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Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz c/ Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva s/ Medida Cautelar Autónoma. Juzgado Federal de Río Gallegos. 20/01/2021

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz solicitó el dictado de una medida cautelar autónoma, a los fines de suspender los efectos de la Resolución General AFIP 4838/2020, a través de la cual se implementó un régimen de

información de planificaciones fiscales, sostiene que en su artículo 10 la norma resultaría de aplicación retroactiva, contradiciendo el principio general contenido en el art 7 del CCCN, en cuanto impone la información de las planificaciones fiscales que hubieran sido implementadas desde el 01/01/2019 y que resulta violatoria del secreto profesional, por lo que vulneraría el derecho a la intimidad de los contribuyentes.  Agregan que la misma norma resulta violatoria del principio de tipicidad y legalidad. 

El Juzgado Federal de Río Gallegos hace lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspende con relación a sus matriculados, los efectos de la RG 4838/20 de la AFIP hasta tanto sea resuelto el reclamo administrativo previo y se encuentre agotada la instancia administrativa iniciada.

El juez entiende que, con los sistemas de control e información que ya se encuentran en vigencia, y de los que derivan numerosas obligaciones sustanciales y formales de colaboración, no es posible sostener que suspender los efectos de la RG 4838, por un tiempo acotado y hasta que la misma Administración se expida en el trámite que sigue en su sede, atente contra una eficiente gestión tributaria, o se traduzca en una merma en la recaudación, toda vez que el mismo organismo fiscal ha admitido que en nada se vincula la norma con la creación o imposición de nuevos tributos.

En cuanto al resguardo al secreto profesional, no parece suficiente que el artículo 8º de la norma prevea que el asesor fiscal que se ampare en el mismo deba notificar al contribuyente tal circunstancia pues,  para ello, deberá consignarlo en la misma página web prevista en la resolución; ello más allá de que eventualmente el contribuyente lo releve del secreto profesional para el caso particular o permanentemente, siempre a través del mencionado servicio web.

Por lo tanto, los agravios relacionados con la vulneración del secreto profesional no aparecen suficientemente desvirtuados con este sistema que prevé una simple notificación al contribuyente y posterior incorporación en el sistema, pues esta mera actividad que ya no es privada, sino que deberá ser incorporada al sitio web, importa por sí misma, una invasión en la información confidencial existente entre el asesor fiscal y su cliente.

Esta conclusión se encuentra avalada porque el concepto de “planificación fiscal” previsto en los artículos 3 y 4 es muy amplia, como así también lo es el de “ventaja fiscal”, comprensiva de “cualquier tipo de beneficio” o “disminución de la materia imponible”, pese a que el organismo demandado afirme que las supone lícitas, para seguidamente sostener que se trata de “áreas de riesgo”, que debe prevenir y eliminar.

Municipalidad de Vicente López c/ Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y otro s/pretensión anulatoria. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/12/2020

La Municipalidad de Vicente López (Provincia de Buenos Aires) promovió demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 2 de San Isidro, contra la Comisión Arbitral (CA) y Comisión Plenaria (CP) del Convenio Multilateral, a fin de obtener la anulación de las resoluciones (CA) que le ordenaron respetar lo dispuesto en el segundo párrafo del arto 35 del Convenio Multilateral y limitarse a los ingresos y gastos efectivamente soportados en su propio ámbito para el cálculo del coeficiente unificado de distribución de la base imponible de la tasa de seguridad e higiene. 

La CSJN resolvió que resulta competente la justicia local, ya que el Convenio Multilateral forma parte del derecho público local, carácter que resulta extensivo, en principio, al resultado de la actividad desplegada por los organismos encargados de su aplicación -Comisión Arbitral y Comisión Plenaria- a través del dictado de resoluciones que establecen el alcance de las cláusulas del citado convenio, sean éstas generales interpretativas o dictadas con motivo de los casos concretos sometidos a su consideración.  

Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/amparo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/12/2020

El Gobernador de la Provincia de Formosa promueve acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 366/18 de la Secretaría de Gobierno y Energía de la Nación (SGE) que fijó los precios de la potencia y de la energía para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2019, y que esos precios son los utilizados para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran (cfr. artículo 1° de la norma citada).

Pone de resalto que el Estado provincial no es signatario del Consenso Fiscal de 2018 y que los recursos fiscales que ahora deberá volcar a pagar los costos de las incrementadas facturas eléctricas y del “Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño”, constituyen una transferencia de recursos a favor de la Nación que ahorra disminuyendo o suprimiendo subsidios, sin que ello haya sido acordado, ni siquiera consentido, como es posible que lo hayan hecho otras provincias que suscribieron el Consenso referido.

La CSJN sostiene que la cuestión planteada por la Provincia de Formosa en defensa de sus intereses propios y directos, requiere una mayor amplitud de debate y prueba que la que permite el limitado ámbito cognoscitivo de ese proceso excepcional de la acción de amparo, y dispone que el proceso se sustancie por el trámite previsto para el juicio ordinario en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Anselmi y Cía. SRL c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ impugnación de deuda. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/12/2020

La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró desierto el recurso de apelación deducido contra la resolución de la AFIP por falta de integración del depósito previo. La contribuyente dedujo el recurso extraordinario y planteó que dicha decisión es auto contradictoria y lesiona, con arbitrariedad, la garantía de igualdad ante la ley y sus derechos de propiedad y defensa en juicio, ya que se resolvió declarar desierto el recurso sobre la base de la coincidencia de dos votos que tienen fundamentos distintos –uno sostiene que el recurrente no acreditó su imposibilidad manifiesta de pago y el otro, en cambio, opina que el seguro de caución acompañado es inválido-.

La CSJN declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, al considerar que resulta nula, pues es una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta.

Molfino Hermanos Sociedad Anónima c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/12/2020

Molfino Hermanos S.A. promovió acción declarativa de certeza contra la Provincia de Mendoza, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 3º de la ley local 6959 (modificada por la ley 8006 y reglamentada por el decreto 1216/09), en cuanto establecen una tasa aplicada sobre el tránsito interjurisdiccional de productos lácteos denominada “derechos por servicios de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal”.

La CSJN hace lugar a la demanda, pues la norma cuestionada al prever una “tasa por servicio de inspección” sobre la introducción al territorio provincial de productos lácteos y derivados elaborados en otras jurisdicciones, resulta un claro ejemplo de afectación a la “circulación territorial” interprovincial, cuya libertad recibe tutela constitucional. 

Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/apremio. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 22/12/2020

La Municipalidad de Junín inició un juicio de apremio contra Akapol S.A., por una suma dinero en concepto de intereses, multas y recargos, por la tasa municipal denominada "Pub Pro no Resid" la cual alega, está prevista en una ordenanza local.

La ejecutada opuso las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación activa, pendencia de recurso concedido con efecto suspensivo y prescripción. El juez de primera instancia y la Cámara rechazaron las excepciones y ordenaron llevar adelante la ejecución, al sostener que este tipo de proceso no admitía la discusión relativa a cuestiones que exceden la validez formal del título vinculadas con su formación, el acierto de la determinación, ni cualquier otro aspecto externo concerniente a su creación. 

La CSJN revocar la sentencia, toda vez que no han sido tratados, al rechazarse el recurso de nulidad y declararse mal concedido el de inconstitucionalidad, los agravios de índole federal oportunamente introducidos por la ejecutada fundados en la falta de publicación oficial válida de la ordenanza que establece el tributo aquí reclamado -que arraigan en los arts. 4 o, 17, 52, 75, incs. 10 y 2 o, de la Constitución Nacional, en cuanto plasman el principio de reserva de ley-.  

Frigorífico Lamar SA c/EN-AFIP-DGI-Resolución 86/12 (LGCN) s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala IV. 22/12/2020

La actora demandó a la AFIP solicitando el reintegro de crédito fiscal con relación a operaciones de exportación perfeccionadas durante el mes de febrero de 2010.

Explicó que, el organismo recaudador había objetado el crédito fiscal proveniente de diversos proveedores respecto de los cuales cuestionó la capacidad operativa, económica y financiera.

El Fisco Nacional concluyó que los créditos fiscales resultaban improcedentes, toda vez que estaban afectados por diversas irregularidades y no había sido posible acreditar su veracidad con medios independientes.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó a la AFIP admitir el cómputo del crédito fiscal concluyó que la negativa del Fisco Nacional.

La Cámara confirma la sentencia ya que al concluir que algunos de los proveedores no hayan contestado los requerimientos efectuados, no es suficiente para fundar la falta de existencia sustancial de las operaciones realizadas entre ese proveedor y Frigorífico Lamar S.A. y con relación al segundo de los planteos, esto es, el hecho de que los pagos hayan sido realizados a la cuenta del socio gerente toda vez que la firma estaba tramitando una cuenta bancaria, no es óbice por sí solo para impugnar el crédito fiscal proveniente de esas operaciones.