Con el aumento en el riesgo de fraude y los cambios en las estructuras de negocios, las organizaciones deben asegurarse que sus programas antifraude sigan siendo efectivos durante los próximos años. La dinámica empresarial es muy desafiante y los riesgos de fraude son muy “silenciosos”. En un reporte de Benchmark publicado en diciembre de 2020 y titulado “Fraud in the wake of COVID 19”, se menciona que el 41% de las empresas encuestadas planean aumentar el presupuesto para su lucha contra el fraude.

El reforzamiento del código de conducta, capacitaciones asertivas, rediseño de los programas antifraude son una necesidad y deben tomarse en consideración con carácter de urgencia, aún para aquellas empresas que cuentan con un ambiente sólido en su control interno.

En este sentido, las empresas deben prepararse para mayores inversiones en tecnología antifraude y en la contratación de talentos relacionados con experticia forense.

Prevenir, detectar e investigar el fraude se ha vuelto más difícil a raíz del COVID-19, debido a las condiciones que se ejecutan las actividades laborales y a las brechas tecnológicas. Los programas antifraudes deben ser diseñados con el fin de demostrar transparencia en estos tiempos de crisis. La adecuada gestión de los programas antifraude es evidencia y materializada de la intención corporativa de prevenir el fraude y de examinar su control interno contantemente. Por lo tanto, la implementación y examinación de controles antifraudes en áreas de negocios críticas es el propósito de los programas antifraudes en estos momentos.

Razón por la cual creemos que los programas antifraude presentan los siguientes factores de éxitos:

1. Concientización en todos los niveles en una empresa para la lucha contra el fraude
2. Actualización de los riesgos de fraude que reflejen un panorama real, asertivo, ágil y ajustado a las exigencias de los negocios y sus desafíos en relación con la trasparencia y la reputación empresarial
3. Adecuada inversión en el diseño de programas antifraudes
4. Sensibilización en los desafíos que resulta la ejecución de tareas para prevenir, detectar e investigar fraude.

En el Perú, entre otras iniciativas de prevención al fraude, se cuenta con la Ley 30424 y sus modificatorias y la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001 2017.

Ley 30424 y sus modificatorias “regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal” y abarca “a las personas jurídicas como las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta”. También indican que toda empresa jurídica estaría exenta de responsabilidad administrativa si se implementa un modelo de prevención que se adecue a las exigencias de esta ley y que sea consistente en sus procedimientos de seguimiento, monitoreo y medidas disciplinarias en caso de aplicar. En este contexto, la figura del oficial de cumplimiento, la identificación de riesgos y controles que mitiguen potenciales alertas de delito de cohecho activo, un sistema de denuncia robusto y una revisión periódica del modelo de prevención que mitiga el riesgo de cohecho transnacional, recogen lo mínimo necesario que se necesita para el cumplimiento de la ley. No obstante, la trasparencia empresarial es un trabajo de 24 horas al día del período económico de toda empresa sujeta a esta ley.

Adicionalmente, la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001 2017 es una adopción de la versión en inglés de la Norma Internacional ISO 37001-2016 relacionada con el sistema de gestión antisoborno y sus requerimientos para su uso. En esta norma se menciona que “las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno y esto se puede lograr a través de un sistema de gestión antisoborno…” Es importante acotar que esta norma considera diferentes tipos de sobornos: 1) en los sectores públicos, privados y sin fines de lucro, 2) por parte del personal de una organización, 3) por parte de socios de negocios, 4) de la organización, 5) ofrecido o aceptado por o a través de un tercero.

Ambas iniciativas enfatizan y promueven la compresión de las necesidades de negocios, el tamaño de una organización, su modelo de tres líneas y la identificación de riesgos y controles para determinar el alcance del modelo de prevención de fraude adecuado y en plena consistencia con las leyes peruanas. Sin embargo, la evaluación del riesgo de fraude debe ser evaluada constantemente bien sea por cambios en el entorno de negocio, actividades y estructura de una organización o cualquier evento negativo que comprometa la continuidad de negocio, o sea, crisis.

En resumen, la prevención de fraude y sus factores de éxitos ayudan a los altos ejecutivos de una organización a promover una cultura de trasparencia y actuar con el ejemplo ya que el liderazgo y el compromiso ético deben ser inquebrantables.