Regulaciones Nacionales

Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA. c/ ENAFIP- LEY 20628 23966 s/Amparo Ley 16.986. Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12. 

 

El Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires promovió acción de amparo contra la A.F.I.P.-D.G.I. y denunció una arbitrariedad manifiesta en la omisión de prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del Impuesto a las Ganancias - incluyendo el Impuesto Cedular- y del Impuesto sobre los Bienes Personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio (conforme lo establece la Resolución General AFIP Nº 5192/2022).

El juez declara formalmente admisible la acción colectiva por la totalidad de los profesionales matriculados en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Además, dispone que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de los mencionados vencimientos, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir, a partir del día 12 de julio en adelante.

 

La AFIP interpuso recurso de apelación contra dicha decisión que fue concedido en los términos del art. 15 de la Ley 16.986 y por ello el organismo entiende que los vencimientos del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales se encuentran vigentes.

 

 

VZ Bath & Body SA (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala II. 08/04/2022

 

La A.F.I.P. -D.G.I. había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas, e Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.

 

Durante la fiscalización efectuada a la actora -cuya actividad consiste en la venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería- se detectaron irregularidades en relación a las operaciones efectuadas con la firma Shepperton S.A., que había sido incluido en la base APOC, bajo la condición de “sin capacidad económica”.

 

Como consecuencia de ello, el organismo fiscal impugnó las declaraciones juradas presentadas respecto de los Impuestos al Valor Agregado en las que cómputo los créditos fiscales y a las Ganancias en las que dedujo los gastos por las operaciones con dicho proveedor, ajustando los saldos resultantes, y liquidó el Impuesto en concepto de pago definitivo por Salidas No Documentadas, previsto en el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

 

La Cámara deja sin efecto las resoluciones apeladas, ya que de la prueba producida concluir que las erogaciones fueron realizadas en carácter de gastos necesarios, y en tales condiciones encuadran en la autorización a deducir prevista en el art. 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias, habiendo el contribuyente probado que los mismos fueron efectivamente realizados.

 

Además, pone de resalto que no resulta reprochable o cuestionable la conducta asumida por la actora respecto del proveedor cuestionado, dado que, por un lado, las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto por la fiscalización son ajenas al receptor de los bienes y servicios, y por el otro en cuanto su obligación se ciñe a verificar que su proveedor posea C.U.I.T. activa, que las facturas cuenten con C.A.I. vigente y que no se encuentre incluido en la base APOC al tiempo de la celebración de las operaciones.

 

Por último, el mentado proveedor al tiempo en que operó con la contribuyente actora (esto es: 15/09/2006 al 19/02/2007) se encontraba inscripto en A.F.I.P., contaba con C.U.I.T. válida, estaba dado de alta en los impuestos correspondientes, presentaba sus declaraciones juradas y no estaba incluido en la base APOC.  Por ello, cabe concluye que no corresponde trasladar la responsabilidad a la contribuyente por la presunta falta de capacidad operativa del citado proveedor ya que obró con diligencia al momento de la celebración de las operaciones y también quedó demostrado por medio de la prueba pericial contable, que los gastos fueron efectivamente realizados y que las erogaciones o salidas se encuentran efectivamente documentadas. 

 

 

Orazul Energy Cerros Colorados SA c/EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III. Abril 2022

 

El juez de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por Orazul Energy Cerros Colorados SA y a la luz de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente “Candy”, resolvió que la prohibición de utilizar los mecanismos de ajuste del Título VI y de los artículos 52, 83 y 84 de la ley 20.628 (t.o. en 1997) con respecto a la declaración jurada presentada por la actora para el Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2015 resultaba inaplicable.

 

El Fisco interpone recurso de apelación, insiste en que la situación de la actora es diferente a la presentada en “Candy”, ya que involucra aspectos que exceden la autorización de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en casos de confiscatoriedad, indicando expresamente el supuesto de “actualización de las amortizaciones”. Expresa que el único concepto contemplado en el tantas veces mencionado precedente “Candy” fue el ajuste impositivo por inflación contemplado en el Título VI de la ley del tributo.

 

En el cálculo que efectúa Orazul para sustentar su pretensión, incluye la actualización de las “amortizaciones de los bienes de uso” previstas en los artículos 83, 84 y 89 de la ley del gravamen, lo cual arroja un resultado de $ 87.783.971,67; valor que surge del “Informe especial

sobre resultados fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo”.

 

Al respecto, el Fisco Nacional sostiene que el Alto Tribunal, al expedirse en la causa “Candy”, restringió su análisis al “ajuste por inflación”, no incluyendo a la “actualización de las amortizaciones”. En orden a ello, calculando sólo el “ajuste por inflación”, la determinación del

IG-2015 no reportaría confiscatoriedad.

 

La Cámara da la razón al contribuyente al sostener que evaluar la incidencia que produce el ajuste previsto en el Título VI de la LIG, al liquidar el gravamen, y dejar de hacerlo al mismo tiempo con las amortizaciones de los bienes de uso, cuando la propia norma lo autoriza –sin soslayar las previsiones de la ley 24.073 y concs.–, denota un examen injustificadamente incompleto, ya que el impuesto determinado sin los mecanismos de ajuste analizados, conlleva a una absorción sustancial de la renta de la firma actora.

 

 

Rosenvit, Darío Javier c/ EN-M. Hacienda AFIP- DGI s/Dirección General Impositiva.  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I. 10/5/2022

 

El actor declaró, en los términos del régimen de “sinceramiento fiscal” previsto en la ley 27.260, dos cuentas bancarias radicadas en la entidad “Wells Fargo”, con sede en los Estados Unidos.  Luego promovió demanda contra la AFIP por repetición de las sumas pagadas en concepto de Impuesto a las Ganancias en relación con dichas cuentas. 

 

Tanto el Fisco Nacional como el juez de primera instancia, rechazaron el reclamo de repetición efectuado por el contribuyente, al concluir que la erogación que se pretende deducir —esto es, el pago del impuesto especial— carece de una relación de causalidad con la obtención, el mantenimiento o la conservación de una “ganancia” conforme lo establecido en el art. 80 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

 

El actor sostiene que puede efectuar la deducción porque la ley 27.260 no establece la “no deducibilidad” del impuesto especial.

 

La Cámara confirma la sentencia ya que el actor no probó que el pago del impuesto especial contenido en la ley 27.260 haya comportado un gasto efectuado para “obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas” por el impuesto que pretende repetir.

 

Los bienes que el actor declaró según el mencionado régimen de “sinceramiento fiscal” no estaban afectados a la obtención de una ganancia gravada como exige la ley 20.628. 

 

Esa afirmación no desconoce que los bienes involucrados pudieron haber generado una renta con anterioridad a su declaración o exteriorización, pero el beneficio económico eventualmente obtenido se encontraba ubicado a extramuros del concepto de “ganancias gravadas” que fija el artículo 80 de la ley del impuesto a las ganancias.

 

 

Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF24619189-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 5/2022.

 

El TFN rechazó la devolución de los derechos de exportación establecidos por el decreto 793/18 solicitada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. con relación a  Permisos de Embarque oficializados entre el 05/09/18 y el 24/10/18.

 

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. interpone recurso de apelación, entiende que el decreto 793/18 viola el principio de legalidad tributaria en materia aduanera y los límites previstos por la Constitucional Nacional.

 

El Fisco concluyó que el decreto 793/18 no había creado un impuesto sin ley, sino que se trataba de una norma presidencial que ejerció una atribución expresamente reconocida al Poder Ejecutivo por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Camaronera Patagónica S.A.” y que, posteriormente, fue sometida al escrutinio del Poder Legislativo conforme la ley 26.122 (arts. 17 y 24).

 

La Cámara sostiene que no se cumplen los presupuestos que la Corte fijó en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.” para habilitar la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo que se encuentra prevista en el inciso 2°, del artículo 99 de la Constitución Nacional, y que fue invocada en los considerandos del decreto 793/18. Y por ello resulta indudable la invalidez del decreto 793/18, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa.

 

Se determina que el contenido del decreto 793/18 recién adquirió rango legal con la entrada en vigencia de la ley 27.467, que fue publicada en el B.O. el 04/12/18 y, en su artículo 82, refirió específicamente ––entre otros–– al decreto en controversia. Tal convalidación cristalizó una voluntad legislativa, clara y explícita, de otorgarle rango legal a las alícuotas del decreto 793/18. 

 

En ese sentido, se declara la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18, por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (B.O. 04/09/18) y hasta el 04/12/18, inclusive, momento en que empezó a tener vigencia la ley 27.467. 

 

Por último, hace lugar a la devolución de lo abonado en concepto de derechos de exportación en las destinaciones registradas durante el período señalado; con más sus respectivos intereses, calculados en los términos de los artículos 811 y 812 del Código Aduanero.

 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba c/ Administración Federal de Ingresos Públicos – Impugnación de acto administrativo. Juzgado Federal de Córdoba 1. 9/6/2022

 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba promueve demanda, contra la Resolución de la AFIP que desestima el reclamo administrativo interpuesto contra la Resolución General (AFIP) N° 4838/2020.

 

El juez declara la Inconstitucionalidad de la Resolución General de AFIP 4838/2020, ya que crea una verdadera “carga pública” a un sujeto ajeno a la relación jurídico-tributaria como es el “asesor fiscal”, arrogándose una facultad que es privativa del Poder Legislativo, violando así el principio de Reserva de ley, que en materia tributaria significa que todo lo referido a esta materia tiene que regularse por ley, y está reservado sólo al poder legislativo y por mandato constitucional.