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Novedades Nacionales

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Tribunal Supremo de Madrid. Sala de lo Contencioso. STS 1071/2020. 3/3/2020

La entidad recurrente presentó autoliquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades, incluyendo una exención por doble imposición, fundada en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades -TRLIS-, como consecuencia de la obtención de dichas rentas a través de un establecimiento permanente situado en Suiza, país con el que España tiene un Convenio para evitar la doble imposición.

El Tribunal aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, a los fines de determinar los límites de la conocida como interpretación "dinámica" de los Convenios internacionales para evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio suscritos por el Reino de España con base en el Modelo Convenio de la OCDE, como es el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre el Estado Español y la Confederación Suiza de 26 de abril de 1966, cuando se comprueba que, bastante tiempo después de que se produjeran los hechos controvertidos y respecto de los preceptos interpretados, los Estados signatarios, el Reino de España y la Confederación Suiza, consideraron necesario modificar la redacción de ciertas cláusulas del Convenio, incluyendo el alcance de la expresión “establecimiento permanente”.

El Tribunal estima el recurso contencioso-administrativo, anulando los acuerdos de liquidación y revisión procesalmente recurridos, con reconocimiento de la exención pedida.

El Tribunal concluye que la operación interpretativa llevada a cabo por la Sala de la instancia anterior arroja como resultado una aplicación retroactiva desfavorable a la sociedad inspeccionada que: a) comporta una noción unilateral del concepto de establecimiento permanente, ajeno a la reflejada en la propia norma aplicable y a la que

pudiera tomar en consideración la autoridad fiscal del país en que se obtuvieron los rendimientos; b) de hecho, hay constancia ineluctable, y no discutida, de que Suiza gravó tales rendimientos, partiendo de la consideración de que habían sido obtenidos por un establecimiento permanente; c) de hecho, parece inútil que exista un convenio internacional que carezca de instrumentos de conciliación o acuerdo para la resolución de controversias o problemas de calificación o concepto -o a los que no se acuda-, pues el acto administrativo recurrido en la instancia es una decisión unilateral de la autoridad fiscal española que desconoce el carácter paccionado o concordado del convenio -es la fuente de su carácter obligatorio y de su debida incorporación a nuestro derecho interno ( arts. 94 y 96 CE)- y la sentencia que lo respalda tampoco se somete correctamente,

por tal razón, a nuestro sistema de fuentes; d) con ello se consuma, además, una doble imposición, pues las mismas rentas son objeto de doble gravamen, en contra del claro sentido y finalidad de que existan convenios de doble imposición. La afirmación en contrario de la sentencia no puede ser aceptada, máxime cuando niega el examen y valoración de los documentos que la prueban.

Respecto de la interpretación dinámica de los convenios puede aclararse que en ningún caso: a) tal interpretación podría proyectarse retroactivamente sobre un caso regido por la norma anterior; b) tal interpretación podría fundarse exclusivamente en comentarios, modelos o pautas interpretativas que no hayan sido explícitamente asumidos por los estados signatarios en sus convenios, a los efectos de los artículos 94 y 96 CE, sin perjuicio de que el criterio establecido pueda servir de orientación a los tribunales cuando el comentario o recomendación pueda coincidir con la resultante de interpretar el propio convenio u otros, o las demás fuentes del ordenamiento; y c) en ningún caso puede la interpretación adoptada por la Administración y por los Tribunales dar lugar a una situación de doble imposición sin valorar previamente la tributación efectiva acreditada en el otro país firmante del Convenio y las posibilidades de evitarla que prevé el artículo 23, en relación con sus concordantes, del propio Convenio. 

JURISPRUDENCIA NACIONAL

Bank Boston National Association c/ GCBA-AGIP DGR-RESOL 3065/08(DTO 905/02) s/Proceso de Conocimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación.  12/11/2020

Bank Boston National Association inició una acción meramente contra la Dirección General de Rentas -AGIP- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de que se declarara que los ingresos relativos a los bonos que el Estado Nacional le entregó a dicha entidad bancaria para resarcir los efectos patrimoniales negativos generados por la pesificación de los créditos, obligaciones y tenencias expresados en moneda extranjera (decreto 905/02 -art. 28-, ratificado por la ley 25.827 -art. 71-) no debían ser gravados con el impuesto sobre los ingresos brutos.

La Cámara hizo lugar a la acción deducida, y declaró que la demandada debía abstenerse de perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La CSJN confirma la sentencia ya que aquellos actos tendientes al cobro del tributo local sobre los ingresos percibidos por la entrega de los bonos regulados por la normativa federal tienen entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre acerca de la existencia, alcance o modalidades de la relación jurídica que liga a las partes, pues mientras la autoridad fiscal pretende gravar con sustento en la normativa local el ingreso obtenido por la entrega de bonos sobre la base de considerarlo producto de la actividad “habitual” de intermediación financiera, la actora apoya su posición en normas federales que conciben a dicho ingreso como un “resarcimiento” otorgado, por única vez, por el Estado Nacional en razón de la emergencia pública declarada por la ley 25.561.

Asimismo, concluyó que la recepción de los bonos no ha constituido un ingreso que tuvo por objeto retribuir la actividad ejercida por las entidades financieras. Lejos de ello, se trató de una medida excepcional proveniente del Estado Nacional que, en atención al interés público comprometido, decidió resarcir los efectos patrimoniales negativos padecidos por las entidades financieras, como consecuencia de una medida de emergencia.

Olivera, Gustavo Eduardo c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 12/11/2020

El actor inició acción de amparo contra la AFIP, al considerar afectado su derecho de acceso a la información pública al momento de requerir determinados datos relacionados a una actuación que tuvo su origen en una denuncia que él había formulado, ante el órgano recaudador, contra la firma Autotrol S.A. y que fue rechazada con fundamento en que la información pedida se encontraba amparada por el secreto fiscal consagrado en el arto 101 de la ley 11.683.

La solicitud efectuada por el actor pretende indagar sobre la actividad realizada por el organismo recaudador en el marco de un procedimiento tributario. Al ser ello así, lo requerido reviste la naturaleza de información pública en los términos del anexo VII del decreto 1172/03, pues se relaciona con datos generados por un organismo público en ejercicio de su función administrativa. 

La CSJN confirma la sentencia de la Cámara en cuanto ordenó a la demandada informar, la fecha de la orden de intervención, si se libraron requerimientos destinados a que el contribuyente aporte información (cantidad, fecha, número de identificación), si fueron labradas actas en las que se haya dejado constancia de testimonios recabados por los inspectores o aportes de documentación de Autotrol S.A., ya que dichos datos constituyen información pública cuya revelación no afecta el secreto fiscal. 

Serca S.A. c/ AFIP – DGI s/ impugnación de deuda. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5/11/2020

El Fisco Nacional determinó deuda de aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social respecto del presidente del directorio de Serca S.A., sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por la empresa, en las que figuraba en la nómina de empleados en los períodos sujetos al ajuste y en virtud de las deducciones efectuadas con destino a la Obra Social, presumió que dicho directivo había ejercido en forma tácita la opción prevista en el art. 3, inc. a, punto 1, de la ley 24.241 (incorporación voluntaria al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y, en consecuencia, la sociedad estaba obligada a ingresar todas las cotizaciones que integran la Contribución Unificada de la Seguridad Social. Ello sin perjuicio de los aportes integrados en carácter de afiliado autónomo.

La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto la determinación de la deuda a partir del caso “Buhar Yaco”, en el que se había resuelto que la circunstancia de ser director de varias sociedades anónimas no implicaba multiplicidad de actividades, sino que se trataba de una misma actividad ejercida en diferentes empresas, y que la categoría correcta a la cual se debía aportar sería la “E” o la “D”, de acuerdo a la cantidad de empleados y por un solo cargo, el de mayor significación económica.

La CSJN hace lugar al planteo del Fisco respecto a que la Cámara al remitirse al precedente “Buhar Yaco”, omitió examinar las consecuencias jurídicas de los pagos efectuados por el presidente de Serca S.A. al régimen de autónomos y si su inclusión en la nómina de empleados de la sociedad implicaba la opción de incorporación voluntaria al régimen dependiente y, por lo tanto, la obligación de ingresar todas las cotizaciones que integran la Contribución Unificada de la Seguridad Social.

Gandera, Diego Javier s/ plantea recurso de queja por apelación en expte. nº 2248/12 reg. D.G.R. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5/11/2020

La Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones, aplicó al actor la sanción de comiso de un vehículo automotor. Esta decisión fue impugnada ante la Justicia Correccional y de Menores, mediante la presentación del recurso de apelación previsto a tal efecto en el Código Fiscal provincial y fue denegada con fundamento en que su presentación había sido extemporánea. 

La CSJN hace lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por el actor al entender que en los casos de jurisdicción administrativa el cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio requiere, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial amplio y suficiente. Los agravios planteados respecto del cómputo del plazo de tres días hábiles previsto para la interposición del recurso de apelación ameritaban al menos ser examinados a fin de comprobar si se lo había privado indebidamente del control judicial.  Por ello, la omisión del a quo de pronunciarse a su respecto implicó un apartamiento arbitrario que descalifica lo resuelto como acto jurisdiccional válido.

Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10/9/2020

El trabajador en forma personal, y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del art. 241 de la LCT. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por "mutuo acuerdo" dado que el aludido acuerdo no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la "justa composición de los derechos e intereses de las partes" que exige el artículo 15 de la LCT.

La CSJN deja sin efecto la sentencia, ya que no constituye derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma, en tanto la LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de "acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa (artículo 15)”.

Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ apremio provincial recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 22/10/2020

El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra Recuperación de Créditos S.R.L. persiguiendo el cobro de una deuda por Impuesto sobre los Ingresos Brutos (período fiscal 01 a 10 del año 2000). La ejecutada, opuso excepción de prescripción liberatoria y planteó la inconstitucionalidad del Código Fiscal local porque establece un modo de cómputo del plazo contrario al del art. 3986 del Código Civil de la Nación entonces vigente.

El Juez Rosatti, en su voto en disidencia declara formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto y revoca la sentencia apelada, sosteniendo que no se puede limitar el federalismo de la Constitución con el unitarismo del Código Civil, habida cuenta de la preeminencia que tiene la Carta Fundamental sobre toda otra ley. Y ante la presencia de una facultad no delegada al gobierno nacional, si el código la hubiera rozado en forma tal que comportara una limitación, la inconstitucionalidad se hallaría en el Código Civil y no en la ley provincial que prescindiera de tal limitación.

La CSJN por mayoría declara inadmisible el recurso extraordinario que dedujo la Provincia de Buenos Aires, quedando firme la decisión de la SCBA que había declarado la inconstitucionalidad del art. 133, 1° párrafo, segunda parte, del Código Fiscal (t.o. año 2004) y admitido la excepción de prescripción articulada por el contribuyente.

Capelletti, Marilina – Tribunal Fiscal de la Nación – Sala A. 19/06/2020

Se interpuso recurso de amparo en los términos del art. 182 de la ley 11.683 a efectos de que el organismo fiscal se expida respecto de la consulta de carácter vinculante efectuada por la actora, quien trabaja como empleada bajo relación de dependencia en el Consulado de Italia en Argentina y en virtud de un convenio de seguridad social que ambos países celebraron optó por realizar sus aportes jubilatorios al Sistema de Previsión Social de la República de Italia. 

La consulta vinculante consistió solicitar se determine si el importe de la retención que le corresponde como empleada bajo relación de dependencia del Consulado General de Italia, en concepto de Impuesto a las Ganancias, se debe o no deducir de la ganancia bruta los aportes jubilatorios efectuados al Instituto Nazionale Previdencia Sociale (INPS) de la República de Italia.

El TFN hacer lugar al recurso de amparo y fija un plazo de treinta días para que la AFIP-DGI se expida sobre la consulta efectuada por el amparista por considerar que se había excedido ampliamente el plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de notificación al contribuyente de la admisibilidad formal de la consulta vinculante, para responder este tipo de consultas.

O, S A Y Otros c/ B, A G s/Atribución de uso de vivienda familiar. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala L. 5/11/2020 

Las partes celebraron un convenio de liquidación de la comunidad de bienes mediante el cual el demandado adquiriría la totalidad del inmueble en que vivía su ex cónyuge y sus hijos menores y convinieron que compensaría a la actora mediante el pago de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MIL (u$s150.000). Con fecha 14/02/2020 el demandado se presentó y depositó la suma de $ 9.487.000, pretendiendo acreditar el pago de la suma de U$s 150.000 a la cual se había obligado a la cotización de $ 63,25 del BNA al 11/02/2020 invocando la aplicación del art. 765 del CCyCN, en cuanto prevé que el deudor puede cancelar una obligación que contrajo en moneda extranjera mediante la entrega del equivalente en moneda de curso legal.

La Cámara sostiene que la conversión de los dólares a la cotización oficial no arroja una suma “equivalente” en pesos que satisfaga el interés del acreedor, ya que con esa cantidad de pesos, éste no podría adquirir en el mercado de cambios la cantidad de dólares que tuvo en cuenta al celebrar el convenio en el cual entregaba la vivienda en que residía con sus hijos menores.

Consecuentemente, en el contexto económico y financiero actual, el demandado podrá desobligarse entregando las sumas en dólares estadounidenses conforme fuera pactado o la cantidad de pesos según la cotización del dólar “MEP” al día del pago, ya que el mencionado art. 765 del CCyCN no dispone que la conversión deba realizarse según la cotización oficial.

Barreto, Lia c/ en-AFP s/Proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III. 2/9/2020

El Fisco Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y le ordenó a la AFIP que se abstuviera de descontar suma alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre su haber previsional.  Sostiene que el juez la ha intimado erróneamente a devolver dichas sumas de dinero ya que la AFIP no reviste el carácter de agente de retención, es decir, no fue ese Organismo quien efectuó las retenciones a la actora, sino que fueron realizadas por el ANSES y en esa inteligencia, aduce que no puede devolver algo que no ha retenido.

La Cámara le da la razón a la contribuyente haciendo saber a la AFIP-DGI que -por intermedio de la ANSES deberá arbitrar los medios necesarios para que las sumas que indebidamente se continuaron reteniendo, mes a mes, sean restituidas en el haber de la actora. En caso contrario, ante la hipótesis de incumplimiento, el tribunal de grado deberá remitir copia de las actuaciones a la justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal (prisión de 15 días a 1 año).

Cano, Juan Carlos c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala IV. 29/10/2020

El TFN hizo lugar a la repetición que interpuso el actor a fin de obtener la devolución de la suma que le fue retenida en concepto de Impuesto a las Ganancias, período 2005 con motivo de una indemnización por despido.

El Fisco apeló la sentencia.  Manifestó que desistía del recurso en cuanto se hizo lugar a la repetición solicitada sobre las sumas liquidadas bajo los conceptos “indemnización por antigüedad ley 25.561” y “gratificación por cese”, y lo mantenía en cuanto hizo lugar a los rubros vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, indemnización sustitutiva de preaviso y SAC sobre preaviso.  La Cámara hizo lugar a los agravios del Fisco.

Ceci, Roberto c/ EN-AFIP-DGI s/Amparo Ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V. 22/9/2020.

El demandante dedujo acción de amparo contra la AFIP-DGI con el objeto de que declarase la inconstitucionalidad e ilegalidad de la vía de hecho consistente en la limitación de su CUIT, en virtud de haber sido incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables”. En ese marco, solicitó el dictado de una medida cautelar mediante la cual se dispusiera la habilitación de su CUIT a efectos de cobrar los honorarios regulados, depositados y dados en pago por su actuación como Perito Contador Público.

La Cámara concede la medida requerida, ya que la limitación de la CUIT dispuesta por la AFIP constituye, en la práctica, un obstáculo para que el demandante perciba los honorarios que son la retribución de su trabajo lícito como auxiliar de justicia y revisten carácter alimentario, máxime cuando el organismo recaudador dispone de múltiples herramientas ante el incumplimiento de obligaciones fiscales, tales como los procedimientos de fiscalización, el procedimiento de determinación de oficio, entre otros. 

Alfinet c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III 14/10/2020. 

El TFN confirmó las Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI, a través de las cuales la repartición había determinado de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2003 y 2004, y en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2002 a 12/2003. En dicho pronunciamiento se dio por decaído el derecho de la parte actora a la producción de la prueba testimonial no impulsada, clausurándose dicha etapa procesal.

El decreto 1397/79, en lo concerniente a la prueba testimonial a producirse en la órbita del TFN, establece lo siguiente: “Cuando a los fines del proceso deben prestar declaración testigos que no se domicilien en la Capital Federal, si cualquiera de las partes así lo solicita, el testimonio será prestado ante el jefe de la delegación, distrito o agencia de la Dirección General Impositiva o de la Administración Nacional de Aduanas que corresponda al domicilio del testigo, en las condiciones y bajo las formas que determine el reglamento del Tribunal Fiscal”.

La prueba ordenada no se ha efectivizado, por razones ajenas a la voluntad de las partes contendientes, ya que la actividad se había encomendado a la delegación con sede en la Provincia de Córdoba y, la misma no se realizó.

La Cámara declara la nulidad de las actuaciones desde el auto que dio por decaído el derecho de la parte actora a la producción de la prueba testimonial y clausuró el período de prueba, y ordena que, por quien corresponda, se adopten las medidas del caso para conocer el resultado de la prueba ordenada. 

Rimedio, Gabriel Mariano c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 27/10/2020 

La AFIP determinó el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas, manifestó que la empresa había efectuado dos pagos parciales, circunstancia que motivó el dictado de otra resolución por la que se determinó la responsabilidad personal y solidaria del presidente de la firma por el saldo adeudado, señalando que figuró como persona autorizada y único firmante en la cuenta bancaria de la empresa por más de tres años después de haber cesado en su cargo. Asimismo, efectuó denuncia penal tributaria.

Según lo examinado por la Justicia en lo Penal Económico: la firma careció de actividad económica real, tuvo como único cliente a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.) —entidad exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias—, y además habría sido creada para servir como vehículo del dinero desviado ilegítimamente de la Asociación a través de la emisión de facturación apócrifa con la finalidad de extraer fondos de la entidad civil por parte de quienes tenían a su cargo la administración, en perjuicio patrimonial de los asociados de aquélla (conf. art. 173, inciso 7°, del Código Penal) y no con la intención de evadir tributos. 

La Cámara Contencioso Administrativa difiere el dictado de la sentencia hasta tanto medie pronunciamiento definitivo y firme en la causa penal referida, de conformidad con el instituto de la prejudicialidad penal prevista en los arts. 1.775 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias.

Compañía Procesadora de Carnes SA c/ EN - AFIP - DGI s/Proceso de Conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V. 1/10/2020 

El juez de primera instancia rechazó la demanda promovida por la actora, con el objeto de obtener el reintegro de créditos fiscales correspondientes a las operaciones de exportación y concluyó que los créditos fiscales cuyo reintegro la actora pretende no existieron en la realidad.

La Cámara revoca la sentencia apelada en la medida en que la firma actora produjo un principio de prueba demostrativo de la realidad (parcial en algunos casos) de las adquisiciones, es decir, presentó las facturas al solicitar el reintegro de IVA, canceló los importes mediante cheques propios, acompañó las órdenes de compra, y los documentos relacionados con el traslado y la recepción de la mercadería, y al Fisco le incumbía demostrar que el precio y, en particular, el Impuesto al Valor Agregado, no habían sido pagados ni retenidos, ya que para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba; ni el resultado de esa fiscalización lo autorizaba a trasladar de modo mecánico, y enteramente, la carga de la prueba sobre la parte actora.

Alimentos Tancacha SA c/ DGI s/Recurso de Organismo Externo.  Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V. 22/9/2020 

El TFN se declaró incompetente para entender en el recurso interpuesto por la firma actora, en los términos del artículo 76, apartado b), de la Ley 11.683, contra una serie de resoluciones administrativas de la AFIP, mediante las cuales se había admitido parcialmente las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado en operaciones de exportación, reconociendo un crédito a favor de ella pero sustrayendo de lo solicitado las sumas vinculadas con operaciones realizadas con proveedores calificados como “contribuyentes no confiables”.

Alimentos Tancacha S.A. sostiene que las resoluciones cuestionadas revisten la calidad de “determinación de oficio” toda vez que fueron el resultado de un proceso de verificación previsto en una norma específica, como lo es la Resolución General AFIP Nº 2000/2006, en el que la demandada contó con toda la documentación necesaria para ejercer plenamente sus facultades de contralor.

La Cámara confirma la declaración de incompetencia dispuesta por el TFN, en los términos del artículo 159 del Ley 11.683, toda vez que el acto recurrido por la parte actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación consiste en una intimación/liquidación de una suma de dinero, a fin de requerirle la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación y atento la reforma legislativa implementada por la ley 27.430 -B.O. 27/12/2017-, no cabe mantener la doctrina que emana del fallo plenario ‘Las Dos C SA’.

Herrera, Jorge Rafael S/ Infracción a la Ley 11.683. Cámara Federal de Salta - Sala II. 21/8/2020

El contribuyente interpone recurso de apelación en contra del auto por el que se confirmó la resolución dictada por AFIP por la cual se le aplicó una sanción administrativa consistente en la clausura por dos días del local verificado, por considerar acreditada la infracción prevista por el art. 40 inc. “a” de la ley 11.683, consistente en la no emisión de facturas o comprobantes equivalentes por una operación comercial.

La Cámara deja sin efecto la clausura impuesta, considera que la infracción formal fue cometida con anterioridad al 30 de noviembre del 2019, que la sanción a la fecha no se encuentra firme y que por la naturaleza del deber formal transgredido resulta imposible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción. Finalmente, aplica el art. 12 de la ley 27.541 y condona de oficio la sanción impuesta.