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Novedades Nacionales

Transportes Unidos del Sud S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10/12/2020

La empresa Transportes Unidos del Sud S.R.L. inicia acción declarativa contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que ese Estado local pretende aplicarle. La actora se dedica a la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros y alega el servicio público brindado por ella estaba sujeto a la tarifa fijada por la Secretaría de Transportes de la Nación, la que no incluyó en su determinación el Impuesto Local sobre los Ingresos Brutos.  En tales condiciones, considera que la pretensión tributaria es contraria a lo dispuesto por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

Por último, aclara que presta también el servicio de transporte automotor de cargas, el que está eximido de abonar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el artículo 2°, inciso f, de la ley 24.653 y añade que las disposiciones cuya inconstitucionalidad plantea gravan con el mentado tributo “toda la facturación de la empresa” sin distinción entre uno y otro servicio.

La CSJN rechaza la demanda, dado que la empresa no demostró qué porcentaje de la base imponible estaba alcanzado por los ingresos emergentes de los pasajes sujetos a tarifas fijados por la autoridad nacional. Señala que no es suficiente que la actora alegue en el escrito de demanda que se dedica a la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros y que las tarifas las fijó la autoridad nacional de aplicación, para eximirse del tributo cuya inconstitucionalidad plantea. Si sólo esos fuesen los extremos a acreditar se le estaría reconociendo a las empresas del rubro una inmunidad impositiva sin más, frente a cualquier pretensión de cobro provincial, y ese no es el derecho constitucional amparado por los precedentes que cita la actora.  

Asimismo, la Corte sostiene que, si bien la actora pide no pagar los Ingresos Brutos por el transporte de cargas que realiza, no ha acompañado al expediente elemento alguno que permita considerar que cuando traslada la carga a la que hace referencia no transporte pasajeros, exigencia impuesta por el artículo 7°, inciso g, de la ley 24.653 para poder ampararse en las previsiones allí establecidas.

Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. s/ acción de inconstitucionalidad – medida cautelar. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 19/11/2020

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco rechazó la acción que dedujo Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. en la que persiguió la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que establecieron nuevos coeficientes para determinar la Tasa por el Uso de la Vía Navegable del Riacho Barranqueras (ley 5012).

En base a la prueba pericial se infiere que los nuevos coeficientes habrían implicado para los buques areneros un incremento del 1.709% en el costo de la tasa, en tanto que para las petroleras uno del 365,69%. En esa pericia, también, se señala que la incidencia de la gabela en los combustibles es del orden del 0,1818%, en cambio para las areneras del 4,0447%.

La CSJN revoca la sentencia cuestionada, dado que omitió analizar fundadamente, conforme los principios de igualdad y capacidad contributiva consagrados en el artículo 59 de la Constitución de la Provincia del Chaco, el agravio relativo a la inconstitucionalidad de los coeficientes establecidos en el decreto 2557/12 para la liquidación de la ―Tasa por el Uso de la Vía Navegable-. Tales principios tienen incidencia para la determinación del modo de calcular la base imponible de la tasa, referida a los costos de la prestación del servicio.

Autocrédito S.A. de Capitalización c/ Santa Fe, Provincia de y otra s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación 26/11/2020

La sociedad actora demanda a la Provincia de Santa Fe y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se “dilucide" su obligación tributaria, en tanto se encuentra alcanzada por un impuesto automotor con exacta identidad de objeto y sujeto, en ambas jurisdicciones. Destaca que, en consecuencia, dos estados dotados de soberanía tributaria se arrogan la facultad de cobrar la totalidad del referido impuesto automotor pero que ninguno de ellos reconoce como pago a cuenta el abonado en el otro.

La CSJN rechazó su competencia originaria dado que el planteo efectuado exige la revisión e interpretación de las normas que regulan los tributos que gravan a los automotores en los códigos fiscales de la Provincia de Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 309 a 340 y 344, respectivamente), así como de los actos locales emanados de ambas jurisdicciones, basados en las referidas normativas.

Asimismo, sostuvo que el litigio tampoco corresponde la competencia originaria por las personas a quienes se demanda, en tanto la acumulación subjetiva de pretensiones -que como en el caso intenta efectuar la parte actora- contra la Provincia de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta inadmisible, puesto que ninguna de ellas es aforada en forma autónoma en esta instancia, ni existen razones que justifiquen concluir en que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario. 

La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos. Corte Suprema de Justicia de la Nación 10/12/2020

La Provincia de La Pampa, por intermedio de su Fiscal de Estado, promueve demanda contra el Estado Nacional con el fin de cobrar las diferencias entre las sumas percibidas en concepto de regalías hidrocarburíferas, calculadas en función de los precios de venta en el mercado local, según el decreto 1757/90, y las sumas que resultan de tomar el precio internacional de los hidrocarburos, tal como lo disponen los arts. 32 y 33 de la ley 23.697. A esos efectos, impugna las normas dictadas por la autoridad de aplicación (Estado Nacional – Secretaría de Energía) en las cuales se establece que deben utilizarse los precios del mercado interno para estimar el valor boca de pozo.

Cabe destacar que el Congreso Nacional no sólo se abstuvo de adoptar decisiones diferentes a las que, en materia de hidrocarburos, el Poder Ejecutivo había plasmado en el decreto 1757/90, sino que incluso tuvo un comportamiento claramente alineado con ellas y además sin perjuicio de la validez del mencionado decreto, las dos áreas o yacimientos que han sido concretamente materia del pleito, estuvieron sujetas desde 1990 y 1991 al régimen de regalías previsto en los correspondientes actos de concesión, es decir, el que resulta de la ley 17.319.

La CSJN rechaza la demanda porque la sujeción de la liquidación y pago de regalías a los procedimientos establecidos en los arts. 61 y 56 de la ley 17.319 desplazó los sistemas anteriores y ajenos a dicha ley, entre ellos todo el cuerpo normativo que ha servido de fundamento a la demanda y contrariamente a lo argumentado por la actora, el régimen establecido en los arts. 110 a 113 del decreto 1757/90 no tuvo una duración irrazonable.

Molinos y Establecimientos Harineros Bruning SA (TF 39082-I) C/DGI S/Recurso Directo de Organismo Externo - Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III - 11/11/2020

La actora - MEHB- adquirió el 90% del capital social de la filial local Parmalat Argentina SA, en el marco del concurso preventivo del que era sujeto deudor y, una vez que asumió el control de la compañía, sustituyó su razón social por “Compañía Láctea del Sur SA” -CLS-. La AFIP en lo que concierne al ajuste en el Impuesto a las Ganancias, objetó la deducción en concepto de “deudores incobrables” del crédito mantenido en favor de CLS.

El organismo fiscal aduce que el aporte dinerario y de capital de trabajo ha sido simulado de modo tal de poder solicitar su verificación en el ámbito concursal, lo cual no sería factible si revistieran el carácter de aportes societarios y que la desestimación del crédito por parte del Juez del concurso habilitó a la inspeccionada a reputarlos de incobrables y proceder a su deducción en el Impuesto a las Ganancias. El juez administrativo calificó jurídicamente el cargo en base al artículo 2º de la ley 11.683, que prevé el “Principio de realidad económica”.

La Cámara al igual que el TFN no comparten la interpretación que predica el fisco nacional, pues, entienden que si bien la cantidad y variedad de operaciones son notables, su repaso no permite vislumbrar que la verdadera intención de la actora hubiera sido efectuar aportes al capital social de la firma controlada, sino más bien abastecerla de recursos económicos e insumos para su reactivación comercial.  La Cámara cita jurisprudencia en torno del principio de realidad económica, entre ellos Consorcio de Empresas Mendocinas Postrerillos SA (TF 24.929-I) s/Dirección General Impositiva”, del 31/10/17.  Respecto de la potestad con que cuenta el fisco nacional de desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes, el Alto Tribunal había afirmado que “… dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria

cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, ´debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares´…”

BBVA Banco Frances S.A. c/A.F.I.P. -D.G.I. s/Proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II. 9/12/2020

BBVA Banco Francés S.A., promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional -A.F.I.P., a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la imposibilidad de aplicar los mecanismos de ajuste por inflación previstos en el Título VI y los arts. 83, 84 y 85 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, permitiendo su aplicación en relación a la declaración jurada del período fiscal 2016, pues lo contrario conllevaría a la determinación de un tributo confiscatorio.

Ello es así, en tanto, para el ejercicio fiscal en análisis, el correspondiente al año 2016 el monto del Impuesto a las Ganancias que correspondería abonar en caso de que no se aplicaran mecanismos de ajuste por inflación sería de $ 2.157.937.428,12 mientras que si se aplican en la determinación del gravamen los mecanismos de ajuste por inflación asciende a $737.975.480,42; resultando la alícuota efectiva del tributo a ingresar si no se hubiese aplicado el mecanismo de ajuste por inflación respecto al resultado impositivo ajustado ascendería a 102,76%.

La Cámara confirma la decisión de primera instancia que hace lugar al reclamo al considerar que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste para la declaración jurada del período fiscal 2016 resultaba inaplicable al caso, ya que se ajusta a los términos del fallo dictado por la CSJN en la causa Candy.

Cordero, Jose Luis c/ AFIP-DGI s/Amparo Ley 16.986. Cámara Federal de Mar del Plata. 11/2020

Luego de concluidas las tareas de inspección por parte de la AFIP, la Inspectora eleva el “Informe Final de Inspección” en el que concluye que el contribuyente debía ser incluido en la Base Apoc. 

La Cámara hace lugar a la acción de amparo y ordena a la AFIP que en forma inmediata elimine la inclusión en la Base Apoc y rehabilite sin limitaciones la CUIT del amparista, ya que conforme dan cuenta las constancias administrativas aportadas, encuentra que las medidas adoptadas por la AFIP han sido dispuestas sin el dictado de un acto administrativo previo, que delimite los alcances de la decisión, ni tampoco se ha cursado intimación al contribuyente, privándolo así de las garantías del debido proceso y de ejercer los remedios que el ordenamiento jurídico establece para impugnar las decisiones administrativas.