Regulaciones Nacionales

Sicopro SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo.  Corte Suprema de Justicia de la Nación. 23/8/2022

 

La Cámara confirmó la sentencia del TFN que, a su turno, había aplicado la liberación prevista en el art. 9º de la ley 26.860 respecto de los tributos reclamados en las resoluciones de la DGI -AFIP- (DV RRLP) 315/14 y 316/14 que determinaron de oficio los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias - salidas no documentadas- de la actora por los períodos fiscales 1/2008 a 12/2010 y 1/2008 a 12/2009, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios, y le aplicaron una multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683.

 

El Fisco interpone recurso extraordinario, sostiene que el beneficio únicamente se circunscribe al Impuesto a las Ganancias que el contribuyente debió calcular e ingresar sobre su propia renta neta imponible, pues considera que sólo en este supuesto pudo obtenerse un capital oculto susceptible de posterior exteriorización.

 

La CSJN confirma la sentencia, ya que la ley no distingue si se trata del impuesto originado en “salidas no documentadas” o en otro concepto.  Entonces, tal capital oculto puede originarse en la omisión de pago del Impuesto a las Ganancias adeudado tanto por su propia renta neta imponible, cuanto por lo debido en concepto de “salidas no documentadas”. Es que, por ambas vías, el contribuyente declara un Impuesto a las Ganancias menor al realmente adeudado y obtiene así un capital que permanece oculto al Fisco y cuya exteriorización el régimen de la ley 26.860 procura.

 

San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos” Corte Suprema de Justicia de la Nación. 23/8/2022

 

La Provincia de San Luis promovió acción declarativa contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de todas las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional que hayan establecido derechos de exportación a partir del 1° de enero de 2002. También solicitó que se condene al Estado Nacional al pago de una suma de dinero por la diferencia entre lo que percibió y la cantidad que hubiese percibido en concepto de coparticipación federal de impuestos, de no haberse fijado derechos de exportación.

 

La CSJN rechazó la demanda al considerar que la provincia no posee legitimación procesal por no haber demostrado tener un interés concreto en el dictado de un pronunciamiento judicial y que de la prueba producida no surge que el daño alegado haya sido demostrado fehacientemente como era menester.

 

También tuvo en cuenta que el consultor técnico de la actora describió un escenario meramente conjetural relativo a la cuestión contrafáctica e hipotética acerca de qué podría haber ocurrido si no hubieran existido los derechos de exportación, insuficiente para demostrar el perjuicio alegado por la Provincia, máxime cuando sus conclusiones fueron refutadas por el informe del consultor técnico del Estado Nacional demandado.

 

Goitia, Jorge Alberto c/ AFIP s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad. Juzgado Federal de Corrientes 1. 8/8/2022

 

El juez declara la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular, de la Ley Nº 27.605 (y la normativa reglamentaria) que exige el pago del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, por resultar violatoria de las siguientes garantías y principios constitucionales: derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad (tutelados por los artículos 4, 14, 17, 33 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional), principio de razonabilidad contenido en el artículo 28 de la CN; y principio de capacidad contributiva, contenido en los artículos 4, 16, 17, 28 y 33 de la CN.

 

Entiende que, si bien el legislador denomina la figura jurídica como “aporte”, lo cierto es que la figura legal instaurada constituye un nuevo y adicional Impuesto Nacional sobre todos los bienes existentes al 18/12/2020 de personas humanas y sucesiones indivisas, cuyo valor total exceda los $ 200.000.000. Si se tratara de un aporte solidario, el mismo no debería ser de aplicación compulsiva, sino que debería quedar librado al deseo de cada contribuyente en particular, decidir libremente si desea o no concretar dicho aporte. 

 

De las pruebas producidas surge que las rentas totales del actor durante el año fiscal 2020 ascenderían estimativamente a la suma de $50.850.915,32 por lo que el aporte solidario de la Ley 27.605 absorbería aproximadamente el 73% de los ingresos de la parte actora del año 2020.

 

El porcentaje del resultado gravado y exento que sería absorbido por el Aporte Solidario Extraordinario, sumado al impuesto sobre los Bienes Personales del período 2020 sería del 96% de la renta total del actor durante el año fiscal 2020. Por lo tanto, en el caso concreto la aplicación al caso particular de la Ley 27.605 resulta manifiestamente inconstitucional porque se configura un supuesto de confiscatoriedad, ya que se produciría una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta del accionante.

 

Ceva de Argentina SRL c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal.  Sala IV. 8/2022

 

La AFIP-DGI había rechazado el reclamo de repetición promovido por TNT Logistics Argentina S.A. (actualmente, Ceva de Argentina S.R.L.) a fin de obtener la devolución de $1.115.359,28 y el reconocimiento de un quebranto de $1.018.135,73 en el Impuesto a las Ganancias del periodo 2002.

 

La cuestión a resolver exige determinar si las diferencias de cambio positivas derivadas de las divisas depositadas en el exterior en el marco del contrato de “cuenta corriente rotativa” se encontraban alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias en el ejercicio 2002.

 

La solución de la controversia requiere establecer si las divisas derivadas del contrato de “cuenta corriente rotativa”, que se encontraban acreditadas a favor de la actora pero que no habían sido aplicadas a los pagos y/o débitos registrados en el ejercicio 2002, fueron “dispuestas” por la contribuyente en el exterior, en los términos establecidos por el art. 158, tercer párrafo, de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

 

La Cámara confirma la denegatoria de repetición pues, de las constancias de la causa surge que las divisas fueron dispuestas por la actora, tanto al utilizar los fondos comprometidos en los débitos de la referida cuenta, como al depositarlas y afectarlas a la obtención de los “intereses ganados” en forma mensual. En efecto, la parte de las divisas que no fue afectada a efectuar pagos/débitos ―o en palabras de la actora, “consumidas”―, generó intereses a favor de TNT Logistics Argentina S.A.; circunstancia que habilita a considerar que la contribuyente dispuso de dichas divisas.

 

En otras palabras, es evidente que los elementos arrimados a la causa no permiten aseverar que la porción de las divisas que la actora mantuvo depositadas en la cuenta aquí involucrada no generaron renta alguna o bien carecieron de aspectos propios de una colocación de capital.

 

Santander Consumer SA (TF 120501215-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala II. 15/7/2022

 

La contribuyente había presentado una nota solicitando que se tomara la declaración jurada de rectificación en menos debido a un error en el que se había incurrido y ante la denegatoria de la AFIP, presentó un recurso de reconsideración, solicitando que se eliminara la deuda indicada con motivo de su inexistencia, adjuntó documental al efecto y, finalmente, peticionó el “pronto despacho” de lo actuado.

 

El TFN declaró la improcedencia formal de la acción de amparo por mora en el entendimiento de que la interposición de un recurso (en el caso, del medio de impugnación previsto en el artículo 74 del decreto 1397/79) no se encontraba en el marco de las actuaciones susceptibles de ser compulsadas por el artículo 182 de la ley 11.683 y considera que la contribuyente debería acudir a la vía prevista por el artículo 23, inciso “c” de la ley 19.549 (medio que habilita al administrado a impugnar judicialmente un acto administrativo en el caso de silencio o ambigüedad contenido en el artículo 10 de ese cuerpo legal).

 

La Cámara revoca la sentencia, al descalificar la tesis de la instancia de grado según la cual la actuación que requiere la amparista no encuadra en el concepto de “trámite o diligencia” al que alude el artículo 182 de la ley 11.683. Al respecto, debe tenerse en cuenta que acciones como la que aquí se estudia poseen un nítido marco cognoscitivo, que se encuentra limitado al análisis del expediente administrativo desde una perspectiva formal, teniendo en cuenta las incidencias perniciosas que pueden derivar, para los particulares, de la demora reprochable al Fisco Nacional en una determinada tramitación.

 

Savio, Pablo -TF 43967-I C/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala I. 12/7/2022

 

El contribuyente exteriorizó la cantidad de U$S 380.000 para la adquisición de CEDINES, en los términos de lo establecido en la Ley 26.860, ello le permitió beneficiarse con la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006 que fue determinado mediante la Resolución N° 431/15, puesto que la suma exteriorizada era superior a la cantidad de moneda extranjera que constituía la causa de ese ajuste.

 

Las partes discreparon respecto de las normas que correspondía aplicar a fin de establecer el tipo de cambio al cual debía convertirse esa suma de dinero.

 

La postura de la AFIP–DGI se sustentó en lo dispuesto en el punto 2.5 de la Instrucción General Nº 2/2015 y consideró que la suma exteriorizada debía convertirse al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2006 y, en consecuencia, reclamó el ingreso de una suma de dinero mayor para cancelar la obligación tributaria correspondiente a la Resolución Nº 432/2015.

 

En cambio, el artículo 12 de la ley 26.860 estableció que el valor de cotización de la moneda extranjera era el correspondiente al tipo de cambio comprador del BNA vigente al momento de la exteriorización, que, en el caso, tuvo lugar el 30 de marzo 2015.

 

El TFN con sustento en los artículos 3°, 5°, 9°, 10° y 12° de la Ley 26.860 y la Resolución General 3509/2013, reconoció la liberación impositiva que instituyó el régimen de marras en los términos propuestos por la parte actora.

 

La Cámara confirma la sentencia ya que el criterio seguido por la AFIP–DGI de aplicar las previsiones de la citada instrucción contradice los alcances de la Ley 26.860 de jerarquía normativa superior y por ello su pretensión no puede ser admitida.

 

Lutz Juan Jacobo s/ recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala B. 23/5/2022

 

El contribuyente interpone recurso de apelación contra la Resolución por la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales, periodo fiscal 2007 y 2008.  Sostiene que, durante los períodos fiscales en controversia, realizó colocaciones financieras en el Banco J. P Morgan y que en noviembre de 2007, compró bonos de Austria con el rendimiento de aquellas inversiones, los que por vigencia del Convenio Para Evitar la Doble Imposición suscripto con aquel país, se encontraban exentos del Impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina. Y, en enero del 2008, aquellos bonos se amortizaron, generando renta, según obra acreditado en las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP.

 

Afirma que las operaciones financieras concretadas, no pueden ser catalogadas como evasivas de impuesto o abusivas del Convenio, toda vez que se correspondieron con una planificación impositiva acorde a los términos de la legislación vigente, haciendo un uso adecuado de la elusión tributaria, sin transgredir el derecho aplicable.

 

La fiscalización concluye que con las colocaciones en bonos austríacos efectuadas sobre el cierre de los ejercicios 2007 y 2008, se configuraría la presunción prevista en el referido artículo 30 del Decreto Reglamentario de Bienes Personales, infiriéndose que éstas fueron realizadas al solo efecto de eludir el impuesto del acápite, dado que en corto plazo y al inicio del ejercicio siguiente, según se observa en los listados aportados, se reinvierten para adquirir nuevamente títulos de diversas características. Expresa que se encuentra detallado que el capital invertido a lo largo de los años 2007 y 2008, en las distintas especies, dan cuenta de colocaciones por períodos mensuales.

 

EL TFN considera que el asiste razón al organismo fiscal, y que operaciones financieras llevadas a cabo por el apelante que implican variaciones patrimoniales ejecutadas con el deliberado fin de eludir el pago del impuesto.

 

El Tribunal puntualiza que la renta depositada es reinvertida, pues el producido por el título es colocado en otras inversiones, conducta que el contribuyente reitera en ambos períodos, sin esgrimir las razones de oportunidad y conveniencia que lo llevaron a desplegar idéntica operatoria en dos años consecutivos, es decir, posicionar sus activos en bonos exentos muy próximamente a la finalización del período fiscal, excluyendo temporalmente de su patrimonio y por muy breve lapso los activos gravados con la intención de eludir el impuesto, según lo presume la AFIP con sustento en la norma sobre las variaciones patrimoniales.

 

G4S Servicios de Seguridad SA s/recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala D 09/12/2021

 

La cuestión a resolver se refiere a decidir si la absorción de pérdidas acumuladas con aportes irrevocables que no fueron capitalizados se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. El Fisco entiende que implica un enriquecimiento a título gratuito que resulta gravado, mientras que el contribuyente niega que se trate de una liberalidad al implicar solo una reclasificación contable dentro del patrimonio neto que neutraliza las pérdidas que se acumularon sin alterar su composición

 

El TFN da la razón al contribuyente ya que en lo que hace al aporte irrevocable aprobado el 26/12/2003 e integrado efectivamente durante el período 2004 se acreditó que dicha integración fue realizada mediante dinero en efectivo por $ 700.000 y según el Libro Diario el 31/12/2004 la firma realizó la absorción de resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores por la suma.

 

Roca Argentina SA. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala B. 12/05/2022.

 

La parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución por la que se le aplicó una multa de $100.000.- correspondiente al período fiscal 2017, debido a la supuesta omisión de informar los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del Informe País por País.

 

El contribuyente detalla que, tal declaración -de encontrarse obligada a presentar el Informe País-, se efectuó por un mero error involuntario y que a fin de subsanarlo, presentó una declaración jurada rectificativa, enmendando lo manifestado y haciendo saber que la República Argentina y el Reino de España poseen un Acuerdo de Intercambio de Información.

 

El TFN revoca la sanción aplicada ya que surge de las actuaciones que el Organismo ha obtenido la información porque el informe ha sido presentado en España, Estado que intercambia información con Argentina. Por ello, el error incurrido por la contribuyente no impidió al Fisco Nacional hacerse de la información pretendida.