Regulaciones Nacionales

Esso Petrolera Argentina S.R.L. y otro c/Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2/9/2021

Esso Petrolera Argentina S.R.L. promovió demanda contra el Municipio de Quilmes a fin de que se deje sin efecto la resolución que la intimaba al pago de las sumas de dinero en concepto de remanente adeudado por Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (en adelante TISH). 

La actora sostuvo que liquidó y pagó la TISH luego de distribuir sus ingresos brutos totales en las diferentes jurisdicciones en que desarrolla actividad comercial, tomando como base imponible únicamente los ingresos brutos devengados en el Municipio de Quilmes.

Puntualmente, Esso cuestionó la intimación y la resolución de la Municipalidad, pues entendió que no se daban las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 35 del Convenio Multilateral. En este sentido, consideró que tal cláusula no era aplicable a tasas toda vez que, según afirmó, estas deben retribuir la prestación de un servicio público individualizado y guardar proporcionalidad con el “costo del servicio público efectivamente prestado como contrapartida por la comuna”. En este marco, subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad del referido artículo 35 del Convenio Multilateral al tachar de irrazonable que el poder tributario municipal pudiera desbordar su jurisdicción territorial, cuestionando que el municipio pretendiera cobrarle la TISH sobre una base imponible que alcanzaba a los ingresos devengados en otros municipios de la Provincia de Buenos Aires y en las que Esso no tiene local o establecimiento habilitado.

La SCBA había rechazado la demanda al tener por acreditada no solo la organización y puesta a disposición del servicio sino la prestación efectiva y directa en reiteradas oportunidades de los servicios.

La CSJN confirma la sentencia al sostener que el reconocimiento de la autonomía de los municipios importa, necesariamente, garantizar los medios para la subsistencia de los municipios.

En lo referido a la cuantificación del tributo, y específicamente en la selección de la base imponible, afirmó que no existen reparos de índole constitucional para recurrir a los ingresos brutos del contribuyente como indicador de capacidad contributiva y factor para el cálculo de la base imponible de un tributo como el considerado en autos, en tanto ello no derive en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas que afronta el municipio para organizar y poner a disposición el servicio.  La Corte destaca que, en su recurso extraordinario, la apelante no ha aportado argumentos tendientes a demostrar en concreto la irrazonabilidad o desproporción del tributo y que los cuestionamientos contra la constitucionalidad del artículo 35 del Convenio Multilateral son meramente conjeturales e hipotéticos y carecen de vinculación directa con la solución del caso.

Molinos Río de la Plata S.A. c/Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2/9/2021

El Fisco aplicó el principio de la realidad económica establecido en el artículo 2º de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias) y estimó que Molinos Argentina había utilizado de forma abusiva el “Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio” (en adelante el “CDI”) al recurrir a la sociedad holding chilena como “sociedad conducto”, para desviar el cobro de los dividendos originados en las acciones de las sociedades uruguayas y peruana hacia jurisdicción chilena, con el objeto de evitar al mismo tiempo el pago del Impuesto a las Ganancias en la Argentina y su similar a la Renta en Chile.

El Fisco consideró que la constitución de la sociedad holding en Chile por parte de Molinos Argentina fue con el único propósito de eliminar el gravamen y conducir el rendimiento obtenido en estados que no son parte del CDI -Uruguay y Perú- por intermedio del Estado con quien sí se ha celebrado el tratado de doble imposición y utilizando los beneficios que este ofrece -Chile-.

En el caso, Molinos Argentina, con la constitución de la sociedad holding en la República de Chile atribuyó potestad tributaria exclusiva a ese país quien, al dictar su norma de promoción de sociedades plataforma, decidió no ejercer su jurisdicción legislativa. En concreto, lo aquí debatido es la actitud que puede adoptar el Estado argentino frente a la decisión de un contribuyente de valerse, en un caso concreto, de esta legislación foránea para desvirtuar los fines del tratado bilateral suscripto y eludir sus obligaciones tributarias.

La CSJN a la luz de los principios de derecho público reconocidos en la Constitución, sostiene que ningún tratado internacional vigente en nuestro país puede ser invocado de forma abusiva, independientemente de la consagración expresa de una cláusula antiabusiva en el texto de ese mismo tratado.

En el caso, el desconocimiento de la forma jurídica empleada por la contribuyente llevado a cabo por el Fisco con base en diversas constancias probatorias de la causa, fue revisado por el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, quienes llegaron a conclusiones que no se advierten como irrazonables o desprovistas de fundamento de acuerdo a la doctrina excepcional de la arbitrariedad.  Algunos de los datos que fueron considerados en ese sentido en las instancias anteriores, y no refutados en el recurso extraordinario por parte de la contribuyente, apuntan a que: i) Molinos Chile fue constituida un año después de que la legislación chilena provocara un impacto en la dinámica del CDI; ii) esa sociedad remesaba inmediatamente las rentas giradas por las sociedades uruguayas y peruana, de manera que no permanecía en el patrimonio de la sociedad holding, al punto que -se ha sostenido- tampoco son destinadas, principalmente, a cumplir su objeto social; iii) no existía un convenio de doble imposición entre Argentina y los países de donde provinieron las rentas (Uruguay y Perú); iv) aun cuando el holding involucraba otras empresas domiciliadas en diferentes países (Chile, Suiza, Italia, Estados Unidos y España), el principal ingreso provenía de una de las sociedades uruguayas (Molinos Overseas S.A.) y no hubo ingresos sustanciales provenientes de Chile.

El supuesto de hecho en la causa no sería, entonces, a partir de la conducta de la actora, evitar la doble imposición sino procurar doblemente una no imposición, por lo que no se encontraría alcanzada por el ámbito de validez material del CDI interpretado de buena fe.

Capex S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/incidente de medida cautelar. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 26/8/2021

La empresa Capex S.A., en su carácter de titular de una concesión de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos en la Provincia del Neuquén, promueve acción declarativa de certeza contra esa provincia, a fin de que cese el estado de incertidumbre que le genera la pretensión de la autoridad local de percibir el pago de regalías hidrocarburíferas sobre la base de un precio superior al efectivamente facturado y cobrado en sus operaciones con terceros. La empresa requiere también el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de evitar la promoción de juicios de apremio y eventuales embargos.

Mediante el decreto 488/20 se dispuso que la liquidación y pago de las regalías del petróleo crudo entregado en el mercado local entre el 19 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, debía efectuarse en base al valor del petróleo crudo en boca de pozo fijado en el primer párrafo de la norma (u$s 45 por barril).

La empresa aduce que si bien ese precio de comercialización en el mercado local fue establecido en presunto beneficio de las empresas productoras -ya que fijó un precio sustancialmente superior a su valor real en el mercado interno e internacional-, resultó, en los hechos, sumamente perjudicial debido a la inexistencia de demanda local al precio fijado en la norma.

La CSJN desestima la medida cautelar solicitada, y señala que la evolución del precio internacional del petróleo crudo por barril con posterioridad al inicio de la obstan a la configuración de una situación que habilite, en este estado, a la admisión de la pretensión cautelar examinada. Remarcó que no se advierte que el mantenimiento de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz.

Fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario C/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 14/7/2021

La actora es un fideicomiso no financiero cuya actividad principal declarada es la de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. Su integración en el año 2009, constaba de 35 fiduciantes que revestían el carácter de beneficiarios que residían en el país y cuatro que lo hacían en el exterior.

La demandante presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias en los períodos 2009, 2010 y 2011, en tales documentos había declarado la totalidad de la renta obtenida y dedujo de su base imponible, vía ajuste impositivo que disminuye la ganancia contable, el importe atribuido a los beneficiarios residentes en el país, tributando, de tal modo, la alícuota del 35% sobre las rentas correspondientes a los beneficiarios que resultan residentes en el exterior.

El organismo recaudador inició la fiscalización del actor, que culminó con el dictado del acto ahora impugnado, por el cual la AFIP ajustó el tributo por los períodos fiscales arriba mencionados, gravando a la alícuota del 35% la totalidad de la renta obtenida por el fideicomiso.

El Fisco Nacional entendió que el fideicomiso debía aplicar la alícuota del 35% sobre la totalidad de la renta obtenida, ya que la normativa no había previsto la posibilidad de que se realizaran liquidaciones proporcionales, de modo tal que si coexisten fiduciantes-beneficiarios residentes argentinos con otros no residentes, el sujeto pasivo del impuesto es el fideicomiso.

La Procuradora sostiene que la postura asumida por el Fisco carece de adecuado sustento legal pues de los arts. 49, 50 y 69 de la ley del Impuesto a las Ganancias (texto vigente a la fecha de los hechos de la causa) no se desprende que la mecánica del impuesto establecida en relación con los fiduciantes-beneficiarios que residan en el país se encuentre condicionada a que todos los integrantes del fideicomiso tengan residencia dentro del territorio nacional.

BMW De Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 2/9/2021

BMW Argentina SA presentó una declaración jurada rectificativa de IVA, correspondiente a los períodos fiscales agosto 2012 y septiembre 2012 en la que reimputó un saldo a favor. Luego procedió a dar de baja un crédito declarado en el mes de septiembre de 2012 y lo exteriorizó en la declaración jurada del período agosto 2012.

La AFIP dispone el rechazo de la declaración jurada rectificativa del IVA período agosto 2012, al sostener que la disminución del saldo no resulta consecuencia de un error de cálculo, sino de uno conceptual.

La Cámara concluye que las equivocaciones cometidas por el contribuyente en la DDJJ original son atribuibles a errores materiales no sustanciales y, por ende, encuadran dentro de la excepción establecida en el art. 13 de la ley 11.683, ello, por cuanto la Declaración Jurada Rectificativa del Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 08/2012 fue confeccionada de conformidad con los hechos realizados por el contribuyente, los cuales se encuentran documentados. De manera que estamos frente a una inexactitud cometida al determinar la base imponible.

Además, debe advertirse que, no existiendo alteración alguna de la obligación tributaria, el hecho de exigir al contribuyente que recurra a la vía de la repetición para salvar una equivocación como la descripta constituye un ritualismo inútil que no está contemplado en la norma bajo consideración.

Por lo demás, la solución adoptada se condice con la correcta aplicación del principio de realidad económica, principio rector del derecho tributario, en virtud del cual siempre debe prevalecer la realidad por sobre las formas para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible impone.

Compañía General de Combustibles SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Proceso de Conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V. 12/8/2021

El juez a-quo rechazó la demanda promovida por la firma Compañía General de Combustibles SA contra AFIP-DGI, y confirmó la Resolución través del cual se había rechazado su solicitud de acogimiento al beneficio de exención para “contribuyentes cumplidores” previstos por el artículo 63 de la Ley N° 27.260, mediante la que se estableció un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras.

La accionante cumplió con los requisitos sustanciales legalmente previstos para el acceso al beneficio, pero invocó un error de interpretación en cuanto al trámite aplicable, en tanto había considerado que la declaración jurada de confirmación de datos (efectuada en tiempo y forma en los términos del artículo 85 del citado plexo legal) conllevaba los beneficios previstos en el titulo III del Libro II de la referida norma.

La Cámara revoca la sentencia ya que la postura del Fisco, al denegar el pedido de la actora adolece de un excesivo rigor formal que desnaturaliza el beneficio legal en estudio e implica un apartamiento de la aplicación racional de la norma, que se traduce en este caso en la frustración del derecho concedido por expresa voluntad del legislador.

Riera, Juan Bautista c/ ENM HACIENDA-AFIP s/Proceso de Conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V. 29/6/2021

El juez a-quo  rechazó la medida cautelar solicitada por el actor tendiente a que se ordenara a la AFIP a suspender las retenciones del impuesto a los bienes personales, en particular los referidos a los vencimientos del 16/11/20 y 26/11/20 (y las posteriores que se realicen), toda vez que los bienes que posee “son producto o tienen origen mediato o inmediato en la indemnización recibida con motivo del accidente que lo tornó incapaz.

La Cámara confirma el rechazo de la medida cautelar ya que si  bien el accionante fundó su postura en que los gastos de subsistencia derivados de su condición, y los tratamientos médicos que debería afrontar, pero no indica en qué medida tales anticipos menoscaban su patrimonio. 

Neumeister Guillermo Luis. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala D 6/3/2020

El actor apela las resoluciones por las que la AFIP-DGI determinó de oficio los Impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales del periodo fiscal 2006, reconoce ser titular junto a su esposa de una cuenta radicada en una entidad bancaria de Suiza y copropietarios de los activos financieros allí depositados, haciendo notar que en el periodo 2006 ambos eran residentes permanentes en los Estados Unidos de América.

Alega la existencia de una doble residencia teniendo como premisa básica que mantenía vivienda permanente en nuestro país por resultar titular de un inmueble, y manifiesta que tanto la vivienda permanente como el centro de intereses vitales se encontraba en Estados Unidos.

El TFN confirma las resoluciones apeladas, dado que su comportamiento no ha sido el de un no residente fiscal, ya que en el periodo fiscal cuestionado mantuvo en forma efectiva y real actividades empresarias en el país, como socio gerente de una S.R.L., actividades por las cuales declaró  ingresos de fuente argentina - honorarios-, computó deducciones personales, las previstas en el art. 23 de la ley, que corresponden únicamente a los residentes, declaró consumos en gastos personales -y eventualmente de su grupo familiar- y tenencia de dinero en efectivo y en pesos en el país, actos propios que, revelan el acaecimiento en el caso del supuesto de residencia de hecho previsto en la RG AFlP N° 1621/2004, reglamentaria del art. 125 de la ley del gravamen.