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Más empresas deben implementar procesos contra el lavado de activos

Empresas a implementar procesos contra lavado de activo

Hasta el 31 de mayo tienen plazo las empresas para implementar SAGRILAFT

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KPMG in Colombia

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Procesos contra el lavado de activos
  • El objetivo es luchar contra dineros ilícitos procedentes de la corrupción, contrabando y hasta trata de personas.

Bogotá, febrero de 2021. Quedan apenas cuatro meses para que las nuevas empresas cobijadas bajo el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Sagrilaft), lo implementen. Esto obedece a la actualización de los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades, efectuada el 24 de diciembre de 2020, en la cual se enfatiza en que  quienes no cumplan las medidas pueden ser objeto de millonarias sanciones.  

Vale la pena destacar que, en el país, el lavado de activos ha estado históricamente asociado al narcotráfico, eso hizo que la normatividad se orientara por mucho tiempo a evitar que los dineros producto de la comercialización de las drogas ingresaran a la economía. Ahora, en los últimos 20 años este concepto ha ido evolucionando a nivel internacional y local, donde abarca una lucha contra otros delitos como la corrupción, contrabando y trata personas, para ser exactos, en Colombia se tipifican 63 delitos por el código penal referentes al asunto.

Al respecto, Andrés Eduardo Jiménez, nuevo socio de Forensic en KPMG de Advisory, quien -además- trabajó en la Fiscalía General de la Nación investigando este tipo de crímenes, indicó: “Antes el riesgo se asociaba al sector financiero, en la actualidad se extendió a las empresas del sector real. Con el ajuste realizado en diciembre se busca que más compañías implementen el modelo Sagrilaft, ahora aquellas que tengan ingresos o activos superiores a 35 mil millones de pesos a cierre de 2020 deben hacerlo. De igual manera, aquellas que tengan actividad económica en el sector inmobiliario; comercialicen piedras y metales preciosos; que presten servicios jurídicos; servicios contables; construcción de edificios y obras de ingeniería civil; y que posean activos o ingresos mayores a 26 mil millones de pesos, estarán cobijadas”.

Jiménez, agregó que esto impone grandes desafíos que deben  ser superados: primero por el componente de tiempo, ya que se tienen que  abarcar varias actividades en cuestión de meses, se debe capacitar a los colaboradores para brindarles una oferta tecnológica que les permita cumplir con la regulación, pero que también los haga entender riesgos propios de las organizaciones para las que laboran, eso les dará la capacidad de prevención, evitando que los negocios sean utilizados para ocultar dineros provenientes de los delitos.

Asimismo, la pandemia trae consigo algunas complicaciones logísticas que obliga a tomar acciones de manera remota, para algunas empresas eso significa una misión más compleja para llevar a cabo procesos virtuales, además de las necesidades de documentar e implementar la tecnología adecuada. Allí es donde KPMG puede ser un aliado para cumplir con la implementación de las políticas y el sistema de prevención. La consultoría permite que los empresarios conozcan sus procesos y, así, detecten los riegos para segmentarlos.

Una advertencia debe ser oportuna y rápida, en el mundo de los negocios todo se mueve rápido y, a veces, cuando se advierte de una irregularidad puede ser tarde, es decir, para estos casos, significa que el dinero entró a una organización y se materializó el riesgo, lo que lleva a graves consecuencias de las que muchas compañías no se recuperan.  

En esa línea, es cuando gana relevancia la capacitación al talento humano, cualquier funcionario debe estar en la capacidad de reportar operaciones sospechosas y advertir a su superior o área encargada de dar respuesta a este tipo de peligros, que no son fáciles de detectar porque casi siempre se manejan grandes cantidades de datos e información, lo que hace indispensable que se cuente con soluciones tecnológicas que den una asistencia a los colaboradores para procesarlos.   

La vía “fácil” y la adecuada

Jiménez, quiso recalcar que los líderes empresariales usan dos opciones cuando se trata de hacer la implementación: “Hay compañías que hacen desarrollos simplemente por cumplir, entonces ponen lo mínimo y contratan a alguien para que elaboren políticas que cumplan con unos requerimientos y ya, pero eso no reduce realmente los riesgos y tienen bastantes posibilidades que las autoridades las sancionen o se materialice un delito por vía de sus empresas. Por otro lado, están esas entidades que sí se asesoran y buscan la mejor forma de evitar un lavado de activos, desean detectar los riesgos y entienden que un caso de estos puede acabar con la organización”.

Un cambio necesario

La actualización de los lineamientos de las Superintendencia de Sociedades en materia de lavado de activos viene de unas recomendaciones globales del Grupo de Acciones Financiera Internacional con sede en París, es la institución que determina recomendaciones para que los países prevengan, investiguen y judicialicen el tema de lavado, además realizan evaluaciones cada cinco años. A finales de 2018, el reporte del análisis hecho a Colombia solicitó adecuar la normatividad para mejorar en el tema.

Sanciones

Quienes no tengan implementado el sistema para finales de mayo, podrían recibir sanciones de hasta 500 millones de pesos, además de tener que soportar el impacto reputacional a consecuencia de una multa de este tipo, es relevante aclarar que ese tipo de multas es para esas empresas no tienen el modelo Sagrilaft funcionando, ya que de comprobarse el ingreso de dineros ilícitos es motivo de otro tipo de acciones legales por parte de las autoridades como la Superintendencia de Sociedades.  

© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

 

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