Regulaciones Nacionales

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Outokumpu Fortinox S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. 17/2/2022

Gaviglio Comercial S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.  17/2/2022

En los precedentes citados, las sociedades inician acción declarativa de certeza contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dicen encontrarse frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realizan en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

En el caso de la sociedad Outokumpu Fortinox S.A. por el período fiscal correspondiente al mes de marzo del año 2017. Y en el caso de la sociedad Gaviglio Comercial S.A. por los períodos fiscales 9 y 10 correspondiente al año 2015.

La CSJN hacer lugar a la demanda en ambos precedentes, ya que queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio. 

 

Maipú Exclusivos S.A. c/ AFIP – DGI s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad.  Cámara Federal de Córdoba. Sala B. 19/5/2021

La AFIP – DGI interpuso recurso de apelación contra de la Resolución que había declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073 y le había ordenado recibir y/o admitir la liquidación del Impuesto a las Ganancias de Maipú Exclusivos SA correspondiente al período fiscal finalizado el 30 de noviembre de 2015, con la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación.

La Cámara, aplicando los fundamentos establecidos por la CSJN en la causa Candy,  rechaza el recurso de apelación deducido por la AFIP-DGI y en consecuencia, confirma la resolución apelada, dado que la alícuota efectiva por el I.G. a ingresar por el ejercicio 2015 superaría el 41% o 42%, respectivamente, según el índice de actualización adoptado, esto es sustancialmente mayor al 35% estipulado por la propia norma tributaria para el impuesto correspondiente a la accionante.

Dicha circunstancia refleja que el impedimento de ajustar los estados contables mediante el mecanismo del título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias ocasiona a la empresa actora una lesión patrimonial de entidad, afectando su capacidad contributiva.

La diferencia existente en la determinación tributaria frente a la no aplicación del mecanismo de ajuste por inflación se traduce en confiscatoriedad y vulneración del principio de reserva legal en materia tributaria, al afectarse aquello a lo que no está destinado el tributo, porque el Estado sólo puede obtener recursos de las ganancias o rentas de los contribuyentes, pero no de su capital, al menos en orden al Impuesto a las Ganancias.

 

Bio Bahía S.A. c/Estado Nacional AFIP s/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad. Cámara Federal de Bahía Blanca. Sala I. 3/2/2022

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por Bio Bahía S.A., facultando a la aplicación del ajuste por inflación en relación al Impuesto a las Ganancias a tributar computando el 100% del ajuste (aplicación integral), sin tener que hacerlo utilizando el mecanismo impuesto por el art. 194 de la ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias (Decreto 824/2019) en cuanto dispone el diferimiento en sextos en relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019.

La Cámara confirma la sentencia, ya que con un simple cálculo aritmético de la incidencia de la suma del tributo a ingresar sin diferimiento de sextos respecto de la base imponible sujeta impuesto con la deducción del ajuste en su totalidad, se puede obtener la alícuota efectiva del gravamen del 80,22% que la contribuyente denuncia, y por lo tanto tener por fehacientemente comprobada la confiscatoriedad alegada, en línea con los parámetros establecidos en el caso “Candy” de la CSJN. Entonces, la prueba recabada permite tener por acreditado que la aplicación irrestricta de la normativa reglamentaria implicaría un insumo notorio de una porción sustancial de las rentas obtenidas por el actor.

 

Bunge Argentina S.A. c/DGA s/ apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala "F". 7/2/2022

Bunge Argentina S.A. persigue la devolución de las sumas abonadas en demasía en concepto de derechos de exportación en virtud de Ia Resolución Nro. 369/2007 del entonces Ministerio de Economía y Producción de la Nación (B.0. 9/11/2007), toda vez que jamás existió -a su juicio- una norma del Congreso que la ratificara expresamente.

El TFN declara la invalidez de la mencionada Resolución, ya que al no haber sido ratificada por una ley que le otorgue validez constitucional, resulta insanablemente nula por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional y por ende, se encuentra privada de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.

Frente a la inconstitucionalidad de la disposición legal que constituye la causa fuente de la obligación tributaria puesta en cuestión, la mayoría del tribunal sostiene que es procedente la demanda de repetición, a cuyos efectos, ha de tenerse presente que no resulta controvertido que la demandante ha realizado los pagos exigidos por la reglamentación aplicable. En tal sentido decide devolver los montos pagados por la demandante sin exigir la prueba de la no traslación.

El Dr. Garbarino sostiene que la repetición intentada no puede proceder, en virtud de que no se ha acreditado un presupuesto básico de esa acción, teniendo en cuenta que la firma actora trata de repetir un tributo que por su especial naturaleza se traslada a un tercero, y al no haber probado haber soportado el peso económico del tributo, estaría obteniendo un beneficio indebido.

Entiende que resulta ajustado a derecho ordenar que el Estado Nacional, dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, deberá transferir la suma reclamada en autos por Bunge Argentina SA., con más los intereses correspondientes, a la partida presupuestaria correspondiente al Plan Nacional "Argentina contra el Hambre", para ser distribuida en modo urgente, de acuerdo a los fines enunciados en la Resolución Nro. 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Para la resolución del caso se verificó una situación de excepción ya que los dos jueces que habían declarado la  Resolución N° 369/2007, no acordaron sobre las consecuencias de esa decisión. Se escindió esa cuestión y por mayoría decidieron que corresponde devolver los montos pagados por la demandante sin exigir la prueba de la no traslación.

 

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala "F". 3/2/2022

La firma Aseguradora de Créditos y Garantías plantea la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, ya que la resolución apelada fue dictada el 7/04/2010, y recién fue notificada el 2/12/2019, cuando ya había evidentemente operado el vencimiento del curso de la prescripción. En este sentido, destaca que recién 21 años después de la emisión de la póliza se notificó resolución aduanera, lo cual afecta su derecho de defensa y vulnera el principio del debido proceso.

El representante fiscal se opone a la excepción de prescripción. Expresa que la apertura de sumario de fecha 12/05/2004 de las actuaciones administrativas, suspendió el término del instituto. 

El TFN declara prescripta la acción del Fisco, y la inconvencionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera. Esto se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, el TFN, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes.

No existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida al TFN ejercer el control negativo de convencionalidad. En efecto, y a expresa diferencia de lo que ocurre en relación al “control de constitucionalidad”, no subsiste restricción normativa en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte del TFN, en tanto es regla incólume e inveterada en nuestro orden legal que aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, están jurídicamente permitidas.

 

Macedo Lagrotteria S/Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Cámara Federal de Salta. Sala II. 3/12/2021

El juez a quo denegó la medida cautelar solicitada en autos, tendiente a que se ordene a la AFIP abstenerse de exigir y/o iniciar cualquier procedimiento administrativo o judicial con el objeto de determinar y cobrar el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” establecido por la Ley Nº 27.605.

La Cámara confirma la sentencia, ya que se trata de una ley sancionada de conformidad con los procedimientos que la Constitución Nacional contempla, en un contexto histórico de absoluta excepcionalidad, marcado por el flagelo de una pandemia que ocasionó una crisis sanitaria sin precedentes, con consecuencias dañosas sobre la economía nacional, y tampoco puede perderse de vista que se halla fundada en la necesidad de remediar una situación de extrema gravedad para atenuar el impacto negativo en la sociedad del Covid-19.