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BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

Fideicomiso Santa Teresa c/ Dirección General Impositiva y otro s/ recurso directo de organismo externo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 27/8/2020

El Fisco Nacional determinó de oficio el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de la actora por los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006, con más sus intereses, y aplicó una multa por defraudación por el período 2004. El Tribunal Fiscal de la Nación revoca la resolución y la Cámara confirma dicha decisión.

El Fisco sostiene que el informe pericial contable producido para pedir el beneficio de litigar sin gastos no basta para probar la inexistencia de renta presumida por la ley, toda vez con esa prueba solo se había solicitado informar a cuánto ascendían los montos recaudados por el administrador, cómo fueron aplicados y si hubo algún remanente no aplicado.

La CSJN hace lugar a la queja del Fisco, ya que entiende que la finalidad de la prueba contable apuntaba a demostrar que la actora carecía de los medios económicos para afrontar el pago de la tasa de actuación que le ocasionaba el litigio, pero que de ningún modo intenta probar la ausencia de capacidad contributiva en los términos del precedente "Hermitage" y por ello tal medida probatoria resulta insuficiente para realizar una comprobación fehaciente de que la renta presumida por La ley 25.063 no ha existido.

Molinos Río de la Plata SA c/Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo. Dictamen de la Procuración General de la Nación. 28/11/2017

El Fisco Nacional consideró que debían tributar en Argentina los dividendos cobrados por Molinos provenientes de la firma Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S .A., empresa constituida en Chile. Sostuvo que ésta, en su carácter de "sociedad plataforma de inversiones" -tipo societario creado por la legislación chilena aplicable-, operó en los hechos como un mero conducto para concentrar las inversiones en el extranjero de Molinos y, al aplicar el Convenio para Evitar la Doble Imposición -CDI- entre Chile y Argentina, aprobado por la ley 23.228, arribó a un supuesto de falta de imposición de esas rentas tanto en Chile (país de la fuente, donde los dividendos cobrados por Molinos Holding estaban exentos) como en Argentina (quien había resignado su poder tributario en favor del país de la fuente, Chile en la especie), configurándose de esta forma un supuesto de abuso de tratado.

Ante tal situación, sostuvo el Fisco que, si bien el CDI no preveía una norma antiabuso, era de aplicación lo normado por el arto 2° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), para reconducir el resultado no querido por ese tratado.

Molinos Holding no adquiría para sí las rentas generadas por otras sociedades del grupo -en especial las de las firmas radicadas en Perú y en Uruguay-, ya que no había un vínculo real con éstas, y las ganancias así obtenidas eran derivadas íntegra e inmediatamente a Molinos, configurando un supuesto de treaty shopping.

El Fisco como y el juez a-quo consideran que las cláusulas del arto 11 del CDI tienen por objeto conceder un beneficio a las empresas de los estados contratantes respecto de los dividendos, gravándolos en una sola de esas jurisdicciones, pero de ninguna manera fue su propósito extender este beneficio a dividendos que provengan de terceros países que no son parte de ese CDI -en la especie, de Perú, de Uruguay y de las demás naciones en las cuales Molinos Holding posee participaciones empresarias-.

La procuradora no comparte esa tesitura y sostiene que el CDI en cuestión, como norma del derecho internacional convencional que es, goza de la jerarquia supralegal que le otorgan los arts. 31 y 75, inc. 22, de nuestra Carta Magna y, por ende, no puede ser modificado por disposiciones de orden interno.

Asimismo, entiende que equivocó el rumbo el Fisco Nacional cuando sostuvo que no hay impedimento alguno para aplicar la normativa interna anti abuso ante la falta de ellas en el CDI, ya que no existía en el CDI norma alguna que habilitase ese proceder.

El CDI aprobado por la ley 23.228, al basarse sobre el criterio de la fuente, no permite abrir juicio sobre la conducta tomada por Molinos, en cuanto a si actuó como lo hizo sólo para disminuir su carga tributaria o si lo hizo además, o concomitantemente con ello siguiendo una principal, estrategia de negocio.

SHELL CIA Argentina de Petróleo SA c/ en-AFIP DGI s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II. 27/8/2020

La firma actora solicitó que se deje sin efecto la resolución por la cual se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto contra la intimación de pago del saldo de la DD.JJ. del Impuesto a los Combustibles Líquidos y se rechazó la pretensión relativa a los intereses resarcitorios respecto del mencionado tributo ordenándose en consecuencia su reliquidación. Luego, solicitó la reconversión de la demanda en los términos del art. 331 del C.P.C.C.N., señaló que canceló los intereses que le fueran reclamados mediante la compensación con saldos de libre disponibilidad del I.V.A. y, como consecuencia de ello, reconvertía la demanda en una acción de repetición en los términos de los arts. 81 y 83 de la ley 11.683.

El Fisco opuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y señaló que la accionante debía iniciar el procedimiento previsto en el artículo 81 de la ley 11.683.

La Cámara entiende que las sumas cuya repetición se persigue fueron abonadas por la contribuyente en atención a una exigencia administrativa del Fisco, de la que se desprende que el contribuyente no había cancelado en tiempo oportuno el segundo anticipo del Impuesto a los Combustibles Líquidos del período fiscal, porque el pedido original de compensación -posteriormente convalidado- no había producido efectos cancelatorios. En este orden de ideas, el organismo recaudador consideró que la contribuyente debía intereses desde la fecha de vencimiento del aludido anticipo y ordenó reliquidar tales réditos. Entonces, cabe concluir que el pago de los intereses fue efectuado por la contribuyente a requerimiento del Fisco y, por ello, la interposición del reclamo administrativo previo de repetición no resulta exigible a los fines de la habilitación de la instancia.

GCBA c/ Escuela Superior Técnica del Ejército s/Ejecución Fiscal Tributarios. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 25/8/2020

La jueza de grado rechazó la excepción de prescripción de una deuda tributaria reclamada en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras correspondiente a los períodos fiscales 2005 a 2010, en razón de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

La Cámara falla a favor del contribuyente y revoca la sentencia, sostiene que los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior, pues la deuda reclamada fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior; varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen.

Aurelio Bar SA c/EN - AFIP s/amparo ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II. 27/8/2020

Aurelio Bar SA inició una acción de amparo a efectos de que se le permitiera acceder a los beneficios contemplados en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), explicó que le fue denegada la solicitada asistencia estatal dado que, por aplicación de las directivas que emanaban de las decisiones administrativas 483/2020, 516/2020 y 591/2020, a fin de determinar si había experimentado una disminución sustancial de ventas, la Administración decidió comparar sus resultados nominales del período 12/3/2019-12/04/2019 con los del período 12/3/2020-12/4/2020 y, al haber iniciado actividades a principios del año en curso, tal evaluación resultó incompatible con los criterios acordados al efecto.

La Cámara admite la acción de amparo dada la ausencia de razonabilidad en la exigencia de una condición -el dato de la interanualidad por un período en que la empresa no existía y, por tanto, no tuvo facturación, máxime si el ordenamiento rector, contempla su específica situación (esto es, el de una empresa que inició sus actividades en el año en curso), disponiendo sin más para tal caso tener por cumplido “el criterio exigido para acogerse a los beneficios del Programa ATP”. 

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social c/ EN-AFIP s/ amparo ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III. 26/8/2020

El Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, Cultura, Acción Social, interpuso acción de amparo contra la AFIP, a fin de acceder a los beneficios otorgados por el Estado Nacional mediante Decreto 332/20, modificado por Decreto 347/20 y 376/20.

El juez a-quo rechazó la acción dado que la entidad mutual se encuentra inscripta en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales desde el 19 de mayo de 2020 y con sustento legal en lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución 352/2020 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La Cámara revoca la sentencia ya que resulta irrazonable el trato desigual que brinda el mencionado art. 3° de la resolución ministerial al no permitir que la suspensión dispuesta en esa norma respecto de los sujetos alcanzados por dos primeros artículos, proyecte sus efectos sobre la inclusión de la actora en el REPSAL, por los motivos previstos en el inciso h) del art. 2° de la ley 29.940, referido a circunstancias que, si bien no son las deseadas por la legislación que rige en tiempos que no son de emergencia (el empleo en negro), no son equiparables a las referidas en los arts. 3° -infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847-, y 4° - sentencias condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas-.

Diaz, Juan Carlos c/ EN-AFIP s/Proceso de conocimiento.  Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III. 22/7/2020

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de repetición con más los intereses correspondientes a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA y declaró inconstitucional la aplicación el artículo 4º de la resolución 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, dado que se demostró que las condiciones económicas de la época evidencian que ya no se dan las condiciones tenidas en cuenta al momento de ser dictada la resolución de referencia.

El Fisco apela la sentencia e insiste en que corresponde aplicar las tasas de interés previstas en las resoluciones 314/04 y 598/19 por cuanto constituyen una reglamentación propia del régimen.

La Cámara sostiene que, si bien el mero establecimiento de tasas de interés diferenciadas no logra afectar el principio de igualdad, es absurdo suponer que los cambios económicos afectan únicamente a la administración tributaria, cuando imperiosamente la totalidad de las partes involucradas en la relación tributaria son alcanzadas por las circunstancias generales de la economía del país, debido a que se encuentran incuestionablemente inmersos en ellas. De este modo el sostenimiento de la exigua tasa de interés del 6% anual, que se mantuvo invariable ante los cambios económicos generales del país y más aún, al carecer de fundamento alguno que explique tal estabilidad, deviene irrazonable, puesto que el no acompañar aquellos cambios de la economía, menoscabó el crédito en cabeza del responsable que pagó en forma indebida, lesionado su derecho de propiedad.

Completa Vinicio c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo.  Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 18/8/2020.

El Fisco determinó de oficio la obligación impositiva del actor en su carácter de responsable solidario por la deuda de La Filomena S.A., respecto del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 09/2012, 12/2012, 01 a 07/2013 y 09/2013. La sociedad, en su calidad de deudora principal se había acogido al régimen de sinceramiento fiscal previsto por la ley 27.260 y de ese modo había regularizado la pretensión fiscal cuyo incumplimiento originó el acto determinativo dictado contra el actor en su carácter de responsable solidario.

El Fisco Nacional entiende que ni el deudor principal ni el responsable solidario cumplieron con lo establecido por la ley 27.260 y su reglamentación para obtener los beneficios allí dispuestos. Precisa que, si bien La Filomena S.A. incluyó la deuda en el mencionado plan de pagos, omitió cumplimentar lo exigido en el art. 11 de la RG AFIP 3920 con respecto a la presentación del formulario 408 y al desistimiento de la acción y del derecho, inclusive el de repetición; extremos que tampoco fueron cumplidos por el actor.

La Cámara sostiene la exigibilidad de la presentación del F.408 en los supuestos previstos por el art. 9º de la RG AFIP 3920, rige para el caso en que el acogimiento al régimen sea realizado por el responsable solidario de la deuda ajena; extremo de hecho que no se corresponde con lo sucedido en los presentes actuados, en los que el actor, en su calidad de responsable solidario, se limitó a denunciar la regularización de la deuda por parte del deudor principal. 

Bus Televisión SA TF 24598-I c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo.  Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III. 14/8/2020.

El TFN revocó la resolución de la AFIP - DGI, mediante la cual se había determinado de oficio la obligación frente al Impuesto al Valor Agregado —períodos fiscales mayo de 1999 a mayo de 2001, ambos inclusive—. Para decidir así, explicó que la actividad de la actora es la producción y distribución de programas de televisión y que los automóviles en cuestión fueron entregados, como premio, a los invitados a un programa de entretenimientos que la actora produce y analizó que “si el automóvil incorporado por la actora no forma parte de ningún rubro del activo de la misma, debe colegirse, sin hesitación, que se trata de una partida de resultado negativo, de un costo o gasto vinculado con sus ingresos gravados en tanto, tal como se encuentra acreditado en la causa, la actividad de la actora se encuentra alcanzada por el gravamen e incorpora al bien como un elemento distintivo de la misma.

La Cámara revoca la sentencia y confirma la resolución de la AFIP – DGI de acuerdo al alcance del art. 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en tanto no se ha acreditado que las compras de los automóviles tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio o que la explotación de los mismos bienes constituya el objetivo principal de la actividad gravada.

Tilo Pampa S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 1/9/2020

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de repetición respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2003 y declaró legítima la aplicación del ajuste por inflación. El Fisco Nacional interpuso recurso de apelación, afirma que el ajuste por inflación sólo debe aplicarse de conformidad con el título VI de la ley de Impuesto a las Ganancias según la jurisprudencia de la Corte en “Candy”, excluyendo las actualizaciones. 

La Cámara confirma la sentencia, ya que la cuestión debatida es la confiscatoriedad de la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias, que se determinó sobre el resultado impositivo y que fue debidamente acreditada por la pericia contable respecto a que si se compara el impuesto determinado a valores históricos con el resultado con ajuste por inflación la alícuota que surge es del 67%.

Ranko c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV. 22/9/2020

Ranko SA inició una acción declarativa de certeza tendiente a despejar el estado de incertidumbre en que dijo encontrarse respecto del método de liquidación del Impuesto a las Ganancias utilizado en su declaración jurada para el periodo fiscal 2018.

El Fisco Nacional destacó que el contribuyente ya había presentado su declaración jurada del impuesto con aplicación del mecanismo de ajuste por inflación. Por lo tanto, señaló que el perjuicio invocado no resultará ni de los dichos de la actora, ni de la prueba que ofrece, sino de la determinación que eventualmente realice el ente recaudador, actividad que aún no se habría verificado, lo cual -insistió obsta a la configuración del caso o controversia.

La Cámara declara inadmisible la acción, dado que la contribuyente pretende obtener una declaración judicial que la ponga a resguardo de eventuales e hipotéticas medidas que pudiera adoptar el Fisco Nacional si llegara a considerar que la declaración jurada del impuesto en cuestión -que ya presentó- estuviera mal confeccionada, circunstancia que, como principio, impide identificar una actividad por parte de la AFIP que pudiera considerarse un peligro cierto para sus derechos constitucionales.

Sensor Automatización Agrícola S.A. c/ AFIP DGI s/ Impugnación de acto administrativo. Cámara Federal de Rosario – Sala A. 4/5/2020.

La AFIP cuestionó la interpretación del a quo conforme a la cual de la RG Nº 327/99 no surgiría que la opción de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias requiera, para ser operativa, de la previa aprobación del ente recaudador.

La Cámara entiende que de dicha reglamentación, dictada por la propia administración, surge con nitidez que la opción de reducción, efectivamente, no requiere de autorización previa y que el control del órgano recaudador resulta facultativo, a lo que podría agregarse que cabría interpretar que si la AFIP-DGI nada requirió al contribuyente dentro de los diez días hábiles, habría conferido una suerte de aprobación ficta a la opción de marras.

En cuanto a la interpretación del artículo 20 de la RG Nº 327/99 considera que la equívoca y pretendida diferenciación de los conceptos “impuesto real” e “impuesto determinado”, ensayada por la AFIP, carece de entidad como para enervar la inferencia jurisdiccional conforme a la cual si la contribuyente abonó por el impuesto de que se trata y durante el año concernido más de lo que efectivamente debía, mal puede ser legítimamente cargada con interés alguno, ya que esto generaría un enriquecimiento sin causa por parte del Fisco Nacional.

AFIP - DGI c/ La Limonera S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL. Cámara Federal de Tucumán. 17/9/2020 

En el marco de una ejecución fiscal iniciada por el Fisco Nacional que cuenta con sentencia de trance y remate, el juez de grado entiende que al haberse adjuntado a la litis informe sobre caducidad de plan de pagos, al que se acogiera el ejecutado, se produjo la modificación del título (boleta de deuda) base de la ejecución y ordena el archivo de las actuaciones y/o levantamiento de medidas cautelares trabadas y el libramiento de una nueva boleta de deuda en concepto de caducidad de plan de facilidades de pago.

La Cámara resolvió que el plan de pagos no prevé la novación de la obligación tributaria, entonces ante su caducidad resulta suficiente la boleta de deuda adjuntada en la demanda en los términos del art. 92 de la Ley N° 11.683, con la liquidación de la deuda actualizada.