La ley Anticorrupción del Peru, la Ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 / D.L 1385 y la ley 30835, regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por corrupción, el delito de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, tráfico de influencias y colusión. Hoy en día distintos países están realizando reformas a su normativa interna con la finalidad de incorporar un sistema que responsabilice a las personas jurídicas, de modo que no solo se sancione penalmente a los sujetos individuales que laboran en las empresas (directivos, gerentes, línea operativa), sino también a la empresa, de acuerdo con la envergadura del delito cometido.

En KPMG ayudamos en lo siguiente:

• Afrontar el reto de desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con corrupción u otro riesgo de cumplimiento.
• Implementar un modelo de prevención según lo requerido por el Reglamento de la ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 y 30835, tomando en consideración como mínimo los siguientes elementos:
  • Política de anticorrupción y código de conducta.
  • La identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
  • Capacitación sobre el modelo de prevención para el personal y para el encargado.
  • Implementación de procesos de denuncia.
  • Controles financieros y no financieros en las áreas de riesgo de los delitos alcance de la ley.
  • Otros controles preventivos.
  • Data & analytics para identificar situaciones inusuales tales como; transferencias entre cuentas, amenazas de fraudes, colusión, prácticas no adecuadas y transacciones significativas sin aprobaciones adecuadas.