Regulación sobre el Reporte País por País - KPMG Panamá
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Regulación sobre el Reporte País por País

Regulación sobre el Reporte País por País

El Reporte País por País mejor conocido como Country-by- Country Report (“CbCR”), se origina a partir de la Acción 13 del Plan desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) titulado Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”), esta acción está contemplada dentro de los cuatro estándares mínimos de dicho plan, por lo que forma parte del Marco Inclusivo al cual Panamá se comprometió adoptar.

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Jesus Alonso Campa

Director

KPMG en Panamá

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Adicionalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (“MAC” por sus siglas en inglés), la Dirección General de Ingresos (“DGI”), en su calidad de Autoridad Competente, suscribió el día 24 de enero de 2019, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio del Reporte País por País, el cual define los estándares internacionales para que las autoridades competentes intercambien automáticamente este reporte.

En cumplimiento con el intercambio del reporte mencionado anteriormente, Panamá ha desarrollado una regulación relacionada a la presentación de dicho reporte, mediante la cual, la DGI tendrá acceso a información relevante sobre cada una de las entidades que integran al Grupo Multinacional, independientemente de la jurisdicción en que se localicen. En dicho reporte se desglosarán elementos importantes de carácter financiero, fiscal y funcional, mismos que no representan desviaciones significativas con respecto a lo que la OCDE sugiere dentro del plan de acción 13 de BEPS.

A través de la Gaceta Oficial No. 28782-A del lunes 27 de mayo de 2019, se publicó el Decreto Ejecutivo No. 46 de 27 de mayo de 2019 por el cual se establece el marco regulatorio del Reporte País por País. En este sentido, la obligación de presentar anualmente el Reporte País por País le competerá a la denominada Casa Matriz Última de aquellos Grupos Multinacionales cuyos ingresos consolidados, en un período fiscal, sean superiores a 750,000,000 millones de euros o su equivalente en balboas a la tasa de cambio a enero 2015 y que resida para efectos fiscales en Panamá. En adelante, esta será la “Entidad Informante”. 

En este decreto, se definen los términos como Convenio, Casa Matriz Última, Entidad Informante, Entidad Integrante o Perteneciente a un Grupo, Estados Financieros Consolidados, Grupo, Grupo Multinacional Excluido, Período Fiscal, Período fiscal Reportado.

El concepto de Casa Matriz Última comprende a una entidad perteneciente a un grupo multinacional (i) que posea directa o indirectamente un interés suficiente en una o más de las Entidades Integrantes encargada de preparar los Estados Financieros Consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en su jurisdicción de residencia fiscal; es decir esta será una casa matriz que consolide los resultados de sus empresas integrantes; o (ii) que le serían requeridos si su participación accionaria se negociara en un mercado de valores en su jurisdicción de residencia fiscal; en otras palabras una empresa que cotice en la bolsa de valores y que no exista otra entidad integrante que pertenezca al grupo multinacional.

Es importante mencionar que estas empresas deberán cumplir con la presentación de este reporte a partir del período 2018 y dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de cierre del periodo fiscal; en formato “XML Schema” siguiendo las regulaciones, guías y portal informático que definirá la DGI.

Cabe señalar, que dentro de la información que solicita el Reporte País por País incluye la cantidad de ingresos que se obtienen de empresas relacionadas y no relacionadas, la utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta pagado, impuestos devengados; capital declarado, utilidades acumuladas, número de empleados y activos tangibles que no sean en efectivo, así como la naturaleza de la actividad principal o actividades del grupo multinacional. 

Además, en este decreto se contempla que las subsidiarias que pertenezcan al grupo que residan para efectos fiscales en Panamá, deberán presentar una notificación ante la DGI indicando la identidad, residencia fiscal de la Entidad Informante, así como el período fiscal que aplica el Grupo Multinacional. Se desconocen aún los medios, formatos, plazos y condiciones para presentar dichas notificaciones, ya que el Decreto hace mención a que dicha información será establecida por la DGI.
Por otro lado, para garantizar la confidencialidad de la información el decreto dispone que la Autoridad Fiscal no podrá hacer uso de la información contenida en el Reporte País por País para la determinación de ajustes de precios de transferencia. La DGI está facultada para utilizar esta información solo para realizar evaluaciones de riesgos de precios de transferencia, análisis económicos y estadísticos.

El incumplimiento de las obligaciones del decreto se sancionará de acuerdo al artículo 756 del Código Fiscal que establece que las personas jurídicas que la Autoridad Fiscal les requiera la presentación de informes o documentos de cualquier índole y no los rinda o presente dentro del plazo razonable, serán sancionadas con una multa de Mil Balboas (B/.1,000.00) a Cinco Mil balboas (B/.5,000.00, la primera vez, y con multas de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) a Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) en caso de reincidencia.  

Además, la Administración Provincial de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del establecimiento por dos (2) días, la primera vez, y hasta diez (10) días en caso de reincidencia. En caso de persistir el incumplimiento, se establecerá la sanción de clausura por quince (15) días del establecimiento de que se trate.

Como información de beneficio para el cumplimiento de otros temas relacionados, les recordamos que el término para la presentación del Informe 930 de Precios de Transferencia en cual se reportan las operaciones realizadas con partes relacionadas de aquellas compañías cuyo cierre fiscal fue el 31 de diciembre de 2018, vence el 30 de junio del presente año.

La falta de presentación del informe será sancionada con multa equivalente al 1% del monto total de las operaciones con partes relacionadas. Para el cómputo de la multa, la Autoridad Fiscal considerará el monto bruto de las operaciones independientemente de que éstas comprendan los ingresos, costos o deducciones del contribuyente. Esta multa no podrá exceder de un millón de dólares (US$.1, 000,000.00).

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