Regulaciones Nacionales

Sigma SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 28/10/2021

La AFIP interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara, sostuvo que al revocar el pronunciamiento del TFN, efectuó una errónea aplicación al caso de lo dispuesto en el art, 32, inc. c), pto. 2°, del régimen de regularización impositiva y repatriación de capitales de la ley 26.476, al conceder a Sigma S.A. un beneficio allí no previsto.

Manifestó que, respecto al IVA, tanto la ley 26.476 como la R.G.(AFIP) 2.537 únicamente prevén la liberación de ajustes centrados en operaciones (de ventas o servicios), sin incluir los ajustes que se realicen al crédito fiscal por no estar éstos vinculados con un incremento patrimonial; por lo que, afirmó, el tratamiento liberatorio que le otorgó la Cámara al crédito fiscal de IVA por operaciones apócrifas es erróneo.

La CSJN confirma la sentencia de la Cámara, y entiende que la interpretación propuesta por el Fisco en pos de limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal omitido no resulta de la letra de la ley en examen.

También sostiene que la ley libera del IVA que oportunamente se omitió declarar, si la contribuyente dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el régimen -la exteriorización de fondos y el pago del tributo especial- para que proceda la liberación, sin distinguir si aquél se origina en débitos o en créditos fiscales impugnados por la presentación de facturas apócrifas.

ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 28/10/2021

La Cámara revocó las resoluciones por las que la AFIP había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2005, y le había aplicado una multa por omisión, con fundamento en el arto 45 de la ley 11.683, respecto de ese impuesto y período.

Para así decidir, relató que la actora, a fin de justificar que el precio de sus exportaciones del período fiscal 2005 se había ajustado a los de mercado abierto, comparó los pactados con sus vinculadas con el precio de referencia publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA) a la fecha de celebración de cada uno de los contratos de venta, lo que comúnmente se conoce como "precio de concertación".

El Fisco Nacional, en su ajuste, cotejó los precios informados por la actora con los empleados por Nidera S.A. y Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. (O.M.H.S.A., en adelante) en idéntico lapso y respecto de commodities agrícolas y concluyó que los precios a los que ADM Argentina S.A. facturó sus exportaciones de commodities a sus vinculadas resultaban inferiores a los valores de referencia que partes independientes habían considerado a efectos de fijar sus precios en operaciones similares y, por ende, practicó la determinación de oficio aquí cuestionada.

La CSJN desestima los agravios del Fisco enderezados a defender su ajuste practicado sobre la base de precios comparables, ya que los productos comercializados por Nidera S.A. Y O.M. H. S .A. difieren con los exportados por la actora, tanto en su tipo como en sus

cantidades y mercados (países) de destino y, por ende, no resultan aptos para sustentar el ajuste pretendido por el organismo recaudador.

Cañuelas Gas S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4/11/2021

Cañuelas Gas S.A. promueve una acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre como consecuencia de la pretensión de la demandada de gravar con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos los ingresos obtenidos por reintegros provenientes del "Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Envasado"

La CSJN declara que la causa es ajena a su competencia originaria, ya que quedan excluidos de dicha instancia aquellos procesos en los que se planteen cuestiones de índole local que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter local y el planteo efectuado exige, de manera ineludible, interpretar y establecer el alcance del art. 188, inc. d, del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o. 2018).

Ello es así por cuanto la propia actora reconoce que la citada disposición excluye de la base imponible para determinar el impuesto cuestionado los ingresos provenientes de subsidios concedidos por el Estado Nacional y que –según argumenta- ARBA pretende gravar.

Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 28/10/2021

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había confirmado el sobreseimiento en orden a las supuestas evasiones de pago del Impuesto a las Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y del Impuesto al Valor Agregado, luego de valorar que la ley 27.430 no era aplicable retroactivamente como ley penal más benigna, y que el aumento que introdujo en los “montos cuantitativos” de los tipos penales tributarios respondía a una actualización monetaria.

Como consecuencia de ello, se promovieron una considerable cantidad de planteos por parte de quienes se sintieron alcanzados por lo que entendieron la mayor benignidad de la ley mencionada.

La CSJN revoca la resolución apelada en cuanto hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y reenvía la causa al tribunal de origen para que a la brevedad dicte nueva sentencia.

En su decisión, la CSJN afirma que el fallo apelado no había considerado aplicable el precedente “Palero” (Fallos:330:4544) excluyendo de ese modo el alcance del principio constitucional de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Asimismo, calificó como afirmación dogmática sostener que el aumento que introdujo la ley 27.430 en los “montos cuantitativos” de los tipos penales tributarios haya respondido a una “actualización monetaria”.

Turismo Doss S.A. c/ EN – AFIP – DGI – resol. 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala V. 21/10/ 2021

La Cámara había rechazado la demanda iniciada por Turismo Doss S.A. contra la AFIP a fin de obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se había desestimado la solicitud de encuadrar el proceso de reorganización empresaria por medio del cual se había transferido el fondo de comercio de Inversora El Huerto S.A. a Turismo Doss S.A. como libre de impuestos, en los términos del art. 77 de la ley 20.628, ya que de las constancias de la causa no se desprendía que hubiese existido una “reorganización de empresas” pues, en sustancia, aquella consistió en la transferencia de un fondo de comercio a cambio de la emisión de acciones en favor de sujetos que no eran parte en el proceso de reorganización, es decir de los socios, con el correlativo incremento de sus patrimonios.

La CSJN deja sin efecto la sentencia de la Cámara al concluir que el recaudo que exigió la Cámara respecto a que existan dos o más sociedades que se reorganizan “con el propósito exclusivo de promover la eficiencia en la organización empresarial de la que se trata”, no se encuentra establecido en ninguno de los párrafos del art. 77 mencionado y por ello dicha decisión carece del necesario respaldo normativo. También ordena que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento.

En función de lo resuelto por la CSJN la cuestión a dilucidar nuevamente por la Cámara se halla circunscripta a determinar si para considerar configurada una reorganización empresaria en los términos del art. 77, inc. c, de la LIG, constituye una exigencia ineludible que la transferencia de activos y pasivos entre entidades que formen un mismo conjunto económico tenga únicamente como contraprestación títulos representativos del capital o participaciones sociales a favor de la empresa antecesora.

En ese sentido, destaca que la ley del tributo no exige que, para gozar de los beneficios previstos en los arts. 77 y 78 de la LIG, la contraprestación de la transferencia del fondo de comercio consista en títulos representativos del capital social de la continuadora a favor de la antecesora. Por lo tanto, imponer este requisito de manera general e indiscriminada resulta claramente violatorio del principio de legalidad vigente en la materia.

 

Establecimiento Agropecuario El Aguara SA (TF 64854147-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala I. 2/11/ 2021

La firma actora interpuso ante el TFN el recurso de amparo previsto en el artículo 182 de la ley 11.683 con el objeto de que la AFIP resuelva el trámite referente a la convalidación del crédito impositivo del período fiscal 12/2019 y concluya la solicitud de transferencia del saldo de libre disponibilidad del IVA requerida en los términos de la Resolución General Nº 1466/2003. Destacó que posee un certificado de exclusión de retenciones y/o percepciones —extendido en los términos de la Resolución General Nº 2226/2007 — y, por tanto, es claro que la empresa no registra deuda líquida y exigible con la AFIP en el IVA.

La Cámara hace lugar al recurso de amparo, ya que no se advierte que la AFIP haya producido actuación alguna desde que la solicitud de la firma actora fue enviada al área encargada de convalidar los créditos cuya transferencia reclamó, máxime teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado por la demora surge de la falta de disponibilidad y utilización del crédito reclamado por la firma actora, con la consecuente perturbación del normal ejercicio de su actividad económica.

Bapro Mandatos y Negocios SA s/recurso de retardo por repetición. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala D. 2/7/2021

BAPRO interpone el recurso por retardo previsto en el inc. d) del art. 159 de la ley 11.683 en virtud de la demora de la AFIP en resolver la acción de repetición que como fiduciario del Fideicomiso “Hotel Irú” iniciara en su sede el 18 de noviembre de 2014 con el objeto de obtener el reintegro de la suma de $1.495.519,55, más intereses, en concepto de los pagos que efectuara en el impuesto a los bienes personales en los períodos fiscales 2009 a 2013.

Funda su acción en “la ilegalidad de que un fideicomiso sea sujeto pasivo del Impuesto sobre los Bienes Personales” ya que, agrega, éste se da solo en relación a personas físicas o sucesiones indivisas.

El TFN rechaza la repetición intentada, ya que la única fundamentación dada por BAPRO a su pretensión de que se le devuelva el impuesto que abonara entre 2009 y 2013 por no ser el Fideicomiso, que administra como fiduciario, ni una persona física ni tampoco una sucesión indivisa de las designadas en el art. 17 de la ley del gravamen, carece de todo sustento.

Ello,  porque de la documentación que el mismo aporta en esta instancia -y antes en la administrativa-, se desprende que los pagos que ha realizado no han sido como obligado directo sino como responsable sustituto, es decir bajo el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad por deuda ajena, sin que haya formulado ningún agravio, si quiera mínima referencia a lo dispuesto en el art. 25.1 que desde el año 2008 expresamente designa a los fideicomisos –salvo a los financieros- para actuar en dicho carácter, al igual que las sociedades comerciales, que es precisamente lo que hizo, norma cuya constitucionalidad tampoco cuestionó, por lo que no existen razones para apartarse de sus claros términos y propósitos.

AFIP - DGI c/ Guevara Héctor Miguel s/ Ejecución Fiscal – A.F.I.P. Cámara Federal de Tucumán. 05/11/2021

El Juez a quo declaró la inconstitucionalidad de oficio del párrafo 20 del art. 92 de la Ley N°11.683 (modificado por Ley N°27.430) que ordena la intimación previa a la AFIP, considerando que tal disposición quebranta la igualdad de las partes en el proceso. Asimismo, declaró la caducidad de la ejecución fiscal por el exceso del plazo transcurrido, según lo normado en el art. 310 inc. 2° del CPCCN, de aplicación supletoria atento lo dispuesto en el párrafo 5to. del art. 92 mencionado.

La Cámara en concordancia con el criterio seguido por el Sr. Juez a quo, considera que la exigencia impuesta al ejecutado de intimación previa a la AFIP, recaudo introducido en el párrafo 20 del art. 92 de la Ley N°11.683 por el art. 216 de la Ley N°27.430, vulnera la garantía de igualdad de las partes en el proceso, pues exime al Fisco del cumplimiento de los plazos procesales y de las consecuencias de la caducidad, lo cual no resulta justo,  máxime en el caso de autos donde surge que la paralización del proceso durante 3 años obedeció al cumplimiento tardío por el propio ejecutante con la notificación ordenada.