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Regulaciones Nacionales

INC SA c/ DGI. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15/7/2021

La AFIP determinó de oficio la obligación tributaria de Supermercados Norte S.A. (antes Supermarkets Acquisition S.A., hoy INC S.A.) en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 1998 y 1999, ajustó los quebrantos declarados en 2000 y 2001, liquidó intereses resarcitorios y aplicó multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 por el período fiscal 1999.

La posición del Fisco Nacional se fundó en considerar que la empresa había deducido improcedentemente intereses y gastos originados en la emisión de obligaciones negociables, en los términos de la ley 23.576 ─con las modificaciones introducidas por la ley 23.962─, pues según el criterio del organismo recaudador la operación no se encontraba destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Para ello tuvo en cuenta que los fondos obtenidos mediante la colocación de los referidos títulos habían sido aplicados a la refinanciación de la deuda que la empresa había contraído previamente para cancelar el precio de compra de la totalidad del paquete accionario de Compañía Americana de Supermercados S.A. (CADESA).

El TFN y la Cámara revocaron el ajuste, sosteniendo que la deducción de los conceptos impugnados era correcta, pues de la escritura que formalizó la fusión por absorción de CADESA por parte de Supermercados Norte S.A. surgía que el objeto social de esta última incluía las actividades financieras y de inversión, “entre las que están la emisión de obligaciones negociables”. 

La CSJN, contrariamente a la conclusión a la que había llegado el TFN, sostiene que la aplicación del “principio de pertenencia” o “principio de afectación patrimonial” en materia de deducción de gastos que surge del inc. a del art. 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias no queda limitada a las personas físicas y sucesiones indivisas, sino que también se aplica a los sujetos “de la tercera categoría” o “empresa”, los que, en consecuencia, no se encuentran autorizados para deducir sus gastos en forma promiscua según lo propone la tesis de la “universalidad del pasivo”.

Asimismo, la Corte afirma que la pretensión de la empresa actora tampoco resulta viable bajo la ley de obligaciones negociables ya que resulta inadmisible la deducción de los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables.  Agrega que tales sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de actividades productivas de Supermercados Norte S.A., sino a cancelar el precio de compra de las acciones de CADESA a su anterior dueño, incumpliendo los requisitos establecidos por la ley 23.576, modificada por la ley 23.962.

GCBA c/ BT Latam Argentina SA s/ejecución fiscal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 8/7/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revocó la sentencia que había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta y había rechazado la ejecución fiscal promovida por el GCBA en concepto de "contribución por ocupación del subsuelo de la vía pública" (art. 342 del Código Fiscal) por los períodos 2009 a 2013.

La CSJN hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por la empresa demandada, ya que la ejecutada contaba, durante los periodos de este juicio, con el título o certificado pertinente para operar los servicios de telefonía local, de larga distancia nacional e internacional y ello le permitía instalar y ampliar sus medios y sistemas de telecomunicaciones; que asimismo,  el art. 39 de la ley 19.798 reservó - para la ubicación de dichas instalaciones y redes- un uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, y estableció que el referido uso "estará exento de todo gravamen".

Molinos Agro S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15/7/2021

La CSJN declara su incompetencia para conocer por vía de su instancia originaria en la acción que interpuso Molinos Agro S.A. contra la Provincia de Córdoba, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión tributaria de la demandada consistente en incluir en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al producido de las ventas de granos comprados en su territorio pero procesados en Santa Fe y exportados desde un puerto aduanero ubicado en esta última provincia.

Si bien la demandante ha declarado expresamente que no cuestiona en esta causa la validez constitucional del artículo 178 del Código Fiscal de la Provincia de Córdoba, sin embargo, esta disposición constituye el fundamento legal principal de los actos dictados por el fisco para determinar la obligación tributaria contra la cual se dirige la demanda.  Por ello, la solución de la controversia no podrá eludir la interpretación del artículo 178 citado, en su condición de norma legal aplicada e incontrovertida, para así establecer su aplicabilidad o no a las circunstancias de hecho descriptas en la demanda.  En consecuencia, esta causa no es de aquellas regidas directa y exclusivamente por el derecho federal tal como es definido en el artículo 116 de la Constitución.

Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 8/7/2021

Telmex Argentina SA -licenciataria de distintos servicios de telecomunicaciones- promovió acción declarativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con la finalidad de que se despeje el estado de incertidumbre que -a su entender- existe con relación a la legalidad de la intimación que le cursó la demandada por el cobro de $ 3.288.403,80 (períodos fiscales 2007/2008), en concepto del “gravamen por la ocupación y/o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública”. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó la demanda.

La CSJN declara formalmente procedente el recurso extraordinario, y revoca la sentencia apelada, ya que mal podría considerarse que el legislador ha circunscripto la dispensa únicamente al servicio público de telecomunicaciones conocido al momento de promulgación de la Ley 19.798, en el mes de agosto de 1972, impidiendo que ella abarcase también a los demás servicios que, producto de la innovación tecnológica en la materia, pudieran inventarse.

El Dr. Rosatti en su voto en disidencia sostiene que la actora lejos de justificar y acreditar cuál sería eventualmente la interferencia o incompatibilidad del tributo local con el fin de utilidad nacional, se limitó a sostener que el artículo 39 de la ley 19.798 la libera del gravamen local sin ningún tipo de condicionamiento. Admitir una lectura con esos alcances supone convalidar que la mera incidencia económica que acarrean las normas locales sobre las actividades o establecimientos sujetos a jurisdicción federal alcanza para demostrar una frustración al interés nacional; derivando tal proposición en un inadmisible quebrantamiento del diseño constitucional (arts. 31, 75 inc. 30, y cctes., de la Constitución Nacional).

Petroarsa S.A. C/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 7/2021

Se trata de una causa en la cual todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán revocó el pronunciamiento que había declarado la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley local 8.834.  Para así decidir, recordó que el citado precepto incrementa la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en función de los ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, lo cual -en criterio de la Cámara- colisionaba con el requisito de sustento territorial del tributo y constituía un exceso del Fisco local. La actora interpuso recurso extraordinario contra dicha decisión.

La Procuradora de la Nación recomienda revocar la sentencia y ordenar que se dicte una nueva según lo que ella dictamina. En ese sentido, concluye que los ingresos generados por actividades desarrolladas fuera de la Provincia de Tucumán -en tanto se trata de una riqueza ajena al alcance de las potestades tributarias de dicha provincia- no pueden ser tenidos en cuenta para cuantificar el monto de la obligación tributaria devengada por la actividad desempeñada dentro de esa provincia -única que puede ser gravada por la jurisdicción-, sea que pretenda considerárselos para formar la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o bien para graduar su alícuota.

Barreyro, Eduardo Daniel c/ EN-AFIP s/Amparo Ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala V. 7/2021

El actor dedujo acción de amparo contra la AFIP a fin de que se le brinde información relativa a los datos económicos que le proporcionaron las empresas y la persona física que detalló a los efectos de la concesión de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) creado por medio del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios y el detalle de los beneficios que se otorgaron a la cada uno de ellos.

El Juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y la Cámara confirma la sentencia. En efecto, la información solicitada por el actor, tiene por objeto ejercer el control del manejo de los fondos públicos por parte de los funcionarios encargados de llevar adelante la política de protección de la producción y el trabajo en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Por otro lado, dicha información no está referida a datos brindados por los contribuyentes a los fines de la determinación y percepción de tributos y por ese motivo no debe estar alcanzada por el “secreto fiscal” previsto en el artículo 101 de la Ley Nro. 11.683.

Kelly, Guillermo Alejandro c/ EN - AFIP - ley 27.605 s/ proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala II. 2/7/2021.

El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada contra el Estado Nacional - AFIP, a fin de que se declarare la inconstitucionalidad de la ley 27.605, por la cual se estableció el aporte solidario y extraordinario destinado a ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.

La Cámara confirma la sentencia ya que no se encuentra acreditado el peligro en la demora, en tanto no se advierte el acaecimiento inminente del inicio del procedimiento compulsivo de cobro por parte del organismo fiscal, y en consecuencia, la posibilidad de inicio de la ejecución fiscal y posteriores consecuencias derivadas de ello, (tales como, en el caso de obtener una sentencia de fondo favorable a su pretensión en las presentes actuaciones y tener que recurrir a un juicio de repetición a los efectos de obtener la devolución de lo pagado al ente fiscal), no se vislumbra, a la fecha, como un factor de riesgo susceptible de acontecer de manera inmediata o tan siquiera inminente.

Exterran Argentina SRL c/ EN - AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala IV. 15/7/2021.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda que promovió Exterran Argentina SRL contra la AFIP-DGI y declaró el derecho de la actora a repetir las sumas que había abonado en forma indebida en concepto de Impuesto a las Ganancias respecto de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, en tanto constituía un ingreso sin causa por no haber aplicado el ajuste por inflación que prevé la ley del tributo.

La Cámara confirma la sentencia que había aplicado la jurisprudencia sentada por la CSJN en los autos “Candy”. Al respecto, la pericia contable obrante había informado que de no ser aplicable el ajuste por inflación las alícuotas efectivas del Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2010 y 2012 serían del 123,18% y 100,7%, respectivamente.

Telefónica de Argentina S.A. c/ En-AFIP-DGI s/ Proceso de Conocimiento. Contencioso Administrativo Federal. Sala IV. 04/05/2021   

La AFIP interpuso recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por Telefónica de Argentina S.A. y declaró la inaplicabilidad a su respecto del art. 39 de la ley 24.073 y de cualquier otra norma legal o reglamentaria (art. 4° de la ley 25.561 y art. 5° del decreto 214/02) que impidiera aplicar el “ajuste por inflación impositivo” previsto en la Ley del Impuesto a las Ganancias con relación al ejercicio fiscal 2015.

La Cámara confirma la sentencia aplicando la jurisprudencia sentada por la CSJN en los autos “Candy” y con respecto a la crítica del Fisco referida a la imposibilidad de aplicar dicho precedente al caso, toda vez que el resultado contable —período fiscal 2015— de la compañía no se encontraba ajustado por inflación, destaca que la cuestión debatida en el caso es la confiscatoriedad de la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias, que se determinó sobre el resultado impositivo y fue debidamente acreditada por la pericia contable, circunstancia que sella la suerte adversa del agravio formulado por el Fisco Nacional.

Fonerio SA c. AFIP DGI s/ Acción mere declarativa de inconstitucionalidad - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 07/05/2021

La empresa actora interpuso una acción declarativa de certeza tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, sustituido por la ley 27.468 y del segundo artículo sin número incorporado a continuación del art.118 de la referenciada ley impositiva, en tanto y en cuanto impiden la aplicación íntegra del ajuste por inflación en su declaración jurada en el Impuesto a las ganancias, respecto al ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2019. En este contexto, solicita cautelarmente que la accionada se abstenga de iniciar acciones legales (o suspenda, en caso de haberlas ya iniciado), reclamando la diferencia del impuesto en cuestión, que resulte de la no aplicación íntegra del mencionado ajuste.

La Cámara hace lugar a la medida cautelar peticionada, conforme surge de la certificación contable acompañada, la alícuota efectiva del tributo a ingresar de no aplicarse el ajuste por inflación impositivo solicitado no sería del 30%, sino que representaría el 747% del resultado impositivo ajustado, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2019. Y aun considerando 1/3 de dicho ajuste –conforme el segundo artículo sin número incorporado a continuación del art.118 de la ley de ganancias- sería del 507.95%, sobre el resultado impositivo ajustado por el mecanismo inflacionario.

Patagonia Meat SA (TF 14205567-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo.  Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala II. 15/6/2021

La firma actora promovió una acción de amparo por mora, contra la A.F.I.P. – D.G.I., a efectos de que se librara una orden de “pronto despacho” judicial, emplazándola a que procediera al pago de la suma de dinero que se originaba en la falta de pago en tiempo y forma de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado ingresadas a la A.F.I.P. por operaciones de exportación, para su liquidación e integración. Ello así, destacó que, a pesar de encontrarse autorizados los desembolsos correspondientes, vencidos los plazos para hacerlo y debidamente intimada la demandada, los mismos no fueron efectivizados.

La Cámara rechaza la acción, ya que lo pretendido excede el cauce formal de la acción intentada, en tanto el amparo por mora persigue simplemente que la Administración cumpla con su deber de resolver, no está́ orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto y se dirige a compeler a la expresión de la voluntad administrativa ya sea que se trate de un trámite o de una diligencia que se encuentre a cargo de los operarios del Fisco.

Frigorífico Lamar SA c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva.  Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala V. 08/07/2021

El Fisco había objetado la veracidad de las compras de ganado equino en pie realizadas por la firma Frigorífico Lamar S.A. a diversos proveedores y, en consecuencia, le había denegado el derecho a la acreditación y devolución del crédito fiscal respectivo, solicitado en los términos del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado por el decreto 280/97).

La Cámara hace lugar a la demanda ya que la actora produjo un principio de prueba demostrativo de la realidad de las adquisiciones, es decir, se presentaron las facturas al solicitar el reintegro de IVA, se hallaban asentadas en los registros contables y, según lo informado por el perito contador, fueron canceladas mediante transferencias bancarias y ello resulta además de los extractos, también se encuentran agregadas las liquidaciones de compra, los documentos relacionados al traslado de la hacienda cuyos datos se corresponden con lo consignado en las liquidaciones de compra, en los extractos bancarios y en los remitos de recepción de hacienda, así como también están agregadas las copias de las retenciones practicadas en cada uno de los casos.

De modo que al Fisco le incumbía demostrar que el precio y, en particular, el Impuesto al Valor Agregado, no habían sido pagados ni retenidos. Para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba.