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Regulaciones Nacionales

Bio Bahía S.A. c/ Estado Nacional -AFIP s/Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Juzgado Federal de Bahía Blanca 2. 6/2021

Bio Bahía SA interpone una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la AFIP a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 194 de la ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias (Decreto 824/2019) en cuanto dispone el diferimiento del ajuste por inflación del Título VI de la LIG correspondiente al ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2019, estableciendo que un sexto (1/6) de dicho ajuste se impute en el periodo fiscal 2019, y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes.

El juez admitió la acción facultando al actor a la aplicación del ajuste por inflación en relación al Impuesto a las Ganancias a tributar computando el 100% del ajuste (aplicación integral), sin tener que hacerlo utilizando el mecanismo impuesto por el art. 194 de la ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias (Decreto 824/2019) en cuanto dispone el diferimiento en sextos en relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019, en la medida en que el impuesto a ingresar insumía una porción sustancial de las rentas y excedía cualquier límite razonable.

AFIP c/ Oleoducto Trasandino Argentina S.A. s/ejecución fiscal – AFIP. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5/8/2021

El Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias rechazó las excepciones de inhabilidad de título e inconstitucionalidad planteadas por Oleoducto Trasandino Argentina S.A. y mandó llevar adelante la ejecución fiscal promovida en concepto de intereses resarcitorios, ya que, si bien la presentación de la declaración jurada antes de su vencimiento general libera al contribuyente de abonar los anticipos no ingresados (en tanto no hayan sido deducidos de dicha declaración), ello no modifica el reclamo de los intereses resarcitorios, pues se trata de una consecuencia derivada de la falta de ingreso de tales anticipos en los plazos legales fijados para ello. 

La CSJN revoca la sentencia, ya que el art. 21 de la ley 11.683 (t.o. de 1998) predica que el fisco se encuentra facultado para exigir anticipos, aun cuando se hubiese presentado la declaración jurada con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo general. Sin embargo, no resulta razonable extender dicha consecuencia jurídica a los casos en los que la mentada declaración es presentada también con anterioridad al vencimiento del propio anticipo, ya que en tales supuestos cesa la función que este cumple en el sistema tributario como pago a cuenta del impuesto y nace, a partir de dicha oportunidad, el derecho del Fisco a percibir el gravamen.

Colorantes Industriales Argentina S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5/8/2021

Colorantes Industriales Argentina S.A. promueve acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires y su agencia de recaudación tributaria (ARBA), a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión de cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la empresa por las operaciones de comercio internacional que realiza.

La empresa explica que compra insumos a proveedores de la India que luego vende a terceros, en forma electrónica, desde las oficinas situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras oficinas, operaciones que se realizan sobre mercaderías que se encuentran fuera del ámbito territorial tanto provincial como nacional ya que la reventa se produce cuando la mercadería está en tránsito antes de la nacionalización aduanera.

La CSJN se declara incompetente para conocer en la causa por vía de su instancia originaria, ya que solo procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa y la actora efectúa un planteamiento conjunto de un asunto de naturaleza federal con uno de orden local que estaría directa e inmediatamente relacionado, de manera sustancial, con la aplicación e interpretación del artículo 182 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que integra el derecho público local. 

Swiss Medical SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala V. 8/2021. 

En el caso fue cuestionada la declaración jurada presentada por la firma actora, relativa al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, en tanto el Fisco consideró que se habían deducido gastos calculados en exceso, por cuanto no se había considerado el coeficiente de prorrateo correspondiente.

Concretamente, se cuestionó la falta de inclusión en el numerador de la suma de 3.522.399 pesos, relativa a los dividendos percibidos, los cuales sobre el total de ingresos de la sociedad para ese período fiscal arrojan un coeficiente de prorrateo de 0,000638575 que incrementa la suma representativa de los gastos no deducibles a 543.226 pesos, de modo tal que se eleva en la misma medida la ganancia neta sujeta a impuesto y; en tanto en el caso concreto el impuesto debido es absorbido en su totalidad como consecuencia del cómputo de retenciones y/o percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta declarados, se generó un nuevo saldo a favor del contribuyente, disminuido en 190.129 pesos, de 39.558.941,04 pesos.

Las posiciones de las partes discrepan en orden a la procedencia de incluir o no, en el numerador de la ecuación a los dividendos.

La Cámara rechaza la postura de la sociedad actora al sostener que no se advierten razones válidas para justificar la deducción de un gasto tendiente a obtener, mantener o conservar una renta que, por su carácter no computable, no es incluida en los ingresos que conforman la ganancia neta sujeta a impuesto y sobre la cual se calcula la obligación tributaria.

Matadero y Frigorífico Federal S.A. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala B. 16/4/2021

El contribuyente apeló la resolución mediante la cual se aplicó una multa en los términos del artículo 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683 correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el Período Fiscal 2005. Luego manifiesta que se ha acogido a los términos de la ley 27.541, por la determinación de oficio practicada por la AFIP, y solicita que se resuelva la condonación de la sanción recurrida. 

El Fisco sostiene que no procede el beneficio de condonación que solicita la actora habida

cuenta que no ha dado cumplimiento con la exigencia dispuesta por la R.G. 4667/2020, art. 4º inc c) y R.G. 4816/2020 art. 5º.

El TFN declara la multa alcanzada por la condonación, ya que, en el caso, no resulta exigible la presentación de una “declaración jurada determinativa” pues la obligación ya ha sido determinada de oficio por el propio Organismo Fiscal, habiéndose dado cumplimiento a la misma mediante la incorporación del monto determinado en un plan de facilidades de pago.

Funes de Rioja Daniel s/Apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala B, 9/06/21

El Fisco cuestionó los préstamos de dinero que la sociedad argentina ACC Group SA le otorgó al contribuyente en diciembre de 2011 y en mayo y junio de 2012 con fondos que la mencionada sociedad había recibido de quienes eran en ese entonces sus accionistas del exterior (ICT Group Netherlands B.V. e ICT Group Netherlands Holding B.V.) y decidió imputarle un incremento patrimonial no justificado en función de la aplicación del principio de la realidad económica regulado en el artículo 2° de la Ley N°11.683. 

El TFN entiende que el Fisco se limita a poner en sospecha las operaciones realizadas por diversos actores que intervinieron en distinto procesos y en distintos momentos, pero sin lograr acreditar de un modo suficiente cuáles son los datos inexactos en la documentación ni logra probar cuales fueron las formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias que se valió el contribuyente recurrente.

Pero ello no implica que su conducta quede impune, pues el contribuyente ha aceptado su omisión en el ingreso debido del gravamen en cuestión, mediante la aceptación del ajuste fiscal con la presentación de la declaración jurada rectificativa, sin haber probado la existencia de un error excusable de entidad suficiente como para eximirse de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11683, por lo que corresponde reencuadrar su conducta en la infracción prevista en esta norma legal, en su mínimo legal, con la reducción a un tercio prevista en el artículo 49 de la ley ritual.

Rinorm S.R.L. s/ recurso de apelación, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, 30/06/21

Se interpuso recurso de apelación contra la resolución que determinó de oficio con carácter parcial la materia imponible y la obligación impositiva del contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado, con relación a los periodos fiscales 5/2014 a 4/2016 con más intereses resarcitorios. 

El Fisco opone la improcedencia formal de recurso por extemporáneo.

EL TFN hace lugar a la improcedencia formal opuesta por la representación fiscal, ya que mediante la Resolución Nº 30/2020 de fecha 28/07/2020, decidió levantar la feria extraordinaria y dejar sin efecto, a partir del 10/08/2020 la suspensión de plazos dispuesta en los expedientes electrónicos sin perjuicio de las facultades del juez/a instructor/a de disponer nuevamente su suspensión de modo fundado y mantener la feria extraordinaria -y consiguiente suspensión de plazos- respecto de todos los expedientes que tramitan en soporte papel. 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas C/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo.  Juzgado Federal de Santa Rosa. 07/07/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La Pampa solicitó una medida cautelar a fin de que se ordenase la suspensión de los efectos de la Resolución General AFIP 4838/2020, respecto de los matriculados en la Institución actora, hasta que recaiga sentencia definitiva.

El Juez hace lugar a la medida cautelar solicitada, y suspende la RG4838/20 de la AFIP para los matriculados en dicha Institución, por el plazo de 6 meses conforme lo prevé el art. 5 de la ley 26.854 o hasta que se dicte sentencia definitiva, ya que considera que la Resolución cuestionada, en principio vulneraría el deber de confidencialidad y secreto profesional al que se deben los contadores para con sus clientes, conforme lo dispuesto por el Código de Ética Unificado. Ello, por el mero hecho de tener que comunicar a la AFIP las planificaciones fiscales dado el extenso alcance de éstas, y porque dicha información, una vez puesta a disposición del organismo fiscal, no podría ser subsanada o corregida, más teniendo en cuenta que una planificación fiscal, puede ser mutada.

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de Salta Asociación Civil c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/amparo colectivo. Juzgado Federal de Salta - Nº 1. 13/8/2021

El Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de Salta, Asociación Civil (CGCES)  interpuso acción de amparo contra la AFIP, a fin de hacer cesar el agravio a los derechos y a los perjuicios que irroga a los profesionales en Ciencias Económicas, nucleados y representados por dicha institución, el cumplimiento obligatorio que implica el dictado de la Resolución General (AFIP) N°4838/2020 (BO 20/10/2020) en cuanto establece un “Régimen Informativo de Planificaciones Fiscales Tributarias”. 

El juez hace lugar a la medida cautelar solicitada y ordena a la AFIP que se exceptúe a los profesionales en ciencias económicas nucleados y representados por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta de la carga de cumplir con lo dispuesto en la mencionada Resolución General en cuanto sujetos obligados a informar una planificación fiscal en los términos del inciso 2) del art. 6, por el plazo de tres meses. 

Nucete, Rafael Manuel c/ AFIPDGI s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad. Cámara Federal de Mendoza. Sala B. 8/2021

El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia que rechazó la medida cautelar por la que por la que solicitaba se ordene a la AFIP la suspensión de los efectos de la Ley 27.605, y en su mérito, que se abstenga de iniciar cualquier tipo de reclamo, administrativo y/o judicial, derivado de la aplicación del Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia sobre los bienes que conforman el patrimonio.

La Cámara hace lugar parcialmente a la medida cautelar y la circunscribe únicamente al aporte que grava los bienes situados en el exterior (art. 5° de la ley 27.605) y por un plazo determinado de cuatro meses contados a partir de la notificación de la demandada, ya que entiende que la alícuota diferencial aplicada a los bienes en el exterior provocaría una manifiesta absorción de la renta teórica que aquellos generan, la cual arroja un resultado negativo ($ 22.389.347,29), que resulta confiscatorio a la luz de la doctrina emanada en la causa Candy S.A. 

Por el contrario no ocurre lo mismo respecto a la aplicación de las alícuotas fijadas en el art. 4° de la ley 27.605 sobre bienes en el país, toda vez que el pago de ese aporte ($ 5.443.408,14), en este caso concreto, podría ser afrontado con las rentas teóricas generadas con los activos nacionales ($ 32.668.448,79), sin existir entonces confiscatoriedad en este punto (el aporte implicaría un 16,66% sobre las rentas teóricas nacionales).