Regulaciones Nacionales

Kiskali S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 24/2/2022

La sociedad actora inicia acción declarativa de certeza en los términos de artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los períodos fiscales 01 y 02 correspondientes al año 2016. 

La CSJN hace lugar a la demanda, ya que queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio. 

 

INC S.A s/apelación - Impuesto al Valor Agregado. Tribunal Fiscal de la Nación sala C. 23/12/2021

INC SA interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI, mediante la que se impugnan las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006.

Manifiesta que en diciembre de 2003 firmó un contrato de swap de tasa de interés con el Credit Suisse First Boston Internacional, con el objeto de garantizarse una tasa de interés fija en relación a los intereses de las obligaciones negociables emitidas en el año 2000.

La cuestión litigiosa radica en dilucidar si como sostiene el Fisco en la resolución apelada, la recurrente debía incluir dentro del cálculo del coeficiente del prorrateo de los créditos fiscales mensuales correspondientes a los periodos en discusión los ingresos obtenidos en virtud del contrato de swap o si, como argumenta la sociedad apelante, los mismos· debían ser excluidos del procedimiento previsto por el artículo 13 de la ley del gravamen.

El TFN confirma la resolución apelada, al concluir que existieron gastos generadores de crédito fiscal relacionados con la celebración y gestión del contrato de swap, lo que no pueden ser apropiados por vía directa, y resulta procedente recurrir al mecanismo residual contemplado en el artículo 13 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, y entonces concluir que los ingresos provenientes de aquel deben incluirse en el total de ingresos a tener en cuenta para el cálculo del coeficiente de prorrateo de los créditos fiscales en los periodos controvertidos.

 

Molino Chacabuco S.A. s/ Recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Nación, sala C. 29/12/2021

La actora interpuso recurso por retardo de repetición, a fin de obtener la devolución del Impuesto a las Ganancias (IG) del ejercicio 2002, con más los intereses resarcitorios por pago fuera de término e intereses financieros originados como consecuencia del plan de pagos que presentó para cancelar el gravamen, todo ello con más los intereses del art. 179 de dicha ley.

Relató que, debido al alto índice de inflación, practicó el ajuste por inflación y la actualización de las amortizaciones para determinar el resultado impositivo del ejercicio cerrado al 30/06/2002. Con posterioridad y a raíz de una fiscalización realizada en el año 2006, los funcionarios del fisco observaron dicho accionar.

Explicó que de no practicarse el ajuste, el IG determinado sobre las utilidades históricas —que es de $2.024.910,26— no sólo absorbe la totalidad de las utilidades contables ajustadas ($1.787.064,68), sino que también produce un quebranto ($237.845,56).

El TFN hacer lugar a la repetición articulada, con más los intereses resarcitorios correspondientes, ya que cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la Ley del IG resulta inaplicable en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insumiría la totalidad de las rentas obtenidas por la actora, resultando su aplicación irrazonable, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad, según el criterio establecido por la CSJN en el precedente “Candy SA”.

 

Tavil, Juan Manuel c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 3/2022

El TFN confirmo la resolución por la que se había determinado la obligación del contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias con la deducción de gastos por vestimenta, sostuvo que los comprobantes respaldaban adquisiciones de sacos, sobretodos, pantalones, camisas, corbatas, cinturones y pañuelos que tenían una directa relación con su actividad de contador y director de sociedades.

El Fisco apela la sentencia, afirma que las erogaciones de vestimenta no son deducibles en el gravamen atento a que, por la actividad del actor, se entiende que no revisten el carácter de necesarios para obtener la renta gravada o mantener su fuente productora, resultando aplicable el inc. a, del art. 88 de la ley del tributo, en cuanto no se pueden escindir de los gastos personales y de sustento propios del contribuyente.

La Cámara rechaza los agravios del Fisco y confirma la sentencia del TFN, al respecto sostiene que la deducción de dichos gastos es procedente en todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente, máxime cuando se  trata de vestimenta de tipo formal y de habitual uso para un profesional que ejerce actividades tales como contador y director de sociedad y que en ningún caso supera los $10.000.-

 

Panedile Argentina SA-Rovella Carranza SA-Eleprint SA UTE c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 22/2/2022

La UTE actora interpuso recurso de apelación contra la resolución mediante la cual se había rechazado la convalidación de la DDJJ rectificativa n° 1, relativa al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al período fiscal 6/2016, y;  asimismo, se la había intimado a corregir el traslado de los saldos e ingresar las sumas adeudadas emergentes, de corresponder, de la declaración jurada original, más los respectivos intereses resarcitorios.

La Cámara confirma la sentencia ya que la contribuyente había pretendido disminuir, mediante la presentación de una declaración jurada rectificativa, el monto en concepto de débito fiscal consignado en la declaración jurada original; incrementando el saldo a su favor de libre disponibilidad por el período referido y ello no era susceptible de ser rectificado en los términos de lo establecido en la primera parte del artículo 13 de la ley 11.683.

 

Las 2C SA (TF 25214-I) c/ DGI. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala I. 9/11/2021

El TFN se había declarado incompetente para entender en el recurso de apelación interpuesto por la firma actora contra los actos administrativos dictados por el organismo fiscal por medio de los cuales la intimó a reintegrar diversas sumas de dinero en concepto de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado vinculadas con operaciones de exportación.

La cámara en un pronunciamiento plenario dispuso: “[e]s competente, en los términos del art. 159 de la ley 11.683 el Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la apelación deducida contra la denegación de reintegro en concepto de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, vinculado a operaciones de exportación e intimación al ingreso de aquellas sumas oportunamente compensadas o devueltas con más los intereses resarcitorios”. Y en función de esa doctrina revocó el pronunciamiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional. Devueltas las actuaciones al TFN resolvió “rechazar el recurso de apelación” interpuesto por la firma actora. Con relación a la modificación que la ley 27.430 introdujo al artículo 76 de la ley 11.683, sostuvo que las normas de índole procesal –dentro de las cuales corresponde ubicar a las cuestiones de competencia- son de aplicación inmediata a los juicios en trámite, en tanto no invaliden actuaciones anteriores.  

En función de la modificación legislativa aludida, el recurso de apelación ante el TFN no procedía respecto de actos mediante los cuales se intimó la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación.

La Cámara revoca la sentencia del TFN y resuelve devolver las actuaciones al tribunal de origen a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento. Sostiene que la aplicación por parte del Tribunal Fiscal de la modificación que la ley 27.430 introdujo al artículo 76 de la ley 11.683, aun cuando haya sido posterior al pronunciamiento dictado por la Cámara, importó un apartamiento y un desconocimiento de esa decisión firme dictada en la causa, e implicó, de tal modo, vulnerar el principio de intangibilidad de la cosa juzgada.

 

Avenida Compras SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 225/21 s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 8/2/2022

La AFIP-DGI había rechazado el pago por compensación del saldo de $1.059.246,07, correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales, acciones o participaciones societarias –período fiscal 2020- con el saldo a favor de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2015 y 2016. La sociedad Avenida Compras SA requirió, como medida cautelar, la concesión de una “prohibición de innovar” con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales.

El juez de la anterior instancia denegó la medida cautelar, de “prohibición de innovar” con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales.

La Cámara revoca la resolución y admite la tutela por un período de seis meses o hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, ya que el rechazo de la compensación intentada a través del sistema de cuentas tributarias trajo aparejado el registro de una deuda impaga en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones del período 2020, con el consecuente perjuicio para la actora y la posibilidad de que la AFIP inicie un juicio de ejecución, a fin de perseguir su cobro o realizar medidas preventivas o ejecutivas sobre su patrimonio.

Ello así, en caso de proceder la ejecución, la obligación consecuente repercutiría directamente sobre su patrimonio, lo que redundaría en los hechos en la frustración de la compensación requerida, que devendría abstracta. Así pues, no deben soslayarse las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada y los graves efectos patrimoniales que podría traer aparejado.