Regulaciones Nacionales

Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III. 13/4/2022

El Fisco Nacional impugnó la deducción efectuada en el Impuesto a las Ganancias por Kimberly Clark Argentina SA –en lo sucesivo, KCA– en concepto de “gasto de intereses” y “diferencia de cambios” originados en un contrato de comodato celebrado con la sociedad vinculada Kimberly Clark Irish Finance Corporation. Este contrato contemplaba un importe máximo de préstamo de U$S 25.000.000.

El organismo fiscal interpretó que los fondos ingresados por el comodato no fueron aplicados al capital de trabajo de la firma, sino a la cancelación de un pasivo generado con sus accionistas, sustentándose en la “inmediatez” y “similitud” de los valores movilizados, lo cual denotaría una “íntima conexión” entre el endeudamiento y el pago de los dividendos.

La Cámara y el TFN ratifican la postura del Fisco al destacar que el desembolso corresponde a más del 50% del monto total del crédito otorgado –U$S 26.000.000 de U$S 50.000.000–, y que para su efectivización antes fue necesario que las partes ampliaran el acuerdo concertado en 2001 a través de una adenda. También precisaron que KCA transfirió el monto correspondiente a la distribución de dividendos por valor de $ 69.499.722 que es prácticamente idéntico al acreditado en su cuenta en la misma fecha.

La Cámara también sostiene que los intereses y las diferencias de cambio no resultan deducibles de la ganancia bruta obtenida por la empresa actora en el período fiscal 2005, atento que no probó en la causa que el préstamo obtenido guardara correlación con el desarrollo de la actividad comercial generadora de rentas. Dicho criterio guarda semejanza con el precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “INC SA (TF 24746-I) c/Dirección General Impositiva”, del 15/7/21.

 

Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Plenario. 26/4/2022

Los Vocales del TFN por mayoría, acordaron fijar la siguiente doctrina legal plenaria:

1°.-El TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.

2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.

3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.

 

Maxicambio SA C/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 20/12/2021

El Fisco interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara que había revocado la resolución de la AFIP por la que se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora frente al IVA por los períodos fiscales 01/2005 a 03/2008, con más los intereses resarcitorios correspondientes y una multa equivalente al 70% del impuesto omitido, conforme al art. 45 de la ley 11.683.

El fundamento de la determinación impositiva radicaba en considerar que los giros, transferencias y compraventas de cheques u otros títulos de crédito en moneda extranjera, efectuados por Maxicambio S.A., entidad autorizada para funcionar como “casa de cambio”, se encontraban alcanzados por aquel tributo en los términos del art. 3°, inc. e), punto 21, de la ley del IVA.

La Procuradora opina que debe hacerse lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada, ya que de la forma en que las agencias y casas de cambio como la actora calculan sus resultados operativos, no puede derivarse que las operaciones observadas no sean onerosas.

Por ello, Maxicambio S.A. debía demostrar los distintos conceptos que integraban el precio que cobró a sus clientes para acreditar, de ese modo, que no incluía una comisión por la operación realizada), sino que únicamente percibió los gastos necesarios para efectuar la operatoria, y la ausencia de dicha prueba sella la suerte adversa de su pretensión.

 

Gador S.A. C/ Municipalidad de Pilar s/ demanda impugnativa. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 18/2/2021

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había rechazado la pretensión anulatoria articulada por Gador S.A. contra del decreto de la Municipalidad de Pilar por el que se determinó de oficio la Tasa de Seguridad e Higiene por los períodos fiscales junio de 2002 a marzo de 2005. 

La sociedad actora interpuso el recurso extraordinario, sostiene que durante los períodos fiscales ajustados, desarrolló sus actividades en 104 municipios de la Provincia de Buenos Aires pero únicamente en Pilar tenía local habilitado. Por tal motivo, distribuyó los ingresos producto de su actividad gravada en la citada provincia entre todos los municipios en los cuales desarrolló actividad según las normas del Convenio Multilateral, pero pagó la mencionada tasa únicamente en Pilar, tomando como base imponible los ingresos allí atribuidos.

Por el contrario, indica que el Municipio de Pilar pretende cobrar su Tasa de Seguridad e Higiene sobre el 100% de los ingresos brutos asignados a la Provincia de Buenos Aires, con fundamento en una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 35, tercer párrafo, del Convenio Multilateral.

El pronunciamiento apelado pasó por alto considerar que si la tasa aquí en estudio tiene por objeto retribuir el servicio de inspección que se presta a la actividad desarrollada por la actora, no es aceptable alcanzar ingresos generados por las tareas que ella desempeña fuera del territorio de Pilar sin violentar, al mismo tiempo, un requisito fundamental respecto de tributos que participan de la naturaleza del impugnado en esta causa, como es que al cobro de éste debe corresponder -entre otros extremos una individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.

La Procuradora sostiene que la decisión adoptada cercena la garantía constitucional del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, en tanto se privó al actor de obtener un pronunciamiento debidamente fundado, y por ello considera que se debe revocar la sentencia apelada y devolver la causa al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se emita un nuevo pronunciamiento. 

 

HCI SA C/ EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 21/4/2021

HCI es una empresa dedicada a la administración y explotación de hoteles y casinos, cuya explotación principal la desarrolla en la Provincia de Misiones. Tiene domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también constituyó el fiscal en razón de considerar que allí cuenta con la sede de su administración superior -en tanto en ese lugar se realizan las reuniones de directorio y porque los directores tienen su domicilio en CABA y Provincia de Buenos Aires.

La AFIP impugnó el domicilio fiscal de la actora por entender que, de acuerdo a las normas aplicables, éste debe ser el del lugar donde se desarrolla la actividad principal.

La Cámara había rechazado la demanda iniciada por HCI S.A. y contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario.

La Procuradora en su dictamen da la razón al Fisco, ya que rige lo dispuesto en el art. 3° de la resolución general AFIP 2109/06, y ante la divergencia entre el domicilio legal y el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, “este último será el domicilio fiscal”. 

 

Fiduciaria Neuquina SA C/ AFIP s/Impugnación de acto administrativo. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 19/2/2021

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la sentencia que había hecho lugar a la demanda deducida contra la AFIP por Fiduciaria Neuquina S.A., en su carácter de fiduciaria del fideicomiso “Fondo Fiduciario de Neuquén”, y como consecuencia de ello, había ordenado al ente recaudador restituir a la actora las sumas abonadas en exceso en concepto de Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (seguidamente, IDCB) por los períodos fiscales comprendidos entre febrero de 2009 a mayo de 2010.

La magistrada de primera instancia rechazó que la actora se encuentre exenta en el IDCB, pero entendió que tenía derecho a ingresarlo de acuerdo a la alícuota reducida establecida en el art. 7° del decreto 380/01.

La AFIP dedujo recurso extraordinario, señala que el pronunciamiento apelado se apartó de la normativa aplicable al caso, pues no valoró que Fiduciaria Neuquina S.A. no había cumplido con los requisitos para beneficiarse con la alícuota reducida en el IDCB, ya que, según su posición, aquélla se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias.

La Procuradora entiende que es admisible el recurso extraordinario deducido por la AFIP y que se debe revocar la sentencia apelada, ya que extender la alícuota reducida prevista para el “titular” de la cuenta bancaria exento en el IG y no alcanzado o exento en el IVA, a otros supuestos como -por hipótesis- a aquellos en los cuales el “titular” está gravado por dichos tributos pero la renta del fideicomiso que administra se encuentra exenta, implicaría extender la franquicia más allá de la letra de la ley.

 

Sociedad Rural Argentina y Otro Y OTRO c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo s/Amparo Ley 16.986. Juzgado Federal de Córdoba 1. 22/4/2022

La Sociedad Rural Argentina, promovió acción de amparo contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero de año 2022, así como de cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se lo condene a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la AFIP para que cese con su reclamo y percepción.

El juez admite la acción colectiva y delimita la clase afectada a todos los productores agropecuarios del país, ya que se en el caso se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, en virtud de que aquí se trata de un mismo hecho, configurado por el dictado de los decretos 790/20, 1060/20, 230/2020, 851/2021, 131/2022- que afecta en conjunto a los productores rurales, entendidos estos como productores agropecuarios, por ser quienes sufren económicamente sus consecuencias.

Además, el ejercicio individual de la acción implicaría a cada productor erogar costos económicos y no económicos con el efecto de obtener una sentencia que podría declarar la inconstitucionalidad de los decretos citados, pero que en cuanto a sus efectos tendría el objeto de una demanda de repetición, con las consecuentes desventajas que ello acarrearía, sobre todo en algunos productores que se verían desalentados de ejercerla.

Asimismo, el juez ordena la inscripción del proceso en el Registro de Procesos Colectivos.

 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo. Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4. Secretaría N°10. 22/4/2022

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires impugnó la resolución administrativa que dispuso rechazar el reclamo contra la Resolución General 4838/2020.

La AFIP solicitó el rechazo de la acción interpuesta. Aseguró que el Reglamento fue dictado en el marco de las facultades que otorga el artículo 35 de la Ley Nº11683 y el artículo 7° del Decreto N° 618/97, por lo que el ejercicio de dichas facultades se encuentra ajeno al control judicial.

El juez hace lugar a la demanda, sostiene que la acción incoada posee una clara relevancia institucional, que habilita la posibilidad de legitimar el reclamo en clave colectiva, en razón del interés público subyacente.

Asimismo, el juez declara la inconstitucionalidad de la Resolución General 4838/2020 -Régimen de información de planificaciones fiscales- y del art. 7, inc. 6) del Decreto 618/97, en cuanto autoriza a la AFIP a ordenar la inscripción y determinar las obligaciones a cargo del agente de información, por vulnerar el principio de reserva de ley (arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional).

La AFIP puede legítimamente fijar los detalles o pormenores necesarios para el adecuado funcionamiento del agente de retención -art. 7 inc. 2-, pero lo que nunca puede hacer, es directamente crearlo -art. 7 inc. 6-.

Por ello, la norma contenida en el art. 7, inciso 6 del Decreto 618/97, tiene una triple vulneración constitucional por cuanto:

-La delegación fue efectuada a favor de la AFIP, no por el Congreso (como expresamente lo prevé el art. 76 CN), sino por el propio Poder Ejecutivo, en los términos del art. 99 inc. 3 CN.

-A su vez, existe una indebida subdelegación de la potestad legislativa del PEN a favor de la AFIP, por cuanto ya no es siquiera el propio PEN (por delegación del Congreso) el que podrá establecer las cargas públicas con carácter general, para los ciudadanos, sino un funcionario de jerarquía inferior (Administrador Federal).

-La delegación no contiene plazo alguno.

 

RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala IV 10/3/2022

El Fisco interpuso recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la acción declarativa de certeza incoada por RPB S.A. y declaró la procedencia de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación con relación al período fiscal 2015.

La Cámara rechaza el recurso y confirma la sentencia, ya que la determinación del Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación arroja —en el caso— una alícuota efectiva del 47,70%, no puede sino colegirse que se ha configurado un supuesto de confiscatoriedad en los términos del leading case “Candy”.

Y aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por el Máximo Tribunal en “Candy”, cabe concluir que la adopción de la tesitura propugnada por la AFIP no puede admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el período 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias.

 

Akapol SACIFI c/ EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-Períodos 2002/2003 s/ Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala III 17/3/2022

A raíz de determinados ajustes fiscales proyectados por la AFIP con relación a los períodos fiscales 2001 y 2002 la actora presentó la DDJJ Rectificativa Nº 2 del IG- 2002, en la cual activó el mecanismo de ajuste por inflación. Ello dio lugar al procedimiento por el que se impugnó tanto aquella DDJJ como la del período fiscal 2003. 

Luego de ello, la actora optó por ingresar el importe pretendido por el organismo fiscal y promover el de repetición de impuestos, en los términos del artículo 81 y concordantes de la ley 11.683.

El juez de grado hizo hacer lugar a la demanda de repetición y el Fisco apeló dicha decisión.

De acuerdo con lo que surge de la prueba pericial contable, en el período fiscal 2002 el “resultado sujeto a impuesto” sin aplicar el ajuste por inflación arrojaba un quebranto de $ 213.771,56, mientras que con su aplicación se elevaba a $ 3.797.926.- y en el período fiscal 2003 el “resultado sujeto a impuesto” sin la aplicación daba por resultado $ 11.400.790,31 y con la aplicación $ 6.943.062.-

La Cámara revoca la sentencia, ya que entiende que no corresponde computar el quebranto del IG- 2002 que surgiría de aplicar el ajuste por inflación en ese ejercicio, y por ello la deducción de $ 3.797.926 –o su valor actualizado de $ 4.105.558– en la liquidación del IG-2003 es improcedente

Además, independientemente de la imposibilidad de computar el quebranto del IG-2002 con ajuste por inflación en el IG-2003, no ha sido suficiente la labor probatoria desarrollada en pos de acreditar que en este último período fiscal existiría una absorción sustancial de la renta o el patrimonio, en caso de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación.

 

Nordex Windpower S.A. c/ Municipio de Puerto Madryn s/Acción Declarativa de Derecho. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. 29/2/2022

Nordex Windpower S.A. cuestiona la facultad tributaria municipal en materia de energía eléctrica, solicitando una medida cautelar consistente en la suspensión de la aplicación de la Tasa municipal por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental que se aplica a los parques eólicos, parques solares, sistemas de biogás o similares.

La Cámara hace lugar a la medida de no innovar solicitada, ya que para lograr el funcionamiento y habilitación de los apuntados parques eólicos -que la aquí accionante construyó- debieron cumplirse sucesivos pasos administrativos, que fueron supervisados por autoridades nacionales, sin intervención alguna del Municipio local, pues la comuna carecería de normas técnicas específicas para controlar esa actividad.

A los fines de la acreditación de la verosimilitud del derecho se debe considerar que los parques eólicos no se encontraban en el ejido municipal, el cual fue extendido luego del dictado de la ley provincial XVI N° 101 a través de la cual se aprobó ampliar su extensión, quedando entonces comprendidos en jurisdicción de la comuna, contando con habilitación municipal, respecto de la cual la aquí accionante resulta ajena, careciendo de establecimiento, planta u oficina comercial alguna en el ámbito del municipio.