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Principales cambios normativos que nos deja el 2019

¿Cuáles son los principales cambios normativos que nos deja el año 2019?

A continuación, como cada año, presentamos un repaso sobre algunos de los cambios normativos que consideramos más significativos del pasado año y que afectan tanto a empresarios como a trabajadores.

Novedades en materia laboral

Las principales normas en materia laboral aprobadas durante el año fueron:

Reglamentación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en BPS

En marzo de 2019 se promulgó el Decreto N° 77/2019, reglamentario de la Ley N° 19.690 a través de la cual se creó un Fondo de Garantía de Créditos Laborales, con la finalidad de cubrir aquellas contingencias generadas por la insolvencia del empleador. El Decreto reglamentario entre otros aspectos establece el campo de aplicación de la prestación que se otorga ante la insolvencia del empleador, el procedimiento de cobro de la prestación y aclara que la contribución especial de seguridad social que financia el Fondo es de carácter patronal.

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo

En mayo de 2019 se promulgó el Decreto N° 126/019 que prorrogó el plazo para la implementación de Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo dispuesto por el Decreto N° 127/014, para las empresas que tengan entre 5 a 300 trabajadores y dispuso la obligatoriedad de la implementación de servicios de prevención y salud en el trabajo en las empresas e instituciones con más de 300 trabajadores.

Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo en Industria Frigorífica y Metalúrgica

También en mayo de este año se promulgó el Decreto N° 127/019 que dispone la obligatoriedad de la implementación de los servicios de prevención y salud en el trabajo en las condiciones establecidas en el Decreto N° 127/2014, para las empresas comprendidas en el grupo N° 2 Industria Frigorífica, Subgrupo N° 01 Industria Frigorífica y Subgrupo N° 02 Industria de Chacinado, y en el grupo N° 8, Industria de productos metálicos, maquinaria y equipo, mantenimiento de maquinarias, equipos e instalaciones en empresas, de acuerdo a la clasificación realizada en el marco de lo dispuesto por la ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009.

Categorización de Micro y Pequeña empresa

En junio de 2019 se promulgó el Decreto N°153/019 por el cual se establece que la categorización de un contribuyente como micro o pequeña empresa a efectos de lo previsto en el artículo 9 de la Ley N° 17.963 (Régimen de facilidades de pago – BPS) se determinará en función del promedio mensual de personal ocupado durante el período comprendido desde el 1° de mayo al 30 de abril del año correspondiente, según el límite cuantitativo que se establece en el propio decreto para cada una de las categorías: microempresas - las que ocupan no más de cuatro personas, incluidos sus titulares; pequeñas empresas – las que ocupan no más de diecinueve personas, incluidos sus titulares.

Nuevo régimen para personal dependiente en depósitos portuarios y extraportuarios

En agosto se promulgó la Ley N° 19.787 que establece que las empresas que giran como operadores y terminales portuarias, depósitos portuarios y extraportuarios (Grupo N°13 de Consejos de Salarios, Subgrupo N°10), deberán asegurar a todos sus trabajadores un régimen de convocatorias garantizadas para trabajar, bajo la condición de que exista una operativa de buques en la empresa. 

Habilitación a solicitar antecedentes penales por parte de ciertas instituciones, previo a la contratación

En agosto de este año se promulgó la Ley N° 19.791 que establece la obligación, para toda institución pública o privada perteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, de solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica que expidan un certificado informando si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales, en cualquier calidad, por alguno de los delitos mencionados en la propia Ley, entre los que se destacan: violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, corrupción, reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, unión matrimonial o concubinaria forzada o servil, prostitución forzada, delitos consagrados en la Ley N°17.815 (violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces).  

Aportación a la seguridad social del personal de taxímetros

En octubre se promulgó el Decreto N° 311/019 que derogó el artículo 35 del Decreto N° 113/996 que establecía los sueldos mínimos y básicos de aportación del personal de taxímetros y en su lugar se dispuso que la aportación de seguridad social por la actividad desarrollada por este personal se efectuará sobre las remuneraciones realmente percibidas por los mismos.

Sistema Nacional de Formación Profesional

En diciembre se promulgó un Decreto aun sin numerar, por el cual se crea el Sistema Nacional de Formación Profesional como el ámbito interinstitucional y tripartito de articulación de las Políticas Públicas en materia de formación profesional, tendiente a favorecer y potenciar el vínculo entre el mundo del trabajo y de la educación, y a promover su complementariedad. 

Novedades en materia comercial y civil

En materia comercial y civil los cambios normativos fueron los siguientes:

Sociedades por Acciones Simplificadas o SAS

En el marco de la aprobación de la Ley de emprendedurismo se crearon las Sociedades por Acciones Simplificadas. Este nuevo tipo social es una novedad para nuestro país ya que permite a los accionistas de estas sociedades tomar las riendas de su propia sociedad aportando un marco más flexible que el de las sociedades contenidas en la Ley 16.060 y dejando a la voluntad de las partes las decisiones sustanciales sobre el contrato social.

Una de las grandes novedades de este tipo social es la posibilidad de crearlas vía web haciendo uso de firma certificada.

Con fecha 23 de diciembre se reglamentó esta ley, lo que permitirá la implementación y puesta en marcha de este nuevo vehículo societario.

Crowdfunding

La Ley 19.820 de 27 de setiembre del corriente año hace una referencia a las plataformas web de financiamiento colectivo, agiornando al Uruguay al resto de los países del mundo que ya regulan estas plataformas, definiéndolas como “(…) mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores reservados a emisiones de monto reducido.” Ésta norma a su vez da nueva redacción a la Ley de Mercado de valores (Ley 18.627) estableciendo el control de estas plataformas y librando su regulación a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. 

Modificaciones a la Ley 18.159 de Defensa de la Competencia

Con fecha 2 de octubre de 2019 se publicó la Ley 19.833 que modifica la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 18.159). Dentro de las modificaciones la Ley establece las prácticas prohibidas y expresamente prohibidas concertadas entre competidores que se entiende pueden lesionar la libre competencia. A ello se suma la obligación de la solicitud de autorización para la concentración económica que deberá solicitada a La Comisión de Promoción y Defensa de la competencia para su examen previo a la fecha de perfeccionamiento del acto.  

Nueva normativa sobre responsabilidad por defectos de construcción

La Ley N°19.726 de 21 de diciembre de 2018 modificó el artículo 1844 del Código Civil uruguayo y derogó los artículos 35 y 36 de la Ley N°1.816 referidos a la responsabilidad por vicios en la construcción.

Con la nueva redacción del artículo 1844 se modifican ciertos aspectos relativos a la responsabilidad, tipos de vicios por los cuales se responde, plazo para accionar, prescripción de la acción; manteniéndose otros aspectos incambiados.

Hacemos notar que respecto de los defectos o vicios estructurales de la construcción que afecten la estabilidad o solidez del edificio o todos aquellos que generen la ruina total o parcial de la construcción sigue rigiendo la responsabilidad decenal, es decir que los agentes de la construcción responderán por el plazo de 10 años contados desde la recepción de la obra.

Sin embargo, por todos los demás vicios que no afecten la estabilidad o solidez del edificio (a excepción de vicios menores de terminación o acabado) la responsabilidad se redujo al plazo de 5 años.

Por su parte por vicios menores de terminación o acabado la responsabilidad del agente se extiende por el plazo de 2 años desde la recepción de la obra.

Otro de los cambios introducidos tiene que ver con la prescripción de la acción, en el régimen anterior, la acción prescribía a los 20 años desde que aparecía el vicio o defecto. Con la nueva redacción, la acción prescribe a los 4 años desde que se manifieste el vicio o defecto.

La disposición comentada mantiene su carácter de orden público, en este aspecto no hubo modificaciones, los particulares no pueden apartarse de la normativa legal por acuerdo entre las partes.

Por último, cabe mencionar que el nuevo régimen es aplicable a los contratos de construcción que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia de la comentada Ley, es decir, no tiene efecto retroactivo. 

Novedades tributarias

A continuación, listamos las principales innovaciones normativas y jurisprudenciales en materia tributaria que nos deja el año 2019:

Software

La reglamentación efectuó ajustes en materia de deducción de gastos y amortizaciones para el IRAE.

Por medio del Decreto N° 96/019 se realizaron algunas precisiones, en sede del IRAE, respecto a las modificaciones introducidas por las Leyes N° 19.535 y N° 19.637 en lo que respecta a la actividad de producción de soportes lógicos y servicios asociados. Se flexibilizó la aplicación de la regla candado agregando una excepción al principio general de deducción de gastos: cuando un prestador local de servicios vinculados al software esté exonerado del IRAE será deducible como gasto el 60% de lo facturado. La excepción incluye: i) los servicios de desarrollo de soportes lógicos para terceros no registrados por el desarrollador, incluyendo la investigación, innovación, análisis, diseño, construcción, homologación, adecuación y personalización (GAPs) y parametrización, y ii) los servicios vinculados a soportes lógicos desarrollados por el prestador o por terceros referentes a: implementación en el cliente, integración, soporte técnico, actualización y corrección de versiones, mantenimiento correctivo y evolutivo, conversión y migración de datos, pruebas y certificación de calidad, riesgo informático, seguridad y capacitación, en este último caso bajo ciertas condiciones. Dicho beneficio rige para los ejercicios iniciados a partir del 1º/1/ 2018. Por otra parte, el decreto también estableció que la amortización del software adquirido por el contribuyente de IRAE a partir del 1°/1/2018 estará sometida al régimen general de deducción de gastos lo que, en aplicación de la regla candado, implica limitar su deducción al porcentaje en que la renta obtenida por el proveedor está gravada por IRAE.

Servicios globales

Con el objetivo de reactivar la inversión en determinados sectores de la economía, el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en el mes de setiembre un conjunto de medidas entre las cuales se encontraba la denominada como “Servicios Globales”. La misma fue reglamentada por el Decreto N° 281/019 que, en reconocimiento de la importancia que tienen ciertas actividades de prestación de servicios en la creación de valor y empleo, otorgó nuevos beneficios tributarios al amparo del Capítulo III de la Ley de Inversiones N° 16.906. En efecto, declaró promovidas las actividades de prestación de los siguientes servicios: Asesoramiento, dirección o administración, procesamiento de datos, centros de datos y de recuperación de datos, gestión comercial de plataformas de pagos, de juegos y de ventas de bienes y servicios, administración financiera y soporte de operaciones de investigación y desarrollo. Ahora bien, para quedar comprendido en la declaratoria promocional la reglamentación estableció ciertos requisitos para el prestador de los servicios que tienen como objetivo fomentar la descentralización de estas actividades así como la generación de empleo. De verificarlas, las franquicias fiscales previstas incluyen: (i) Exoneración del 90% del IRAE sobre las rentas originadas en las actividades promovidas, siempre que para cada ejercicio el cociente entre gastos de remuneraciones por servicios personales en relación de dependencia prestados en el lugar fijo designado por la empresa, y el total de los gastos de remuneraciones por servicios en relación de dependencia y fuera de ella, supere el 60% - el plazo de la exoneración dependerá de la generación de empleo asociada -  y (ii) Exoneración de IP a los activos afectados a la actividad promovida, a partir del ejercicio en que se solicita la inclusión en el régimen y hasta la finalización del período de la exoneración dispuesta para el IRAE. Asimismo, estos activos se considerarán activos gravados a efectos del cómputo de pasivos en la liquidación del impuesto, lo que implica una exoneración efectiva.

Gestión integral de residuos

Por medio de la Ley N° 19.829 de Gestión Integral de Residuos se procedió a gravar con IMESI la primera enajenación a cualquier título, y la afectación al uso propio, realizadas por los fabricantes e importadores de ciertos bienes de naturaleza descartable. A tales efectos la Ley estableció dos categorías de bienes: (i) Envases (excepto los incluidos en la siguiente categoría) y (ii) Otros bienes listados específicamente (por ejemplo: bandejas y cajas descartables, film plástico, vasos y platos descartables, bolsas plásticas, entre otros). Para los envases, el impuesto se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física enajenada, cuyo valor máximo será de 10 UI por kilogramo. En el caso de los bienes de la segunda categoría, la Ley establece tasas máximas para el gravamen de cada uno de ellos, las cuales deberán ser aplicadas sobre el precio de venta sin impuestos del fabricante o importador. Sin perjuicio de lo anterior, la reglamentación de esta Ley traerá elementos significativos a considerar para ponderar su impacto tales como: fijar las alícuotas aplicables para los distintos tipos de bienes (considerando el tipo de material, volumen, peso, factibilidad de reciclado y la significancia del impacto ambiental asociado a la disposición final), fijar las condiciones por las que se otorgará un crédito fiscal a los fabricantes o importadores de bienes que utilicen para su comercialización envases retornables y el eventual otorgamiento de crédito fiscal a las entidades que implementen sistemas de recolección o reciclaje que sean certificados por la DINAMA.

Precios de transferencia

(i)          Informe país por país: DGI reguló condiciones para su presentación.

Por medio de la Resolución N° 94/019, DGI exoneró de la presentación del informe a las entidades locales cuando el mismo deba ser presentado por otra entidad del grupo multinacional ante un Estado con el cual nuestro país tenga vigente un acuerdo o convenio internacional de intercambio de información con autoridades competentes de estados extranjeros, y dicho informe pueda ser efectivamente intercambiado con la DGI. A tales efectos deberá considerarse la red de acuerdos de intercambio del informe País por País vigente para Uruguay, de acuerdo a una lista disponible en el portal informativo de la DGI. Si la DGI comprueba que el referido informe no pudo ser efectivamente intercambiado, a pesar de la existencia de un acuerdo, notificará tal situación al contribuyente del IRAE para que dé cumplimiento a la obligación de presentarlo. Por otra parte, aun cuando no se esté obligado a presentar el informe, los contribuyentes de IRAE que integren un Grupo Multinacional de Gran Dimensión Económica (GMGDE) están obligados a informar anualmente a la DGI: (i) la entidad que presentará el Informe País por País en nombre del GMGDE, (ii) la entidad controlante final del GMGDE y (iii) las entidades del GMGDE en el país. Esta información deberá remitirse a la DGI en forma previa al cierre de ejercicio del GMGDE.

 

(ii)         Sentencia TCA 456/019: Aplicación del régimen de precios de transferencia entre contribuyentes de IRAE.

En un fallo sin precedentes, el TCA entendió que las operaciones realizadas entre una sociedad constituida en el país y una sucursal de una entidad del exterior vinculados, ambos sujetos pasivos del IRAE, quedaban sujetas al régimen de precios de transferencia (PT), en tanto, más allá de constituir establecimiento permanente en Uruguay, la sucursal mantiene su carácter de entidad no residente. La posición de la DGI, compartida por el TCA en la sentencia de referencia, parte de una interpretación literal de la normativa del IRAE haciendo extensivo el régimen de PT también a operaciones domésticas. Tener presente que, en la medida que dicho régimen no prevé que un ajuste en más de los ingresos de un contribuyente genere una deducción equivalente para su contraparte, esto derivaría en una situación de doble imposición.

Residencia fiscal

La perspectiva del TCA frente al concepto de “ausencias esporádicas”.

Recordemos que, a los efectos de configurar residencia fiscal en Uruguay, entre otras posibles hipótesis, una persona física deberá permanecer más de 183 días durante el año civil, en territorio uruguayo. Sin perjuicio de ello, la reglamentación estableció que las ausencias del territorio uruguayo serán consideradas esporádicas (y por tanto computables a efectos del mencionado plazo) en la medida que no excedan los treinta días corridos. Ahora bien, respecto a su aplicación el Tribunal señaló que éstas: “deberán ser ausencias ocasionales, eventuales, en definitiva "esporádicas", a fin de mantener coherencia y razonabilidad en el asunto. Resulta claro que, el criterio de permanencia física por más de 183 días en el país no puede abarcar situaciones donde la permanencia se transforma en excepción, y las ausencias "esporádicas" pierden la calidad de tales al constituirse en la regla.” En el caso de referencia, por efecto del cómputo de las ausencias esporádicas el contribuyente habría alcanzado 228 días de permanencia en Uruguay cuando, en realidad, sus días de permanencia efectiva habían totalizado sólo 76 días. Ante tal situación, el TCA se plantea y concluye “¿es razonable considerar residente uruguayo a una persona física que se encuentra efectivamente en nuestro país solamente 76 días al año, esto es, un poco más de 2 meses y medio? A juicio del Tribunal, esta pregunta se responde por la negativa”.

Trabajo colectivo preparado por profesionales del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG.