha cierta de finalización, tanto de la crisis como de sus efectos, hace necesario agudizar el ingenio y diseñar medidas y planes estratégicos que contribuyan a superar las dificultades.

Más allá de las medidas gubernamentales de asistencia financiera a los empresarios que ya han sido aprobadas en materia laboral (seguro de paro especial y adelantamiento de licencia anual), en materia tributaria (con prórroga de vencimiento de impuestos nacionales y departamentales) y en materia de  otorgamiento de líneas de créditos “blandas” por parte del BROU, harán falta sin duda, medidas en relación al cumplimiento de obligaciones contractuales, tanto de índole comercial como civil.

En efecto, será clave para superar con éxito este período adverso, instrumentar mecanismos que permitan tanto a nivel civil como comercial superar los problemas financieros.

En este contexto, y más allá de otras medidas legales adicionales que puedan adoptarse por parte del gobierno, es fundamental que los empresarios realicen un análisis diligente de sus compromisos contractuales evaluando, respecto de cada contrato vigente, el impacto de su incumplimiento a causa de los efectos del COVID-19, los que variarán en función de la prestación puntual de que se trate (entrega de un producto, prestación de un servicio o directamente el pago por un bien o un servicio ya recibido de un tercero).

Cuando a raíz del COVID-19, externalidad imprevisible para la empresa, deba suspender sus actividades normales con la consecuente detención en el flujo de ingresos e imposibilidad de cumplimiento a sus obligaciones de pago en las fechas de vencimiento previstos, será momento de, habiendo ya revisado cada contrato y sus vencimientos, renegociar las condiciones con cada uno de sus clientes y/o proveedores.

Sin perjuicio de las renegociaciones individuales, cabe hacer notar que, dentro de las alternativas e instrumentos jurídicos disponibles, una herramienta que no ha sido de gran utilización en nuestro país pero que tiene la potencialidad de serlo, por los beneficios que en tiempos de iliquidez conlleva, es el Acuerdo Privado de Reorganización (en adelante APR) previsto en los artículos 214 y siguientes de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial N° 18.387.

El APR implica, necesariamente, negociar un acuerdo simultáneo con todos los acreedores de un deudor para una reestructuración global de la deuda, pudiendo incluirse esperas, quitas, refinanciación de deuda o cualquier otro contenido lícito que las partes entiendan aplicable al caso concreto.

Se trata de un mecanismo ideal para situaciones de empresas que cuentan con patrimonio suficiente para pagar sus deudas, pero tienen dificultades de liquidez que les impide cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Este Acuerdo les permite, por ejemplo, obtener un plazo prudencial para pagar sus deudas o, eventualmente, si así se concierta, plazo para vender activos puntuales con el fin de destinarlos a pagar el pasivo, sin necesidad de ingresar en un proceso concursal. Dicho proceso sería mucho más costoso y lento, tanto para el deudor como para sus acreedores.

Sin dudas, el APR permite al deudor una acción mucho más eficiente desde el punto de vista de los tiempos y los costos ya que puede diseñarse a medida de las necesidades del deudor e implementarse fuera del Juzgado, si se cumple con algunos requerimientos formales mínimos.

El instrumento permite en forma rápida, no sólo considerar las necesidades del deudor en función del flujo de fondos futuro, sino también contemplar los intereses de los acreedores los que no necesariamente tienen porque ver disminuidos sus créditos, pudiendo consistir este acuerdo o bien en una refinanciación o bien en una mera espera, sea para retomar los pagos o para liquidar en forma privada algún activo puntual que permita al deudor cubrir sus deudas, sin tener que mal vender sus bienes o que terminen en un remate fruto de ejecuciones forzadas.

En un contexto financiero difícil, con un Poder Judicial en feria sanitaria y seguramente con muchísimos asuntos que atender una vez que se reinstale la actividad normal, entendemos que el APR se presenta como un excelente instrumento al cual echar mano con buena fe, en pos de defender las unidades productivas y de reconstruir la cadena de pagos.

Existe otra herramienta que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, también en la Ley 18.387, aplicable cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia (imposibilidad de cumplir con las obligaciones): que se solicite al Juez, en forma temprana, la declaración de su Concurso, el que podrá finalizar, o bien con un convenio con los acreedores o bien en la liquidación de los activos que tenga la empresa y posterior pago a los acreedores con el producido de esos bienes, en un orden de prelación previsto específicamente.

Debe tenerse presente que, en el marco de los procesos concursales, hay una batería de efectos (suspensión de intereses, imposibilidad del inicio de nuevos procesos jurisdiccionales y ejecuciones hipotecarias y prendarias por un lapso de 120 días) que operan por mera declaración judicial del Concurso, sin que los acreedores del deudor puedan evitarlo.

Tanto si se opta por acudir a la negociación de un APR o por solicitar que se declare el concurso de acreedores, es fundamental abordar estos procesos de reestructura de pasivos en forma temprana, instrumentando los actos jurídicos involucrados con la celeridad y precisión que la situación amerita, de modo de mitigar lo más que se pueda los daños y mantener, en la medida de lo posible, la unidad productiva en marcha. 

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