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Por: José Félix Magaña, Director de Asesoría de KPMG en Panamá

América Latina viene de un 2019 donde no experimentó crecimiento económico y pasa a un 2020 que, según proyecciones pre-COVID del Banco Interamericano de Desarrollo, se esperaba una recuperación baja del 1.6% y 2.3% para 2021. A raíz de la pandemia, el panorama cambió radicalmente y ahora se espera una contracción, que de acuerdo con modelos que han analizado el impacto por el lado de la demanda, prevén una contracción en rangos que van desde el 2% hasta un 4.5%.

El decrecimiento generalizado que se está alcanzando a razón de la interrupción organizada en la actividad económica, poco tiene que ver con ciclos económicos estándar, por lo que, dado el impacto en la oferta, cualquier proyección tendrá un amplio margen de error, precisamente por la incertidumbre de como progresará la crisis y por cuanto tiempo.

Los impactos en Latinoamérica serán diferentes para cada país, con resultados distintos dependiendo de sus relaciones comerciales y la estructura de su economía, si son exportadores de materia prima, como la mayoría de Suramérica, o si dependen de exportaciones de bienes terminados y servicios, como en el caso de Centroamérica y el Caribe.

Independiente del resultado, y actuando en conservación de la vida humana y natural, la realidad es que los países deben cuidar el balance entre las medidas sanitarias y el costo económico, por ello, es importante tener la habilidad de hacer una apropiada transición entre tomar decisiones exclusivas de contención, como las cuarentenas, cierres de empresas, ayudas directas al ciudadano y evitar una crisis financiera, a decisiones con visión de mediano y largo plazo, que contribuyan a una recuperación más rápida y sostenida de la economía.

Por la naturaleza de la crisis actual, el efecto económico de suprimir el contagio del virus no tiene conexión con procesos económicos cíclicos, y eso es lo que distingue este fenómeno de una recesión común. Estos efectos pueden ser mejor comparados con aquellos que producen grandes catástrofes naturales o guerras. Tomando como ejemplo el caso de El Salvador, donde la primera mitad de los años noventa estuvo marcada tanto por el final de 12 años de guerra civil (1992) como por un crecimiento económico promedio del 6%, uno de los quinquenios de mayor crecimiento en los últimos 30 años en ese país, impulsado fuertemente por inversiones en infraestructura vial, industrial, energía y telecomunicaciones. En ese mismo quinquenio, sucede un fenómeno similar en Panamá, cuando luego de que en 1988-1989 la economía se contrajese 13.4%, rebota para promediar 6.82%, principalmente por la fuerte entrada de capitales y el crecimiento de la construcción.

Considerando lo expuesto anteriormente, conviene evaluar la pandemia también como un desafío que debe enfrentarse con visión de mediano y largo plazo, adaptándose a esa nueva realidad fomentada por la enfermedad. Dicha nueva realidad ha dejado al descubierto dos aspectos económicos importantes, la economía digital y la disrupción de las cadenas de valor.

Los esfuerzos de confinamiento y distanciamiento social empleados por los gobiernos para permitir que sus sistemas de salud absorban la enfermedad, crearon la necesidad de transferir las sociedades del contacto físico al contacto virtual, y eso generó un efecto económico positivo en algunas industrias y devastó otras, sólo basta observar el comportamiento de las acciones de la plataforma de videoconferencias ZOOM, cuya valoración creció más de 220% desde febrero, y la acción de American Airlines, la cual ha perdido más del 60% de su valor en el mismo período.

Apple y otras compañías anticiparon que no van a poder cumplir con sus entregas este mes porque simplemente las partes no les llegan. Resulta que muchos de estos componentes se encuentran concentrados geográficamente, y en pocos suplidores, y de momento no hay alternativas. Estos componentes vienen, en su mayoría de China, quien no produce la materia prima para fabricarlos y tampoco le está llegando de los países productores, con lo cual se complica la ecuación de producción. Esta crisis de proveeduría pone en la palestra el shock de oferta, es decir, al interrumpirse la cadena de valor, las empresas no venden no por ausencia de demanda, sino porque no tienen listos los productos terminados para venta.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de Panamá, esa visión de mediano y largo plazo podría resumirse en un plan de inversión en infraestructura que tenga tres destinos y cuya implementación podría ser de manera secuencial.

  1. El primer componente consiste en acelerar la inversión en aquellos proyectos que están en su fase de construcción, entre estos se encuentran proyectos de agua y saneamiento, carreteras, salud y transporte. Esta fase hace énfasis en lo inmediato, permitiendo generar empleo rápido, inyectando dinero en la economía y anticipando el beneficio de dichas inversiones.

  2. El segundo componente hace énfasis en la implementación de grandes proyectos de infraestructura que ya tienen un grado de avance importante en su formulación, y donde muchos de estos están en fase de definir su financiamiento para ser implementados, en este rubro se encuentran proyectos en los sectores de energía, transporte y logística.

  3. El tercer componente implica un replanteamiento de la composición de la economía y busca aprovechar la nueva realidad que la sociedad enfrenta post COVID-19, es decir, el fuerte crecimiento de la economía digital y la reconstrucción de las cadenas de valor. Es innegable el aporte que la economía digital ha dado a los países durante esta pandemia, desde las vías de comunicación y colaboración digital hasta la impresión 3D, por lo tanto, invertir en mayor y mejor infraestructura de conectividad, banda ancha y aplicaciones que faciliten y soporten un mundo más conectado, generará ventajas comparativas y dotará a la economía de nuevos rubros de crecimiento. La disrupción de las cadenas de valor presenta una oportunidad para aquellos países con proximidad geográfica a los grandes mercados, sin embargo, solo aquellos capaces de dotarse de infraestructura resiliente, que permita dar mayor certeza a la cadena de valor, son los que mejor aprovecharán los espacios que se han generado, con el consecuente crecimiento y diversificación de la economía.
     

El deterioro fiscal que esta crisis está, y seguirá, provocando obliga a acelerar los procesos de inversión con participación del sector privado, es necesario tener un buen programa de generación de proyectos donde el financiamiento se estructure a partir de reglas de asocio público privado. Bajo dichas reglas es importante tener en cuenta dos factores, el primero tiene que ver con habilitar nuevas estructuras de APP, que incorporen contribuciones de capital inicial, mejoren la administración y control de contratos haciéndolos más flexibles y mejores, y mayor diversidad en los mecanismos de apoyo multilateral, entre otros. El segundo factor tiene que ver con facilitar un marco normativo en el que se provean las flexibilidades que permitan a la Banca local y otros inversionistas institucionales locales, un rol más protagónico en el financiamiento de este tipo de proyectos.

Publicado en el Semanario "Capital Financiero", edición del mes de mayo de 2020. 

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