Regulaciones Nacionales

Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa – medida cautelar. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 30/9/2021

Gasnor S.A. interpuso una acción meramente declarativa con el objeto de obtener la declaración judicial de inconstitucionalidad del tributo municipal denominado Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

El juez de primera instancia y luego la Cámara sostuvieron que la pretensión de gravar la actividad de GASNOR S.A. no se alza contra la ley 23.548 de Coparticipación Federal ni colisiona con la ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas Natural, ya que si bien la sociedad no tiene un local comercial en La Banda, sí posee “fuente de renta” en esa jurisdicción y además, la comuna presta servicios a GASNOR S.A. que son indispensables para que pueda desarrollar su actividad.

La CSJN revoca la sentencia, sostiene que la norma tributaria de la ciudad de La Banda utiliza una fórmula de imposición de enorme laxitud describiendo la actividad gravada por defecto y de modo residual. En virtud de su texto, la norma tributaria en cuestión, en lugar de determinar los servicios por los que se pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación.

En casos donde la descripción de la actividad gravada se hace por defecto y de modo residual, no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servicio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado. Si, a los efectos de impugnar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servicio que se grava no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto.

Loma del Pila S.R.L. c/ Comuna de Huasa Pampa s/Inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 14/10/2021

La empresa actora interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de la Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán que había declarado inoficioso el tratamiento de sus planteos en la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la comuna de Huasa Pampa, respecto de la "contribución que incide sobre los inmuebles" (CISI), regulada en el art. 131 de la ley provincial 5.637 (Código Tributario Comunal), al entender que el CISI es un verdadero impuesto, esto es, participa de la naturaleza de los tributos no vinculados. 

La CSJN revoca la sentencia apelada y ordena que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme sus fundamentos.  Al respecto, menciona que el legislador local diseñó el presupuesto de hecho adoptado para hacer nacer la obligación de pago de la contribución discutida, tomando en cuenta la prestación a los particulares de ciertos servicios comprendidos en una serie de actividades estatales que allí enumera, de forma no taxativa (alumbrado público, barrido, limpieza, riego, recolección de basura, desinfección, deshierbe, entre otros servicios que preste la comuna y que afecten o reciban los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal). 

AFIP c/ Madcur, Patricia Liliana s/ ejecución fiscal – A.F.I.P. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 21/10/2021

La AFIP promovió demanda de ejecución fiscal contra la actora por el cobro de la deuda determinada de oficio en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 1998, 1999 y 2001; el Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 1998, 1999, 2000 y 2001, y el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 1 a 11/2001 y 7 a 9/2002. La ejecutada opuso la excepción de prescripción quinquenal prevista en el art. 56, inc. a), de la ley 11.683.

La CSJN revoca la sentencia apelada, pues oración final del art. 53, tercer párrafo, del decreto 1397/79 es clara al establecer que la condición de no inscripto y, por lo tanto, la prescripción de diez años rige para los períodos fiscales que venzan a partir de la cancelación de oficio de la inscripción. Está fuera de discusión que la AFIP le dio de baja de oficio a la contribuyente en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales a partir del 1° de julio de 2011 . De acuerdo con lo expuesto, a los períodos fiscales 1998 a 2001 del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales les resulta aplicable el plazo de prescripción quinquenal establecido en el art. 56, inc. a, de la ley 11.683, pues dichos períodos fiscales vencieron con anterioridad a la baja de oficio dispuesta por la AFIP.

Baima, Gabriel Luis c/ AFIP s/contencioso administrativo - varios. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 30/9/2021

La Cámara había rechazado el pedido de condonación de las multas por defraudación fiscal que le habían sido aplicadas a la actora -con fundamento en el art. 46 de la ley 11.683-.

Para así decidir, indicó que la condonación solicitada se encontraba regida por el art. 56, cuarto párrafo, de la ley 27.260 y por la resolución general (AFIP) 3.920, precepto que exige que se trate de infracciones materiales, no firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales incluidas en planes de pagos otorgados con anterioridad al 23 de julio de 2016, que se encuentren vigentes y los planes de facilidades de la actora, que dieron origen a las multas impuestas, no se encontraban vigentes al momento en que ella se allanó en esta causa. 

La CSJN revoca la sentencia, sostiene que, para que proceda el beneficio de la condonación, las obligaciones principales debían estar “canceladas” el día de entrada en vigor de la ley 27.260 o bien “incluidas en planes de facilidades de pago” vigentes en idéntica fecha (23 de julio de 2016 según el art. 96 de la ley 27.260) y, por ende, yerra la sentencia recurrida al exigir que dichos planes se encuentren vigentes al momento de presentación del allanamiento en el expediente.

Astillero Naval Federico Contessi SACIFAN C/ AFIP – DGI s/ cobro de pesos / sumas de dinero. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 13/8/2021

La actora inició una acción con el objeto de obtener la repetición de los montos que se originaron al aplicar el mecanismo de ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002.

La Cámara había considerado que a fin de actualizar los montos en concepto de repetición de impuestos, procede aplicar el art. 142 de la ley 11.683 (t.o. por decreto 821/98), en cuanto dispone que dicha actualización se realizará desde la fecha  en la cual se originó el crédito a favor del contribuyente y que no corresponde aplicar el art. 179 de la ley citada, pues esta norma se encuentra ubicada en el Título II, Capítulo II de la ley 11.683, que contempla las acciones y recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

El Fisco aduce que la sentencia es contraria al derecho federal, pues aplica la actualización a favor del contribuyente que prevé el art. 142 de la ley 11.683 y sus modificatorias, cuando aquella norma se encuentra derogada desde el 1° de abril de 1991 por las leyes 23.928 (arts. 7 y 10) y 24.073.

La Procuradora en su dictamen da la razón al Fisco respecto al art. 179, en tanto regula el modo de cálculo de los intereses que se aplica a toda acción de repetición, sin distinguir entre las que tramitan en sede judicial –como ocurre en el caso sub examine- y aquellas que se inician ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Paolini Hnos SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Proceso de Conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V 17/8/2021

El Fisco Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia que declaró procedente, en el caso, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el periodo fiscal correspondiente al año 2016, manifiesta que no se acreditó el supuesto de confiscatoriedad alegado por el accionante.

La Cámara hace lugar al recurso y revoca la sentencia, ya que entiende que no corresponde aplicar al caso los principios establecidos en el precedente “Candy”, dado que el porcentaje que resulta de calcular el Impuesto a las Ganancias sin el mecanismo de ajuste por inflación arroja un resultado de 43,57% que -del mismo modo que en el citado precedente-, si bien excede el porcentaje de las ganancias que resulta gravado por ley, no revela una entidad suficiente que haga suponer una absorción por parte del Estado de una porción sustancial del capital o renta de la actora, debido a que sólo supera en un 8,75% la alícuota máxima. 

Por último, quien alega la confiscatoriedad, tiene la carga de demostrarlo en el caso concreto y de forma acabada, y para ello no resulta suficiente remitirse a las pruebas producidas en autos si de ellas únicamente surge que se ha superado el porcentaje límite para la alícuota del tributo, debido a que resulta dirimente identificar de qué modo esa diferencia representa una parte sustancial del capital absorbido por el Estado, situación que no ha sido acreditada por la actora.

Iepsi S.A por infracción ley 24.769. Cámara Federal de Rosario. – Sala A.

Se inician actuaciones penales a raíz de la denuncia efectuada por la AFIP-DGI con motivo de la fiscalización llevada a cabo a la empresa Iepsi S.A, al haberse detectado en la base de datos del organismo recaudador que la sociedad poseía acreditaciones bancarias informadas superiores a las ventas declaradas en IVA para el período fiscal 2012, y además se verificó que había presentado la declaración jurada de ganancias 2012 repitiendo los datos de la correspondiente al año anterior. 

El juez de primera instancia procesó al Presidente de la sociedad como presunto autor del delito de evasión simple de tributos. Lo mismo hizo respecto del contador de la empresa a quien procesó como partícipe necesario del ilícito.

Los imputados se agraviaron sosteniendo que el auto apelado fundó su responsabilidad en base a una deuda determinada de manera presuntiva, señalaron que la ley 27.430 (nuevo Régimen Penal Tributario) dice en forma expresa que el órgano administrador no formulará denuncia penal cuando los hechos surjan de presunciones.

La Cámara confirma el procesamiento puesto que el inicio de la verificación se dio sobre una base cierta, en tanto se tomaron datos e información que no puede considerarse como presuntiva en su totalidad, datos ciertos que el organismo de control constató (declaraciones juradas presentadas por el propio contribuyente, información sobre cheques negociados en diversas mutuales, transferencias entre cuentas, depósitos por liquidación de accidentes de trabajo, etc.) y luego sobre esta información procedió a determinar de oficio la deuda.