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Regulaciones Nacionales

Giorno SA c/ AFIP – DGI s/ varios. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 24/6/2021

La Cámara había hecho lugar a la acción declarativa interpuesta por Giorno S.A. contra la AFIP,  había declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073 y del art. 5º del decreto 214/02 y había ordenado aplicar el mecanismo de ajuste por inflación a las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de la actora correspondientes a los períodos fiscales 2002 a 2008. Contra esta resolución, la AFIP interpuso el recurso extraordinario.

La CSJN deja sin efecto la decisión recurrida y ordena que se dicte un nuevo fallo en el que se deberá determinar la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación, considerando individualmente la alícuota efectiva del tributo para cada uno de los ejercicios contables del período cuestionado.

La CSJN recordó que a fin de verificar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, en el precedente ‘Candy S.A.’ en momento alguno consideró, como lo hizo el tribunal de grado, que la afectación pudiera determinarse a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con el patrimonio neto del contribuyente.

FIA y otro c/ EN -M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/6/2021

La CSJN sostiene que es correcta la decisión del a quo de ordenar el suministro a la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas) de la información referida a las sumas abonadas a dos empleados de la AFIP por no tratarse de información amparada por la reserva del secreto fiscal.

Distinto es el caso de otras dos solicitudes que comprenden informes, dictámenes, resoluciones, copias de declaraciones juradas, información obrante en las bases de datos de la AFIP, etc. sobre distintas personas físicas y jurídicas, ya que al declarar la inaplicabilidad de la normativa interna de la AFIP sobre el secreto fiscal y ordenar poner a disposición de la FIA la información solicitada, la sentencia impugnada creó una excepción al secreto fiscal que no se encuentra prevista en el artículo 101 de la ley 11.683, motivo por el que debe ser descalificada como acto jurisdiccional constitucionalmente sostenible a la luz de la doctrina de la arbitrariedad.

Osram Argentina SACI c/ EN-AFIP-DGI Resol 30/11 s/ Dirección General Impositiva. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/6/2021

La Cámara había considerado inaplicable el art. 4° de la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, en cuanto establece una tasa de interés del 6% anual para la repetición de los tributos pagados en exceso. Por otra parte, había ordenado la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA sobre el crédito del actor, sosteniendo que la tasa fijada por el mencionado reglamento implicaba un perjuicio económico injustificado para el actor, al recibir los importes adeudados con un interés inferior a las variaciones del índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC.

La AFIP dedujo el recurso extraordinario ya que la Cámara, al ordenar la aplicación de la tasa pasiva invadió competencias reservadas por la Constitución Nacional al Poder Legislativo y al órgano ejecutivo de Gobierno.

La Procuradora Fiscal en su dictamen entiende que resultan atendibles los argumentos que dedujo la AFIP, y que la Cámara incurrió en exceso de jurisdicción.  Sin embargo, la CSJN rechaza el recurso extraordinario. 

San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional de s/ incidente de medida cautelar. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 27/5/2021

La CSJN declaró que le corresponde a su competencia originaria una causa en la cual la Provincia de San Luis se agravia de las consecuencias del Decreto 566/19 que modifica el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y, por lo tanto, la base de cálculo para la liquidación y pago de la coparticipación tributaria que le corresponde (conf. arto 75, inc. 2, la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional y el art. 4' de la ley 23.548).

Materia, Ana Cecilia c/ AFIP - DGI s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad. Juzgado Federal de Mar del Plata N°4. 21/5/2021

La contribuyente interpone una medida cautelar por la que persigue que la A.F.I.P.-DGI se abstenga, hasta tanto se resuelva la acción en forma definitiva, de iniciar fiscalizaciones impositivas, o dictar cualquier otro acto por el que se pretenda hacer exigible el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el tributo creado por la Ley 27.605.

El juez entiende que se encuentra acreditada prima facie la verosimilitud en el derecho, ya que se acreditó mediante certificación contable que de tener que abonar el “Aporte Solidario” la contribuyente se consume el ciento por ciento de su rentabilidad del período 2020 y además debe utilizar el capital.

Ratifica su postura porque si se analiza el Impuesto sobre los Bienes Personales que grava la misma capacidad contributiva, la alícuota efectiva (aporte solidario) sobre la renta del año 2020 es mayor. De la certificación contable surge que el impuesto creado por la Ley 27.605, asciende a la suma de $ 13.996.728,25 y la renta obtenida por el ejercicio 2020 es $10.259.137,01, configurando una tasa efectiva sobre el rendimiento obtenido del 136,43 %. Sumado a ello, debe abonar el Impuesto sobre Bienes Personales en la suma de $ 6.851.253,33, que es una tasa efectiva del 66,78% de la renta del ejercicio.

Sucesión de Cafaro, Antonio Guido c/ EN - AFIP s/Proceso de Conocimiento.  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6.  5/2021

El contribuyente demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional - AFIP, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.605, de su decreto reglamentario 42/2021 y de la RG AFIP 4930/2021, mediante la cual se estableció la obligación de abonar un Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia que -a su entender- resulta confiscatorio del patrimonio hereditario, desproporcionado, irrazonable e injusto. También solicita que se disponga cautelarmente la suspensión de los efectos de la mencionada ley. 

El juez rechaza la medida cautelar, ya que no se ha acreditado -en este caso- que el pago del aporte en cuestión pueda causar graves daños que luego no puedan repararse, ni se ha probado que tal circunstancia afecte de manera significativa su patrimonio.

C., P. R. y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos  s/Acción Mera Declarativa de Inconstitucionalidad. Cámara Federal de La Plata. 15/6/2021

El actor solicitó el dictado de una medida cautelar por medio de la cual se lo autorice a transferir la suma mensual de doscientos cincuenta euros -para el pago de la obligación alimentaria respecto de sus hijos que viven en España-, según la cotización oficial y sin la aplicación de las alícuotas del 30 % y del 35 % establecidas por la ley 27.451 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública), su decreto reglamentario y la Resolución de la AFIP 4659/2020.  El juez de primera instancia había resuelto la medida de manera favorable en los términos requeridos.

Contra dicho pronunciamiento, el representante del BCRA interpuso recurso de apelación.  La Cámara revoca la decisión apelada, ya que la petición no puede subsumirse en ninguna de las situaciones de excepción previstas en la normativa citada, lo que permite determinar la inexistencia en el caso de la verosimilitud en el derecho.

En efecto, no se ha demostrado que la retención del Impuesto “País” y del Impuesto a las Ganancias sobre la operación que debe realizar -adquisición de moneda extranjera- derive en un perjuicio de magnitud tal como para convertir en ineficaz la eventual sentencia a dictarse.

Telecom Ventures de Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo.  Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala IV. 10/6/2021

La empresa actora había cancelado en su totalidad la obligación principal que había dado lugar a la multa aplicada, con anterioridad a la vigencia de la ley 27.541. El juez a quo declaró condonada la multa, ya que el art. 12 de la citada ley prevé el beneficio de condonación de pleno derecho de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30/11/19 (fecha posteriormente prorrogada por la ley 27.562 hasta el 31/07/20), siempre que no se encontrasen firmes y la obligación principal hubiese sido cancelada a la fecha de entrada en vigencia.

La AFIP indicó que según lo dispuesto por el art. 28 de la RG 4816, el beneficio de condonación automática de multas requiere que el contribuyente se encuentre comprendido en el art. 8° de la ley 27.541 y en el art. 4° de la RG 4816, “es decir que no posea activos financieros en el exterior o en caso de poseerlo sus socios o accionistas directos o indirectos con un porcentaje no inferior al 30% procedan a la repatriación de por lo menos el 30% del producto de su realización”.

Ello así, manifestó que de acuerdo a la información obrante en la base de datos denominada “Sistemas Tributarios”, había podido constatar que la actora contaba con un activo financiero en el exterior; circunstancia que acreditaba el incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para gozar del beneficio de condonación allí previsto.

La Cámara confirma la sentencia, ya que la condición de repatriación a la que refiere el art. 8° de la ley 27.541 se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos que pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios previstos para las obligaciones tributarias regularizadas en los términos allí dispuestos, pero no para la condonación de las multas correspondientes a obligaciones sustanciales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, supuesto contemplado en el cuarto párrafo del art. 12 de la referida norma.

BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala IV. 27/4/2021

El juez de primera instancia había hecho lugar a la demanda que había promovido el BBVA Banco Francés SA, contra la AFIP (DGI) a fin de que se ordenara al ente fiscal devolver la suma de $647.945.534, ingresada en exceso en concepto de Impuesto a las Ganancias, respecto del ejercicio fiscal 2014 –en tanto constituía un ingreso sin causa por no aplicar el ajuste por inflación previsto por el Título VI de la ley del citado tributo– y que, además, abonara los respectivos intereses hasta la fecha del efectivo pago. 

La AFIP-DGI sostiene que la sentencia es arbitraria porque no tuvo en cuenta sus argumentos referidos a que no se hallaba debidamente probada la confiscatoriedad del tributo abonado con motivo de la falta de aplicación del correspondiente ajuste por inflación.

La Cámara confirma la sentencia apelada, ya que la demandada no logra demostrar el error grave de la sentencia que cuestiona, toda vez que con la prueba pericial se había podido comprobar una alícuota efectiva del tributo determinado sin el ajuste por inflación que era muy superior al 35% contemplado por la ley del tributo en cuestión, y a la vez cercano al 62% y por ello declara procedente la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal 2014. 

Industria Metalúrgica Sud Americana SA. Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. 15/4/2021

La firma Industria Metalúrgica Sud Americana S.A. interpuso recurso de apelación contra la Disposición de ARBA que determinó las obligaciones fiscales en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen del Convenio Multilateral), respecto del período fiscal 2010.

Siendo un impuesto de período fiscal anual, en el que sin perjuicio del ingreso de anticipos y otros pagos a cuenta, se deberá presentar una declaración jurada en la que se determinará el impuesto de ese año e incluirá el resumen dela totalidad de las operaciones del período, corresponde considerar el inicio del cómputo del plazo quinquenal de prescripción, el día de vencimiento de esa declaración jurada anual, objeto de revisión y que de ser impugnada o no presentarse, dará lugar al procedimiento de determinación de oficio. 

El Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires declara la prescripción de las acciones fiscales para determinar de oficio las obligaciones fiscales de la empresa actora, ya que la declaración jurada anual tuvo vencimiento para su presentación el 30 de junio de 2011; comenzando así el cómputo prescriptivo, el que hubiese vencido el día 30 de junio de 2016. Sin embargo, con fecha 28 de octubre de 2015, se notificó las diferencias liquidadas por la fiscalización actuante. El curso de la prescripción se suspende hasta el 28 de abril de 2016, retomando el cómputo pertinente, el que produce su definitivo vencimiento el día 30 de diciembre de 2016.

Vineventions Argentina SRL c/AFIP s/INC Apelación. Cámara Federal de Mendoza - Sala A. 1/6/2021

La empresa actora pretende la declaración de inaplicabilidad del diferimiento previsto en el primer párrafo del art. 194 la Ley del Impuesto a las Ganancias (con las sustituciones, modificaciones y agregados establecidos por las Leyes 27.430, 27.468 y 27.541) y de toda otra norma legal o reglamentaria, que impida y/o difiera la aplicación e imputación plena e integral de los mecanismos de ajuste por inflación. La misma refiriere al ejercicio fiscal 2019.

Asimismo, solicita una medida cautelar ordenando a la AFIP-DGI, se abstenga de iniciar cualquier acción administrativa o judicial derivada de la diferencia de impuesto

El Juez sostiene que la medida cautelar no resulta procedente dado que solo se cuenta con un informe contable unilateral, debiendo ser controlado y controvertido por la otra parte. Alude a que es trascendental en estos juicios la prueba pericial contable.  La actora apela, agraviándose de la solución judicial.

La Cámara entiende que es procedente la medida cautelar, ya que la empresa actora acompaña un informe contable serio, realizado sobre la base de los libros contables que la ley manda llevar y de allí surge que el monto de diferencia de impuesto asciende a $27.101.983, suma por demás considerable, y que representa poco más del 40% de las ganancias anuales de la empresa. El pago del mismo puede producir un descalabro económico de difícil o imposible reparación ulterior.

Ogean, Aldo Daniel (TF 56348181-I) c/ Dirección General Impositivas/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II. 21/5/2021

La Sala “B” del TFN intimó al actor a iniciar un nuevo expediente, toda vez que las actuaciones ingresadas fueron caratuladas por el requerido a nombre propio y no a nombre de la empresa que manifestó representar a través del formulario F4. 

Luego de intimarlo en reiteradas oportunidades a subsanar tal circunstancia, el TFN, resolvió hacer efectivo el apercibimiento y tener por no presentado el recurso de apelación. En consecuencia, intimó al actor a que, en el término de cinco días, ingresara la suma de $ 153.686,75.- en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda.

El actor solicitó que se revocara lo decidido toda vez que no había sido prestado un efectivo servicio jurisdiccional a su parte, la imposición de costas y la tasa de actuación resultaba ser violatorio y vejatorio de los derechos de defensa en juicio, acceso a la jurisdicción, propiedad privada y del principio de igualdad, entre otros. sentencia.

La Cámara confirma el pronunciamiento, dado que el modo de imposición de los gastos causídicos resulta ajustado a derecho, si se considera que en las actuaciones de referencia se encuentra únicamente presentada la parte actora y que ella, además de no haber obrado en forma diligente a efectos de dar impulso al trámite pertinente, no ha acreditado en las presentes actuaciones que careciera de los recursos suficientes para hacer frente al pago de la tasa integrante de los accesorios o que su pago afecte desproporcionadamente su patrimonio.

AFIP c/ Sero Mantero Julián Diego s/Ejecución Fiscal – AFIP. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala V. 6/5/2021

El Juez a quo decretó la nulidad del mandamiento de intimación de pago y de lo actuado en consecuencia y puso los autos a sentencia a fin de tratar las excepciones opuestas por la demandada.  Para así decidir consideró que la diligencia del mandamiento de intimación de pago practicada por la Oficial de Justicia ad-hoc, no fue realizada en debida forma, toda vez que la funcionaria nunca se apersonó en el domicilio constituido de la demandada (domicilio fiscal del contribuyente), como así tampoco dejó constancia en el informe previsto al efecto de las razones por las cuales no pudo acceder al mismo.

La AFIP sostiene que la contribuyente había tomado conocimiento con anterioridad al planteo de la nulidad y acompaña un correo electrónico, en el que el estudio jurídico que representa al contribuyente manifiesta tener conocimiento sobre las actuaciones y su voluntad de incluir la deuda en el plan de facilidades de pagos. Todo ello con anterioridad a la fecha en la cual la contraria aduce haber tomado conocimiento del reclamo de marras.

La Cámara confirmó la resolución pues, la AFIP pretende subsanar una notificación inválida con la toma de conocimiento por parte de la demandada de la causa con anterioridad a su presentación en el pleito. Razona que el conocimiento extrajudicial de la boleta de deuda no suplanta la notificación que da cuenta del inicio del juicio de ejecución fiscal mediante el mandamiento de intimación de pago, cuyo libramiento y diligenciamiento está expresamente a su cargo (art. 92, 9º párrafo, de la ley 11.683).

A. S.A. y Otros s/ Infracción Ley 24.769. Cámara Federal de San Martín. Sala II. 5/2021

El ente recaudador advirtió luego de las tareas de fiscalización determinadas inconsistencias. Una de ellas fue la presentación por parte del contribuyente de la declaración jurada respecto al Impuesto a las Ganancias en “cero”, es decir, sin determinar impuesto, al tiempo que omitió presentar la declaración jurada del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. El juez de primera instancia decretó el procesamiento sin prisión preventiva por los delitos de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 2012, en concurso real con el de evasión simple del Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2012. 

Tras analizar el libro “IVA Compras” e “IVA Ventas” proporcionado por la parte y cotejar con la información requerida a los proveedores, surge que el contribuyente registró compras computadas en exceso y omitió la registración de otras; lo que derivó en una corrección del crédito fiscal por las compras no registradas y un incremento del débito fiscal por las ventas omitidas, con impacto en el Impuesto a las Ganancias del período en trato, arrojando en consecuencia la pretensión fiscal esbozada en la denuncia.

La Cámara confirma la resolución ya que el contribuyente ha utilizado diversas maniobras tendientes a ocultar al organismo recaudador su realidad económica y fiscal, lo que vislumbra su actuar con ardid y engaño para evadir el pago de los tributos correspondientes, ya que la AFIP no pudo tomar conocimiento de los mismos de no mediar una fiscalización integral.

Linkear S.R.L. c/ Municipalidad de Moreno s/ Acción Meramente Declarativa de  Inconstitucionalidad – Inc. De Medida Cautelar. Cámara Federal de San Martín. Sala II.  7/6/2021

El juez a quo hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la Municipalidad de Moreno que respecto de la empresa actora se abstuviera de adoptar cualquier acción que directa o indirectamente se dirigiera a exigir el pago de la denominada Tasa Aplicable a la Inspección y Verificación del Emplazamiento de Estructuras Soporte de Antenas y Equipos Complementarios de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles, Radiofrecuencia, Televisión e Internet Satelital.

Sostuvo que se encontraba acreditada la verosimilitud en el derecho puesto que existirían dos normas –una federal y otra local- que establecían una tasa por el control de antenas y que, la empresa actora ya abonaría un gravamen por fiscalización al ENACOM. También señaló, que habría ausencia de contraprestación por parte del organismo local para la viabilidad de la tasa municipal.

La Cámara confirma la resolución, pues la potestad ejercida por el ente local al pretender el cobro de un importe superior al facturado, constituiría un obstáculo real para la continuidad de la prestación del servicio habilitado por la autoridad nacional y, del otro lado, la accionada no ha logrado acreditar la efectiva prestación del servicio de control en el que justificaría la imposición del gravamen en cuestión.