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¿Empresas o individuos? ¿Sobre quién recae la responsabilidad ante el fraude y la corrupción?

Responsabilidad de las personas jurídicas

Arículo de opinión

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Federico García

Socio de Risk Advisory Solutions

KPMG in Costa Rica

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“Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” es el nombre de la Ley N° 9699 que entró en vigencia el 11 de junio de 2019, que le atribuye la carga penal a la empresa aun cuando el perpetrador no haya podido ser individualizado, su causa haya sido sobreseída, extinta o cuando no se haya podido establecer la participación del individuo.

Entre las principales infracciones que regula esta ley se encuentran malversación de activos, tráfico de influencias, soborno, evasión fiscal, fraude en función administrativa, corrupción agravada y otros delitos contemplados en el Código Penal y que se estipulan en la Ley Nº 8422 “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”.

¿A quién afecta?

Esta ley será aplicable a las personas jurídicas de derecho privado costarricense o extranjero, domiciliado, residente o con operaciones en el país; así como a las empresas públicas estatales, no estatales y las instituciones autónomas vinculadas con relaciones comerciales internacionales.

También, aplica a personas jurídicas o de hecho que operen mediante la figura de fideicomiso, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, fundaciones o asociaciones de carácter no mercantil que tengan capacidad de actuar y asumir la responsabilidad de sus actos.

En el caso de una persona jurídica extranjera que tenga en Costa Rica una agencia, filial, sucursal o realizara algún tipo de contrato o negocio (solo respecto de los actos o contratos celebrados por ellas), las empresas matrices serán igualmente responsables cuando una de sus subordinadas, o una empresa bajo su control directo o indirecto, incurra en alguna de las conductas enunciadas.

Sanciones

Las empresas se exponen a multas que van desde 1.000 hasta 10.000 salarios base (aproximadamente ¢450.200.000 a ¢4.502.000.000); y en pequeñas y medianas empresas, de 30 a 200 salarios base (aproximadamente de ¢13.506.000 a ¢90.040.00); además de la cancelación parcial o total de su permiso de funcionamiento, su disolución y limitación para participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

La Ley establece como medida atenuante de la multa hasta un 40% de rebajo cuando concurran algunas situaciones enumeradas por esta normativa, entre ellas: que se demuestre que la compañía contaba con un modelo de prevención, detección y respuesta al riesgo de soborno y corrupción antes de la comisión del delito.

¿De qué trata el modelo?

Asimismo, dicha Ley menciona algunos aspectos mínimos y obligatorios que debe contener el modelo, a parte de la autonomía que debe tener el encargado de velar por su funcionamiento.

·       Nuestra experiencia y lo recomendado por nuestra Firma a nivel internacional, nos dice que un programa antisoborno y corrupción debe, al menos, contener los siguientes aspectos:

·       Metodologías para la identificación y evaluación de riesgos,

·       Procesos de debida diligencia para funcionarios y proveedores,

·       Políticas específicas de antifraude,

·       Código de ética y de conducta,

·       Políticas para el manejo de líneas de denuncia e investigaciones con protocolos de remediación,

·       Programas de comunicación y capacitación,

·       Procedimientos y herramientas para análisis de datos,

·       Indicadores de riesgos,

·       Actividades de monitoreo que incluyan pruebas a los controles, entre otros.

Un vistazo a la realidad

Un estudio reciente efectuado por KPMG en Costa Rica en conjunto con el INCAE, en el que se entrevistó a más de 1.000 ejecutivos de América Latina y el Caribe, reveló que más de la mitad de las empresas cuenta con códigos de conducta, auditoría interna y auditoría de estados financieros; sin embargo, más de un 70% no dispone de políticas específicas antifraude, no hace evaluaciones de riesgo de fraude y carece de planes de capacitación relacionados.

En aras de atender las nuevas responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley N° 9699, es recomendable que toda empresa, especialmente si tiene relaciones comerciales con el Gobierno, se prepare para crear y darle seguimiento a un modelo integral de gestión del riesgo de soborno y corrupción.

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