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Regulaciones Nacionales

GCBA c/ Centro Médico Santa Isabel S.A. s/ ejecución fiscal - ingresos brutos - convenio multilateral. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15/4/2021

La Cámara desestimó la excepción de inhabilidad de título y ordenó llevar adelante el juicio ejecutivo contra Centro Médico Santa Isabel S.A. ya que la defensa de manifiesta inexistencia de deuda basada en la inactividad de la empresa no podía sostenerse en virtud de que ella continuó presentando declaraciones juradas luego de la fecha de fusión que denunciaba.

Centro Integral Santa Fe S.A. absorbió a Centro Médico Santa Isabel S.A. -entre otras sociedades que se disolvieron anticipadamente sin liquidarse- y fusionaron su patrimonio. La fusión fue realizada dentro de los lineamientos de la ley 19.550 y había dado cumplimiento a las disposiciones de publicidad exigidas por el artículo 83, inciso l°, apartado b), de ese cuerpo normativo. La sociedad incorporante absorbió todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de las sociedades absorbidas y realizó sucesivos cambios en su denominación social.  Centro Médico Santa Isabel S.A. presentó diversas declaraciones juradas con saldo cero a raíz de un error en el sistema registral de la CUIT en la AFIP.

El GCBA no controvirtió la fusión y correspondiente disolución de la ejecutada sino que justificó la procedencia de la ejecución fiscal que inició, en la falta de cumplimiento del deber formal de informar que le correspondía a la empresa absorbida de acuerdo con lo establecido en el art. 85 del Código Fiscal de la CABA.  

La CSJN revoca la sentencia sosteniendo el a quo omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas y relevantes para la correcta solución del pleito, sin dar razones valederas para ello, con desconocimiento de las constancias de la causa la solución definitiva del caso requería la simple constatación de la existencia de la persona jurídica demandada durante los períodos reclamados.

Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación

8/4/2021

Porta Hnos. S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 18/3/2021

Las sociedades actoras promovieron acciones declarativas de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre que conlleva la aplicación de una diferencia de alícuota más gravosa en la determinación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto de la actividad que desarrollan en los términos del art. 20, inc. c, de la ley provincial 14.880 (t.o. 2017), únicamente con el fundamento en que no poseen establecimiento productivo en la jurisdicción demandada.  Asimismo, requirieron que cautelarmente se les permita tributar a la alícuota prevista para quienes sí tienen su establecimiento en la Provincia de Buenos Aires.

La CSJN en ambas causas rechaza las medidas cautelares solicitadas, ya que considera que no se encuentran configurados los presupuestos de admisibilidad, en particular, en lo que atañe al peligro irreparable en la demora, pues a tenor de lo informado por ARBA la accionada no ha iniciado, por el momento, procedimiento de verificación alguno tendiente a determinar la existencia de una deuda con sustento en el lugar de radicación del establecimiento productivo de las sociedades demandantes, por los ejercicios fiscales aquí involucrados.

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ amparo ley 16.986. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 8/4/2021

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, promovió demanda de amparo contra el Estado Nacional ante la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad del accionar demostrado por la accionada, al gravar con el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones creado por la ley 25.413, las cuentas que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires posee abiertas en las entidades bancarias.

La CSJN declara la inconstitucionalidad del Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios respecto de las cuentas bancarias del Colegio abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las que recauda y distribuye con los Colegios Departamentales los distintos recursos que le corresponden, toda vez que los movimientos bancarios no pueden reputarse -siquiera indiciariamente- como manifestaciones de riqueza o capacidad contributiva, elemento éste que constituye un requisito de validez de todo gravamen puesto que de las leyes que rigen la actuación del Colegio surge que su patrimonio está íntegramente destinado a cumplir las tareas de control estatal sobre la profesión de los abogados y procuradores.

Régimen de Información de Planificaciones Fiscales – Resolución General (AFIP) 4838.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo. Juzgado Federal de Río Grande. 21/4/2021

El Juzgado Federal, en fecha 23 de febrero de 2021, había dictado una medida cautelar interina, consistente en suspender, con relación a los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego, los efectos de la RG Nº 4838/20 de la AFIP hasta tanto se dicte un pronunciamiento sobre la medida cautelar pretendida. Dicha resolución interina fue apelada por la AFIP.

Mediante esta sentencia se dispone la suspensión de los efectos de la Resolución General N°4838/2020, por el plazo de 6 meses. El juez entiende que el deber de confidencialidad y secreto profesional al que se deben los contadores para con sus clientes, sería vulnerado por el mero hecho de tener que comunicar a la AFIP las planificaciones fiscales dado el extenso alcance de éstas, pues dicho régimen de información comprende todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella. Dicha información, una vez puesta a disposición del organismo fiscal no podría ser subsanada o corregida.

Además, la verisimilitud del derecho surge patente de la Resolución 4838/2020, pues al imponer el deber general de informar toda planificación fiscal del contribuyente no luce razonable, desde que tal exigencia del Fisco no versa sobre hechos imponibles sujetos a determinación, sino, inoportunamente, acceder a meros planes y esquemas de planificación, lo que equivale a establecer una directriz enancada en una presunción de desconfianza, conminando a los asistentes fiscales a llevar a cabo acciones diametralmente diferentes a las que suceden en el plexo normativo actual, dirigidas a la reserva informativa del profesional frente a su asistido.  

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan C/ Poder Ejecutivo de la Nación y Otro – Impugnación de Acto Administrativo. Juzgado Federal de San Juan Nro 2. 22/3/2021

El Juzgado Federal de San Juan hace lugar a la medida cautelar a favor de los profesionales representados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia y ordena la suspensión de la aplicación de la Resolución General (AFIP) N° 4838, ya que advierte que el régimen informativo sobre planificaciones fiscales configuraría un actuar ilegítimo de la administración que extralimitaría sus facultades reglamentarias e interpretativas - Ley 11.683 y demás normativas. 

Por otro lado, el deber informativo establecido en cabeza de los profesionales que representa el Consejo, en su condición de “asesores fiscales”, configuraría una posible intromisión en el secreto profesional que ampara la labor de los mismos, teniendo en cuenta que el fisco puede llevar adelante su labor de contralor sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes a través de los medios con los que ya cuenta y que se encuentran establecidos en la Ley 11.683. Finalmente, el carácter retroactivo de la normativa que obliga a los sujetos a informar sobre periodos anteriores al año 2019, en los que la planificación aun subsista, lo que configuraría, junto a lo ya expuesto, un accionar ilegítimo de la administración que torna procedente la cautelar solicitada.

Mc Loughlin, Nicolás José c/ EN-AFIP s/Amparo Ley.  Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8. 3/2021.

El actor promueve acción de amparo a los efectos de hacer cesar el perjuicio inminente y manifiestamente arbitrario que, aduce, le origina la vigencia de la Ley Nº 27.605 denominada “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

El juez hace lugar a la medida cautelar solicitada por el plazo de 3 meses que fija el art. 5 de la ley 26.854, dado que existe mayor riesgo en denegar la medida que en concederla y que la concesión de la cautela no consuma a favor de la actora ninguna situación que no pueda ser revertida si la pretensión de fondo fuera rechazada y   exige como caución real la suma de $100.000.-

Prado Lardizabal, José Luis c/ AFIP - DGI s/Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Juzgado Federal de Bell Ville. 23/3/2021

El actor interpone una medida cautelar a fin de que se disponga la imposibilidad de perseguir el cobro del “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”, hasta tanto exista una sentencia firme. A tal fin, peticiona que se libre oficio a la AFIP con el objeto de que se impida la confección de título de deuda hábil para ser ejecutado, formular denuncia penal en contra de su mandante o la posibilidad de ser denunciado por la ley penal tributaria.

El juez rechaza la medida cautelar solicitada sosteniendo que existe una total identidad entre el objeto de la pretensión cautelar y la acción de fondo – presupuesto de procedencia también establecido en el art. 3 inciso 4º de la ley 26.854 -, y por ello deviene prematuro emitir en esta instancia el pronunciamiento solicitado por la actora, ya que importaría un adelanto genérico y abstracto del ejercicio de la jurisdicción que está reservada para el momento de emitir la sentencia definitiva, oportunidad en la que se contará con la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes.

Rosenvit Dario Javier c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía -AFIP s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad.  Juzgado Federal de San Juan 2. 14/4/2021

El actor solicita una medida cautelar de no innovar en los términos a fin de que se ordene a la AFIP y al Estado Nacional, se abstengan de exigir sea en sede administrativa o judicial, el aporte solidario introducido a través de la Ley 27.605. 

El Juzgado Federal de San Juan hace lugar a la cautelar solicitada, ya que se advierte a prima facie la verosimilitud del derecho invocado por el acaecimiento cronológico de las siguientes circunstancias: el actor obtuvo un certificado de residencia provisoria y la entrega de documento de identidad por parte del gobierno Uruguayo en diciembre de 2019; y en Mayo de 2020 le fue otorgado el certificado de residencia permanente; en agosto de2020 obtiene un Certificado de Residencia Fiscal Uruguayo con fecha de inicio de actividad del 31/12/2019; todo ello con anterioridad al 18/12/2020 fecha en que fue promulgada la Ley 27605 que estableció el impuesto a la riqueza incluyendo como sujetos pasivos del gravamen a argentinos expatriados.

En relación al régimen de responsabilidad sustituta de los argentinos expatriados, se aclara que la cautelar se hará extensiva a quien reviste tal calidad.

Herrero, Clelia Raquel s/apelación. Tribunal Fiscal de la Nación. Sala D. 11/02/2021

La actora interpone recurso de apelación contra la Resolución de la AFIP, en la que se determina de oficio su obligación en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2016, y se la intima a ingresar $559.949,45, más intereses resarcitorios. Explica en su presentación que debido a que presentó su declaración jurada en cero, la fiscalización proyectó las ventas aplicándole un índice de utilidad que le fue informado por la División Investigación de la Dirección Regional y que los ajustes fueron practicados sobre base presunta, solicitando se declare su nulidad por falta de motivación y por violación al derecho de defensa.

El TFN confirma la resolución apelada, ya que frente al ajuste notificado la recurrente tenía que justificar la declaración jurada original del gravamen presentada en cero, es decir sin ventas; del mismo modo, su deber era dar alguna explicación técnica y/o contable y/o jurídica a la divergencia entre dicha declaración y las presentadas en el Impuesto al Valor Agregado con las ventas que allí sí declaró, es decir, tenía que explicar por qué las operaciones fueron declaradas en un impuesto y en otro no y ante la falta de respuesta, la fiscalización se valió de las operaciones que la propia recurrente declaró como ventas en el IVA y, luego de aplicar los coeficientes de utilidad para su actividad en la zona de actuación, presumió los ingresos gravados en el Impuesto a las Ganancias para el año 2016, reconstruyendo de ese modo la materia imponible del período fiscal.

Cresud SACIF Y A c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III. 18/3/2021

El TFN rechazó la acción de amparo por mora promovida por la firma Cresud SACIFyA a fin de que se ordene a la accionada -que dentro del plazo que estime corresponda, concluya la solicitud de reintegro de IVA en relación a los períodos octubre y diciembre de 2019 y enero de 2020 por la suma de $58.537.843,01.- y en virtud de las previsiones de la Resolución General AFIP N° 4310/18; ello, en los términos de los artículos 182 y 183 de la Ley 11.683.

La firma actora ante la demora de la AFIP-DGI en efectivizar los reintegros correspondientes, presentó un reclamo ante el organismo a tal efecto; y, ante la falta de respuesta, presentó un pedido de pronto despacho. La AFIP, en relación a su petición, le informa que la misma se encuentra en proceso de pago, y deberán efectuar el seguimiento a través del servicio pago devoluciones al cual se accede con clave fiscal.

La Cámara ordena a la AFIP que, en el plazo de 20 días, resuelva la petición de la firma actora, ya que desde el 30 de noviembre de 2020 los plazos administrativos han sido reanudados (Decreto N°876/2020), y ha transcurrido, desde dicha fecha, un plazo más que razonable sin que se haya acreditado que la autoridad administrativa ha dado respuesta a la petición administrativa.

Cia Sulfónica Nacional SA c/ EN-AFIP s/Amparo Ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala IV. 8/4/2021

La empresa actora había solicitado una acción de amparo a fin de que se la excluyera de la “Base de Contribuyentes no Confiables” y se le habilitara la CUIT para poder continuar con su explotación económica.

La Cámara dispone que se deje sin efecto la suspensión de la clave hasta tanto se resuelva la impugnación formulada en sede administrativa, ya que la AFIP incluyó al contribuyente en la base e-Apoc sin notificar el acto administrativo que así lo disponía y mantuvo la cancelación de la CUIT a pesar de haberse formulado el reclamo previsto en el art. 35, inc. h, de la ley 11.683. De modo que al momento de promover el amparo se encontraba configurada una vía de hecho en la medida en que se puso en ejecución un acto a pesar de estar pendiente un recurso administrativo que, en virtud de norma expresa, implicaba la suspensión de sus efectos ejecutorios.

Isolux Ingeniería S.A. c/A.F.I.P. - D.G.I. s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II. 23/03/2021

El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la firma actora, por la cual impugnó el acto administrativo mediante el cual se rechazó como acto libre de impuestos -en los términos del artículo 77 inc. c) y 78, de la Ley de Impuestos a las Ganancias- la reorganización societaria efectuada entre Grupo Isolux Corsan S.A. Sucursal Argentina e Isolux Ingeniera S.A. ambas sociedades integrantes de un mismo grupo económico. El motivo del rechazo fue la falta de presentación de constancia de inscripción y/o del inicio del trámite de inscripción de la reorganización en la IGJ, de conformidad con lo establecido en la R.G. N° 2513/08. 

La Cámara confirma la sentencia, ya que considera inaplicable la exigencia incorporada mediante una Resolución General emitida por la A.F.I.P., que no estaba prevista en la ley reglamentada toda vez que el Fisco Nacional no estaba facultado a impedir el ejercicio del derecho que el ordenamiento legal confería al contribuyente.