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Sobre el Reglamento de Información Financiera (RIF) aplicable a las entidades financieras

Sobre el Reglamento de Información Financiera (RIF)

Arículo de opinión

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Federico García

Socio de Risk Advisory Solutions

KPMG in Costa Rica

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A partir de enero de 2020, entró en vigencia el nuevo Reglamento de Información Financiera (RIF) aplicable a las entidades supervisadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

Con el cambio del Reglamento, se adopta parcialmente la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 “Instrumentos Financieros” en lo que respecta a la clasificación y medición de los instrumentos financieros y la determinación del deterioro para la cartera de inversiones; y se adopta en su totalidad la NIIF 16 “Arrendamientos”, que requiere del registro de un pasivo financiero por los contratos de arrendamiento de la entidad y un activo por derecho en uso de los activos subyacentes a la fecha de adopción.

En cuanto a la clasificación de los instrumentos financieros se debe considerar: i) la realización de pruebas para determinar si los instrumentos financieros cumplen con la definición de Solo Pago de Principal e Intereses (SPPI) (es decir que tienen fechas de pago de principal e intereses definidas claramente), y ii) la determinación del modelo de negocio de la entidad para la gestión de sus instrumentos financieros. Con base en estos dos aspectos, las entidades definen qué clasificación dar a sus instrumentos financieros entre: mantenidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en patrimonio y al valor razonable con cambios en resultados.

Asimismo, la NIIF 9 requiere una estimación del deterioro de sus activos financieros al costo amortizado y al valor razonable con cambios en el patrimonio, basada en un modelo de pérdida esperada (el RIF no contempla cambios en la estimación por deterioro de la cartera de crédito de las entidades supervisadas por SUGEF, que se continúan realizando bajo lo requerido por el Acuerdo SUGEF 1-05).

Este modelo obliga a las entidades a determinar las probabilidades de incumplimiento de las contrapartes durante la vida del contrato (o en un año, si no ha habido un incremento significativo en su riesgo crediticio) y la pérdida en un eventual incumplimiento.

En cuanto a la NIIF 16, el cálculo del activo y el pasivo por arrendamiento se realiza descontando los pagos proyectados durante el plazo que se estima controlar el activo arrendado a la tasa de interés implícita del arrendamiento o a la tasa de financiamiento que la entidad podría obtener para financiar un activo parecido, en un plazo similar y en la misma moneda del arrendamiento.

El pasivo financiero generará un gasto por intereses durante el plazo estimado del arrendamiento y el activo por derecho en uso (que es un activo no financiero) un gasto por depreciación. Lo anterior tendrá un impacto en los resultados del año, la posición en moneda extranjera de las entidades, sus calces de plazos, índices de suficiencia patrimonial, márgenes de intermediación, entre otros.

Tras adoptar el RIF, 45 entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras reportaron sus primeros saldos contables. De un análisis de las cifras reportadas se desprende lo siguiente*:

  • 8 entidades no reportan del todo inversiones en la clasificación de “costo amortizado”.
  • 21 entidades solo reportan al “costo amortizado” sus inversiones restringidas.
  • En promedio solo el 21% del total de las inversiones fueron reportadas al costo amortizado.
  • Las estimaciones por deterioro de las inversiones oscilan entre 0,01% y un 5,01%. La media es de 0,24%. Un total de 20 entidades no reportaron estimación por deterioro de sus inversiones.
  • Al aplicar la NIIF 16, las entidades registran activos por derecho en uso por aproximadamente ¢299 mil millones de colones, que representa el 0,89% de los activos totales.
  • De las 26 entidades que registran activos por derecho de uso por alquiler de edificios, en 9 no se observó el registro de la depreciación acumulada a enero de 2020.
  • De las entidades que reportaron depreciación de los edificios arrendados en dicho mes, se infiere que los plazos de depreciación oscilan entre 4 y 180 meses, con un promedio de 22,5 meses.
  • Los pasivos financieros por arrendamientos ascienden a ¢240 mil millones de colones, de los cuales el 79% son en dólares (aproximadamente US$329 millones).

La adopción de estas nuevas normas contables representa grandes retos para el sector financiero por los cambios en los procesos, sistemas, estimados y juicios que pueden incidir en las cifras reportadas y en los indicadores financieros.

Por lo tanto, es indispensable que la implementación vaya acompañada de políticas robustas, metodologías bien documentadas y aprobadas por el gobierno de las entidades, garantizando que cumplan la normativa contable.

Los primeros datos reportados revelan que al proceso de cambio le queda camino por recorrer. En este tema, el 2020 es un año de desafíos para las entidades, los reguladores, los auditores y los usuarios de la información financiera.

*Fuente: www.sugef.fi.cr

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