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Regulaciones Nacionales

Scannapieco, Alejandro Raúl c/EN - AFIP s/amparo L. 16986. Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8. 19/3/2021

El accionante promueve acción de amparo contra la AFIP, a los efectos de hacer cesar el perjuicio inminente y manifiestamente arbitrario que, aduce, le origina la vigencia de la Ley N° 27.605 (B.O 18/12/2020) denominada “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” y su normativa reglamentaria, Decreto 42/2021 (B.O. 29/01/2021) y Resolución General 4930/2021 (B.O. 08/02/2021). Asimisimo, requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a la demandada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605 -vigente a partir del 18/12/20- y por ende de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial tendiente a exigirlo, determinarlo de oficio e intimarlo de pago.

La Jueza de primera instancia hace lugar a la medida cautelar solicitada hasta tanto se cumpla el plazo de 3 meses que fija el art. 5 de la ley 26.854, al considerar que se encuentra configurado el peligro en la demora, ya que la Resolución General AFIP N° 4930/2021, vence con fecha 30 de marzo de 2021, y evalúa la situación que tendría lugar de hacerse efectiva la aplicación de la resolución en cuestión con el consiguiente perjuicio económico que ello podría significar para el accionante.

Señala que atento las especiales circunstancias del presente caso, existe mayor riesgo en denegar la medida que en concederla, ya que la concesión de la cautela no consuma a favor de la actora ninguna situación que no pueda ser revertida si la pretensión de fondo fuera rechazada.

Régimen de Información de Planificaciones Fiscales – Resolución General (AFIP) 4838 - Provincia de Mendoza 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo. Juzgado Federal N°2 de Mendoza. 16/3/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza inició una demanda impugnativa de nulidad, en los términos del artículo 24, inciso a), de la Ley 19.549; contra la Resolución de la AFIP por la que el organismo recaudador rechazó el reclamo administrativo y en virtud de la cual, se dejó sin efecto una medida cautelar por la cual se habían suspendido los efectos de la Resolución General AFIP 4838/2020. Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar, por la cual se suspendan los efectos de la mencionada Resolución General hasta tanto recaiga decisión definitiva en la causa.

El Juzgado Federal de Mendoza suspende, con relación a sus matriculados, los efectos de la RG 4838/20 de la AFIP hasta que exista decisión definitiva en la causa o por un plazo de 6 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 26.854 (Medidas Cautelares contra el Estado), lo que ocurra primero.

El juez señala que la obligación que la norma impone de informar todas aquellas planificaciones fiscales que se hubieren implementado desde el 01/01/2019, estaría acordando a la norma un carácter retroactivo, que -en principio- importaría una violación al principio general que sienta el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, sostiene que el artículo 14º de la RG 4838, al contemplar que el incumplimiento daría lugar a las sanciones previstas en la ley 11.683, no aclara a qué sanción se estaría refiriendo, colocando al Fisco en principio en la posición de poder aplicar variadas sanciones a la conducta del sujeto obligado de manera discrecional.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba c/ AFIP s/ Contencioso Administrativo-Varios. Juzgado Federal N°2 de Mendoza. 15/3/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba deduce formal demanda contencioso administrativa de nulidad, en contra de la Resolución General AFIP N° 4838/2020 dictada por la AFIP y solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar.

Señala que oportunamente se había solicitado una Medida Cautelar Autónoma que fue declarada abstracta en razón de la resolución dictada por el ente recaudador. Por lo tanto, atento a que ha sido notificado el acto administrativo que desestima el reclamo presentado, solicitan la concesión de la mencionada medida hasta tanto recaiga una decisión definitiva en sede judicial a los efectos de respetar el principio de la tutela judicial efectiva.

El Juez hace lugar a la medida cautelar y dispone la suspensión de la aplicación de la Resolución General AFIP N°4838 a los profesionales que dicho organismo representa, por un plazo de 6 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°26.854, ya que las mencionadas planificaciones fiscales y el posible régimen de sanciones que se deriva del incumplimiento del régimen informativo, no encontrarían sustento en las previsiones de la Ley 11.683 como facultades del fisco, lo que configuraría un accionar ilegítimo de la administración que torna procedente la cautelar solicitada. En otro orden, el deber informativo establecido en cabeza de los profesionales que representa el consejo, en su condición de “asesores fiscales”, podría implicar una posible intromisión en el secreto profesional que ampara la labor de los mismos.

American Express Argentina S.A. c/ EN - AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 25/2/2021

La Cámara había dejado sin efecto la resolución que ordenó devolver las sumas pagadas por la actora como consecuencia de la intimación en el marco del mecanismo implementado por la resolución (M.E.) 207/2003, por el cual las entidades emisoras de tarjetas de crédito eran las obligadas a retribuir el tres por ciento del monto de las operaciones realizadas por las personas físicas que, en carácter de consumidores finales, abonaran sus compras de bienes muebles o la contratación de servicios mediante la utilización de dicho medio de pago.

En el formulario presentado por el contribuyente a los efectos de exteriorizar los importes efectivamente acreditados a los usuarios de las tarjetas de crédito la actora informó un monto inferior al correcto, y que con ese importe inexacto pretendió cancelar distintas deudas en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. Ese yerro, motivó que el Fisco rechazara dichas solicitudes de cómputo, al resultar insuficiente el crédito exteriorizado para cancelar las deudas declaradas e intimó el pago de los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento de cada una de las obligaciones tributarias adeudadas hasta la rectificación

La CSJN sostiene que el Fisco tiene razón dado que no puede predicarse que media un enriquecimiento sin causa del organismo recaudador como consecuencia de los intereses resarcitorios reclamados. Por el contrario, dichos accesorios deben ser exigidos a raíz de la deuda impaga de la actora, quien recién la canceló al rectificar la información de los montos acreditados a sus usuarios, corrección que le permitió así contar con saldo suficiente para utilizar el mecanismo de cómputo previsto en el arto 4° de la resolución (M.E.) 207/2003.

Turismo Doss S.A. c/ EN – AFIP – DGI – resol. 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 11/3/2021

La Cámara había rechazado la demanda iniciada por Turismo Doss S.A. contra la AFIP a fin de obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se había desestimado la solicitud de encuadrar el proceso de reorganización empresaria por medio del cual se había transferido el fondo de comercio de Inversora El Huerto S.A. a Turismo Doss S.A. como libre de impuestos, en los términos del art. 77 de la ley 20.628, ya que de las constancias de la causa no se desprendía que hubiese existido una “reorganización de empresas” pues, en sustancia, aquella consistió en la transferencia de un fondo de comercio a cambio de la emisión de acciones en favor de sujetos que no eran parte en el proceso de reorganización, es decir de los socios, con el correlativo incremento de sus patrimonios.

La CSJN deja sin efecto la sentencia de la Cámara al concluir que el recaudo que exigió la Cámara respecto a que existan dos o más sociedades que se reorganizan “con el propósito exclusivo de promover la eficiencia en la organización empresarial de la que se trata”, no se encuentra establecido en ninguno de los párrafos del art. 77 mencionado y por ello dicha decisión carece del necesario respaldo normativo.

Droguería Kellerhoff SA c/ Municipalidad Santa Rosa Calamuchita s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4/3/2021

La CSJN remite a la Justicia Federal de Córdoba la causa que promovió Droguería Kellerhoff S.A. contra la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del art. 207 y siguientes del código tributario y de las ordenanzas de dicho municipio por las que se instituye la "Tasa de Inspección Veterinaria, Bromatológica, Química y Control Higiénico sobre productos alimenticios y de consumo".

Los jueces de la Cámara Federal de Córdoba habían declarado la incompetencia de la justicia federal sosteniendo que en realidad lo que se pretendía poner en crisis eran ciertas atribuciones locales (poder de policía, de moralidad, salubridad y medioambiental entre otras) para el dictado de una ordenanza municipal, cuestión cuyo conocimiento es propio y privativo de los jueces provinciales. La Corte revoca la sentencia dado que, aunque la actora dirige su acción contra normas locales su pretensión exige -esencial e ineludiblemente- dilucidar si la actividad proveniente de la autoridad municipal interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación con respecto a la regulación del comercio interjurisdiccional (arts. 75, inc. 13) y, por lo tanto, funciona como una aduana interior prohibida en la Carta Magna.

Compañía Argentina de Granos S.A. c/ AFIP (D.G.I.) s/ contencioso administrativo – varios. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 11/3/2021

La Cámara hizo lugar a la demanda de repetición contra el Fisco Nacional de los importes ingresados en concepto de retenciones del IVA por las compras de cereales realizadas a ciertos proveedores durante los períodos fiscales mayo de 2005 a diciembre de 2007, la empresa sostuvo que el ente recaudador había objetado el cómputo de los créditos fiscales por considerar que los proveedores consignados en las facturas eran apócrifos, y en consecuencia, que las referidas operaciones resultaban inexistentes. El peritaje contable había concluido que la empresa había ingresado y cancelado la totalidad de las retenciones del IVA correspondientes a las operaciones de compra de cereales que habían sido declaradas apócrifas e inexistentes por la AFIP.

La CSJN rechazó la demanda, expresando que la sentencia incurrió en un error al sostener que el ente recaudador había declarado la inexistencia de las operaciones de compraventa de cereales observadas durante la inspección fiscal pues tal afirmación, se fundó en las conclusiones de un peritaje contable desarrolladas sobre la base del mismo error, lo que impide reconocerle valor probatorio. Asimismo, expresa que una solución contraria que hiciese lugar a la demanda de repetición significaría un enriquecimiento sin causa de la empresa aquí actora pues incrementaría su patrimonio en la medida de las sumas retenidas en concepto de IVA que gravaron efectivamente las transferencias onerosas de cereales a la empresa actora, y cuya titularidad pertenece a los proveedores a quienes en definitiva corresponda adjudicar las respectivas ventas, se trate de los productores fictos o de los ocultos, según la tesis fiscal.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (ADIF SE) s/ ejecución fiscal. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 11/3/2021

El GCBA promovió juicio de ejecución fiscal ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario local, contra la Administración de Infraestructuras Ferroviaria, a fin de obtener el pago del impuesto inmobiliario, tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros por diversos períodos. El GCBA entiende que le corresponde tributar a la accionada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que se rige por normas de orden local, y que resulta manifiesta la incompetencia de la justicia federal para efectuar el reclamo judicial de la deuda impositiva. La demandada opuso excepción de incompetencia sosteniendo que resulta competente el fuero Contencioso Administrativo Federal. 

La CSJN declara que la causa corresponde a la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, toda vez que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y el GCBA demanda a una entidad que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, por ello la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia.

First Data Cono Sur S.R.L. C/ Estado de la Provincia de Corrientes (Dirección General de Rentas) s/ recurso facultativo (acción de nulidad). Dictamen del Ministerio Publico Fiscal. 13/10/2020

La empresa actora solicitó la declaración de nulidad de la resolución de la Dirección General de Rentas por la que cual se le había determinado de oficio el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los períodos fiscales enero 2002 hasta agosto de 2005, con más intereses y multa, al considerar que la obligación tributaria se encontraba parcialmente prescripta y que no se había cumplido con lo establecido en el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral. La Cámara había rechazado la demanda.

La Procuradora sostiene que la sentencia debe ser revocada ya que desde el inicio de las actuaciones la actora explicó que la pretensión fiscal se basaba, exclusivamente, en un ajuste de su coeficiente unificado del Convenio Multilateral, sin verificarse omisión en la base imponible. Por ende, el total de su deuda tributaria había sido cancelada entre las distintas provincias y el reclamo de una de ellas -por haber recibido en defecto lo que a otra le había sido pagado en exceso- debía ser satisfecho mediante la compensación entre fiscos deudores y acreedores como lo ordena el Protocolo Adicional y, por idéntico motivo, no podía exigirse intereses ni aplicarse multa.

Alpargatas SAIC c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal. Plenario. 16/12/2020. 

La Cámara Contencioso Administrativo Federal en acuerdo plenario fija por mayoría la siguiente doctrina legal: No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos casuísticos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzadas por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Titulo II de la ley 27.260 (art. 55).

Endesa Costanera SA C/ EN- AFIP- DGI S/ Dirección General Impositiva.  Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sala I. 18/2/2021

Endesa Costanera SA había promovido demanda contra la AFIP, en los términos del artículo 81 de la ley 11.683, con el objeto de obtener la restitución de la suma que ingresó en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales 2006, 2008 y 2010. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda y el Fisco apela dicha decisión sosteniendo que la firma declaró un Impuesto a las Ganancias de signo positivo.

La Cámara confirma la sentencia, ya que la firma actora en los mencionados períodos fiscales registró pérdida contable y, paralelamente, declaró un Impuesto a las Ganancias de signo positivo que no fue ingresado por haber sido compensado con quebrantos anteriores. El dato decisivo que torna irrazonable en este caso a la presunción contenida en la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es la prueba de que en los períodos 2006, 2008 y 2010 no existió, más allá de toda controversia, la ganancia presumida por la ley.

Fideicomiso en garantía de pago de los TI c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad.  Cámara Federal de Córdoba. Sala B. 23/2/2021

La AFIP-DGI interpuso recurso de apelación contra de la resolución que había hecho lugar a la medida cautelar y le había ordenado que, respecto de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2019, arbitre los medios necesarios a fin de que la actora presente la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias rectificativa del período fiscal 2019 con la liquidación del gravamen que surja de aplicar íntegramente el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título IV de la Ley de Impuestos a las Ganancias, debiendo abonarse el monto así estimado y le ordena al organismo fiscal que se abstenga de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia de impuesto que pudiere resultar, trabar por sí y/o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo en resguardo de ese supuesto crédito.


La Cámara confirma la sentencia, ya que existe verosimilitud del derecho como requisito fundante de la pretensión cautelar dado que la actora fundamenta el pedido de medida cautelar acompañando Informe Especial sobre los resultados fiscales correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 31/12/19, con informe de Contador Público de fecha 21/08/2020, que dictaminó que, con el diferimiento del ajuste por inflación previsto en la ley, la tasa efectiva de imposición asciende al 116,83%.