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BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

Feler, Eduardo Jorge c/ Estado Nacional y otro s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación – 6/8/2020

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073 y permitió a la actora aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en su declaración jurada del impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 2002. 

En el precedente "Candy" se admitió la posibilidad de que la falta de aplicación del mencionado mecanismo de ajuste podía conducir a resultados confiscatorios, pero tal circunstancia no se presenta en el caso, ya que la prueba pericial contable obrante es insuficiente para demostrar un supuesto de confiscatoriedad en tanto se advierte que la actora en vez de tener una pérdida histórica o sea sin ajustar de $ 27.501,05 pasa a tener una pérdida de $ 1.754.934,70 realizando el ajuste por inflación.

Cabe recordar que en el mencionado precedente "Candy S.A." la CSJN sostuvo que la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación lo es al solo efecto de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o el capital, lo que impide utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en períodos posteriores, ello por la sencilla razón de que, en tal supuesto "no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados".

 

Bunge Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo. Corte Suprema de Justicia de la Nación – 6/8/2020

La actora abonó las liquidaciones suplementarias de derechos de exportación practicadas por la Dirección General de Aduanas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260. Luego inició el reclamo de repetición para obtener que se le devuelva lo abonado.

La Dirección General de Aduanas -con fundamento en los arts. 794, 795 Y 796 del Código Aduanero- intimó el pago de los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación del capital, negó que pueda considerarse que el capital fue cancelado por la actora en los términos requeridos por la ley 27.260 que exige desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición

La CSJN confirma la sentencia de la Cámara al sostener que se encuentran condonados los intereses resarcitorios que se devengaron mientras dicho capital se mantuvo impago, sin que pueda exigirse al contribuyente que desista o renuncie a acción o derecho alguno respecto del pago de ese capital, toda vez la ley 27.260 no lo requiere.

Asimismo, entiende que el protesto realizado al momento del pago de los derechos de exportación y el posterior reclamo de repetición de lo abonado, que efectuó la actora antes de la entrada en vigencia de la ley 27.260, no poseen entidad para privar a dicho pago de su carácter extintivo de la obligación (cfr. arto 787, inc. a., del Código Aduanero) o aptitud para desconocerle su atribución de cancelar el capital adeudado en las condiciones exigidas por el arto 56, quinto párrafo, de la ley 27.260 y del art. 20 de la resolución general (AFIP) 3.920.

El requisito de capital cancelado previsto en el mencionado art 56 se encuentra satisfecho con el pago de lo debido estipulado en el art. 787, inc. a), del Código Aduanero, sin que corresponda exigirle al contribuyente una manifestación de voluntad dirigida a admitir que se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación, ya que ello no se compadece con la mecánica general del procedimiento tributario y aduanero, en la cual, frente al pago indebido, el contribuyente conserva las acciones para proceder a su posterior repetición (cfr. art. 81, ley 11. 683 y art. 1. 068 de la ley 22.415).

 

Municipalidad de Vicente López c/ Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y otro s/ pretensión anulatoria. Corte Suprema de Justicia de la Nación – 6/8/2020

La Municipalidad de Vicente López (Provincia de Buenos Aires) persigue la anulación de las resoluciones (CA) 80/2014 y su confirmatoria (CP) 42/2015, en los términos del arto 12, inc. 1), de la ley provincial 12.008 (texto según su similar 13.101), pues sostiene que dichos actos confrontan el contenido de un acuerdo interprovincial -el Convenio ratificado por ley provincial 8.960- con la ley los municipios de la Provincia de Buenos Aires Multilateral, orgánica de (10.559).

La CSJN entiende que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 2 de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), ya que en el reclamo se sostiene que las resoluciones impugnadas confrontan el Convenio Multilateral con la ley orgánica de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, los cuales forman parte del derecho público local. Así entonces, en tanto la materia del pleito corresponde al derecho público local, debe ser resuelta por los jueces del mismo carácter.

 

Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación – 13/8/2020

La Provincia del Chaco pone en conocimiento del Tribunal que ha dictado la ley tarifaria 2965- F, por medio de la cual se establece que "no ejercerá facultades tributarias con relación a los reclamos originados en tratamientos diferenciales de las alícuotas establecidas en los incisos c, e y f del artículo 12 de la ley 299-F (antes L.2071), cesando todo reclamo que estuviera pendiente al respecto.

Frente a ello, la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de dicha normativa legal provincial carece de objeto actual, y ello impide cualquier consideración de la CSJN, en la medida en que al Tribunal le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos.

 

YACYLEC SA C/DGI S/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III - 29/07/2020

La Alzada revocó la sentencia del TFN que había confirmado el criterio considerado por el Ente Fiscal, que pretendía un plazo amortización de 50 años, pues la contribuyente logró probar razonablemente que desde el punto de vista técnico, el plazo de amortización aplicable a dichas obras fuese de 15 años.

La firma contribuyente asiente su argumentación en el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento -COM-, el Fisco lo hace en la estricta aplicación de la ley del gravamen, focalizando el análisis en la vida útil de los bienes en cuestión. La empresa tuvo en cuenta el tiempo de recuperación de la inversión afrontada, no su vida útil.

El Tribunal revisor consideró que este criterio es razonable. Debe tratarse de un estudio singularísimo, esto es, comprensivo fundamentalmente de los componentes relacionados con el sujeto, los activos en cuestión y la actividad desarrollada.

Consideró que los términos del Contrato COM -en especial, el plazo previsto para la construcción y habilitación de la obra, y la retribución convenida, fijada en un valor fijo, sin perjuicio de los ajustes que pudieran realizarse- tornan razonable una amortización como la estimada por la actora, no resultando reprochable el apartamiento del método basado en la vida útil de los activos, para adoptar el concerniente al recupero de la inversión afrontada, atento al tenor de las cláusulas insertas en el contrato. Se debe distinguir el concepto de vida útil del de tiempo de recupero de la inversión, siendo este último el tiempo requerido para que las ganancias que produce el bien alcancen a equiparar el costo de su adquisición, en tanto y en cuanto estos factores se hayan tomado en cuenta en el momento de decidir la inversión.

 

Lapenta, María Elena (TF 36345-I) Y Otro c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala I – 6/7/2020

La parte actora inició una acción declarativa certeza referida a la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación junto con la pretensión cautelar tendiente a que la AFIP – DGI se abstenga de proseguir con los procedimientos de fiscalización y determinación de gravámenes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La Cámara confirma la sentencia del TFN que declaró prescriptas las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 y aplicar multa por la presunta omisión del gravamen. 

Si bien en virtud de la medida cautelar el Fisco se vio imposibilitado de iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial con relación a los conceptos del tributo que integran la cuestión de fondo, no es posible concluir, que dicho impedimento sólo fue superado con la notificación de la resolución que denegó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que puso fin a la cuestión controvertida.

En efecto, con la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que concluyó en que no le asistía derecho al contribuyente en cuanto a la pretensión de fondo incoada, la medida cautelar perdió eficacia y desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerciera las facultades que la ley de procedimiento tributario le otorga a fin de determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por esa ley.

 

Pampa Energía SA c/ en-AFIP-DGI s/Proceso de Conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II - 3/7/2020

La actora apeló la sentencia que rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad a fin de que se arroje certeza acerca de la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta correspondiente al período fiscal 2014.  Considera que el quebranto (resultado impositivo negativo) que arrojó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por dicho período fiscal, por la suma de $ 116.282.855,01.- demostró su falta de capacidad contributiva para afrontar el impuesto en ese período.

La Cámara confirmó la sentencia, ya que el elemento material u objetivo del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta no consiste en la posesión o pertenencia de un activo, sino en la utilidad que esos bienes puedan producir, aunque establecida por medio de la aplicación de un sistema presuntivo de base patrimonial, como forma de determinar el mínimo rendimiento empresario esperado. Desde esa perspectiva, debe ponerse de relieve que el resultado contable para el período 2014 de la firma actora no arrojó pérdida sino una ganancia de $ 727.301.077.- de acuerdo al peritaje contable. Dicha circunstancia es decisiva, porque acredita la existencia de una renta por parte de Pampa Energía.

A su vez, debe señalarse que el resultado negativo en el Impuesto a las Ganancias declarando para el ejercicio 2014, un quebranto general de $116.282.855,01, no exhibe la contundencia que le atribuye la firma actora, dado que ese resultado impositivo debe guardar correspondencia con la ausencia de una ganancia económica para que se tenga por probada la inexistencia de la renta que la ley del impuesto presume.

 

Ostry, Silvia Beatriz c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II - 18/06/2020

El Fisco impugnó las DD.JJ. del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2009 y 2010 y practicó una determinación de oficio de sumas a ingresar en concepto del mencionado tributo por el período 2010, consideró -contrariamente a lo sostenido por la contribuyente- que debía gravarse la totalidad de la ganancia obtenida por la firma Glad Valley Bahamas en los períodos 2009 y 2010, sin que corresponda imputar el quebranto generado en el período 2008 por la sociedad del exterior, en atención a que no resulta acreditado que el mismo tenga el origen que establecen los arts. 133, inc. a) y el primer párrafo del art. 135 de la L.I.G. y su normativa reglamentaria correspondiente, en razón de los cuales un accionista de país no podrá computar otros quebrantos de fuente extranjera a los fines de la ley citada, más allá de los que allí específicamente se establecen; es decir, los originados en la enajenación de acciones, cuotas o participaciones societarias, incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de inversión.

La Cámara confirma el criterio fiscal ya que, la citada empresa extranjera no realiza actividades y, en cambio, es sólo la propietaria de las acciones de la empresa FJC S.C.A. que está constituida en Uruguay, por lo que el origen del quebranto no es la venta de acciones, sino la tenencia del paquete accionario de la firma uruguaya.

 

Viñedos de la Patagonia SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ Proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V- 17/07/2020.

La Cámara revoca la sentencia de la instancia anterior que había declarado la inaplicabilidad al caso del art. 6, Título V de la ley 25.063. En ese sentido aclara que en ninguno de los precedentes de la CSJN, que la actora cita como sustento de su postura (“Diario Perfil” y “Hermitage”), surge que el Alto Tribunal haya hecho lugar a la demanda en virtud de la sola comprobación de quebrantos en los resultados contables.

Se destaca que, más allá de los quebrantos acreditados los estados contables arrojan, para los periodos 2011 a 2015, un resultado contable positivo y, además de ello, en el periodo 2012 un resultado impositivo positivo que le permitió absorber quebrantos. 

La mera demostración de la existencia de quebrantos, sin la acreditación de pérdidas en los ejercicios contables, no resulta determinante para tener por verificada la ausencia de capacidad contributiva. Ello así, ya que existen otros elementos contables que deben ser evaluados a tal efecto, como la repercusión concreta de los quebrantos en los últimos resultados de ejercicios contables en el giro comercial de la empresa, la fecha de prescripción del quebranto trasladable, la composición del activo informado por los peritos y los datos sobre las variaciones del estado patrimonial y resultados.

 

Marítima Maruba SA EN-AFIP-DGI s/Inc. Apelación. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala I- 17/07/2020.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar por medio de la cual la sociedad actora solicitó que se le permita acogerse al régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras, previsto en el artículo 8, de la Ley 27.541 y, consecuentemente, ordenó a la AFIP-DGI tomar todas las medidas que sean necesarias para que pueda incluir sus deudas y/o refinanciar los planes de pago vigentes y/o caducos, de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, por obligaciones vencidas al 30/11/19, en el plan de facilidades de pago de la Resolución General AFIP 4667/20. 

La Cámara revoca la sentencia, ya que no puede colegirse que el legislador, al exigir como condición para la adhesión al régimen que los contribuyentes “encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467” importe el establecimiento de una distinción arbitraria en desmedro de los contribuyentes que —como la firma actora— no ostentan dicha la calidad. 

La categorización del régimen MPyME de la ley 24.467 responde a parámetros económicos de carácter objetivo que, como tales, pueden prima facie, justificar la dispensa de un tratamiento impositivo diferente para la referida categoría de sujetos que motive, entre tantas otras medidas, la concesión de una moratoria en un determinado contexto económico y social.

 

EMC Computer System Argentina SA (32716-I) s/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo De Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III- 14/07/2020.

El Fisco impugnó la DDJJ del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2002, en el cual la firma contribuyente había cuantificado un pasivo total de $ 26.074.400,83, de los cuales $23.588.738,85 correspondía a deudas contraídas con EMC Benelux B.V. Sarl –se trató de un pasivo en dólares revaluado al tipo de cambio al cierre del ejercicio– En el campo del impuesto, ello se tradujo en la impugnación del quebranto impositivo de $11.947.765,30.-

El TFN no convalidó esta tesis, sino que entendió que la pérdida producida por la diferencia de cambio relativa al pasivo comercial de EMC Computer System Argentina SA, era improcedente, atento que en verdad se trató de un aporte de capital.

El Tribunal de Alzada sostiene que la cuestión se identifica con la legitimidad de la activación del denominado Principio de Realidad Económica (ley 11.683, t.v., art. 2°), a partir del mismo el organismo recaudador consideró que, en realidad, EMC Benelux B.V. Sarl efectuó aportes en favor de EMC, y no ventas de bienes de cambio, motivo por el cual esta última no poseía un pasivo al cual aplicar la diferencia de cambio (ley 20.628, t.o. en 1997, art. 68, actual art. 72, t.o. en 2009), al tratarse de importes medidos en dólares estadounidenses.

La firma actora logró acreditar tanto el nacimiento como la extinción de la deuda comercial originada en la compra-venta de mercaderías, despojando de sustento válido al criterio del Fisco relativo a que se trataría de aportes de capital, ya que su actividad comercial es la producción y comercialización de equipos y accesorios de computación, y contrató la compra de bienes de cambio –importaciones– a su controlante, las cuales, al no cancelarse en su totalidad, generaron pasivos a su cargo. Al cierre del ejercicio 2002 la deuda, cuantificada en dólares estadounidenses, se revaluó en moneda nacional, lo cual derivó en la aplicación de la diferencia de cambios. La pericia da cuenta de que no hubo capitalización de la deuda comercial vinculada con la empresa matriz, y que las diferencias de cambio en cuestión provienen únicamente de la revaluación de las deudas comerciales.

 

Charranes SA c/ EN-AFIP s/Amparo Ley 16.986. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala II - 4/8/2020

Charranes S.A. promovió una acción de amparo a fin de que se le permita acogerse a los beneficios otorgados por el Decreto 332/20, que creo el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), manifestó que no corresponde atribuir presunción de legitimidad a la Decisión Administrativa 591/2020 cuando la exigencia relacionada con el dato interanual ha sido dejada sin efecto por la propia Administración mediante la Decisión Administrativa 721/20.

La Cámara sostiene que negarle la posibilidad de peticionar el beneficio pretendido para el mes de abril, con base en una disposición que en la actualidad ha sido superada por una normativa que contempla en concreto la situación de las empresas que no registraron facturación en el período referido, tal el caso de la actora, pero que sí pueden aportar la información con respecto al lapso 12/11 al 12/12 para efectuar la comparación pertinente, carece de razonabilidad y afecta de manera manifiesta el derecho que la actora intenta proteger.

 

Avenida Compras SA A c/ AFIP - DGI s/INC de Medida Cautelar.  Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III- 05/08/2020

La empresa Avenida Compras SA tiene un saldo a favor en la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 04/2019. La AFIP-DGI no discute la aptitud legal de este saldo para ser compensado con el Impuesto sobre los Bienes Personales – acciones o participaciones societarias (ISBP-A o PS), sino que pone en debate la posibilidad que el responsable sustituto de este último tributo pueda solicitar la cancelación del ISBP-A o PS por el mecanismo de la compensación, dado que considera que la firma se encuentra alcanzada por la prohibición establecida en la Resolución General 3175/11 (modificatoria de la resolución general 1658/04), según la cual “los responsables por el cumplimiento de deuda ajena y los responsables sustitutos a que se refiere el artículo 6º de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, no podrán solicitar la compensación a que alude la presente” (ver art. 1º, último párrafo).

La Cámara, con relación a la prohibición mencionada, sostiene que la administración tributaria se ha excedido indebidamente en el ejercicio de la potestad de reglamentación en tanto carece de atribuciones para negar aquello que la ley no niega.

 

Loma Negra CIASA c/ DGI s/Recurso Directo de Organismo Externo. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala IV - 11/08/2020.

Loma Negra CIASA suscribió un Acta-Acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Camioneros y Servicios de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y la Federación Nacional de Trabajadores de Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios a fin de combatir el trabajo en negro y evitar el riesgo de reclamos por falta de pago de aportes previsionales, de obra social, sindicales y de federación por parte de las empresas que prestan el servicio de transporte a la Compañía. 

El a quo confirmó la resolución determinativa de oficio de la obligación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias relativo al período 2008, debido a la existencia de un bloqueo de las plantas de cemento por parte del Sindicato; y el pago de $6.500.000 al Sindicato de sumas de dinero adeudadas por las empresas de transporte de carga que les habían prestado servicios a la apelante.

La cuestión en debate requería dilucidar si la salida de dinero en favor del Sindicato y/o de los trabajadores de las empresas transportistas constituía o no una deducción admitida en la determinación de la base imponible del Impuesto a las Ganancias de Loma Negra CIASA en concepto de gasto necesario para el giro de la empresa (criterio sostenido por la actora), o bien calificaba como una liberalidad en los términos del art. 88, inciso i, de la ley del Impuesto a las Ganancias (posición fiscal).

El hecho de que los desembolsos hayan sido realizados por cuenta y orden de las empresas transportistas en su calidad de “destinatarias reales del reclamo salarial”, es insuficiente para subsumirlos en el concepto de “liberalidad” al que alude el art. 88, inciso i, de la ley del Impuesto a las Ganancias, puesto que a cambio del pago, Loma Negra CIASA consiguió levantar las medidas sindicales que habían bloqueado sus plantas de producción y afectaron el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales y dejó de ser destinataria de la pretensión salarial y sindical que las motivó. 

De acuerdo con el criterio de “finalidad económica” del gasto, surge claro que las erogaciones impugnadas estuvieron dirigidas a la obtención de ganancias gravadas, o bien a mantener o conservar su fuente (confr. arts. 17 y 80 de la ley del tributo), circunstancia que sella la suerte adversa de la pretensión fiscal.

 

Pelama Chubut SA c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V - 24/07/2020.

La jueza de primera instancia rechazó la demanda con el objeto de que se revocara la resolución que denegó la solicitud de reorganización de empresas formulada por la demandante en los términos del artículo 77, inciso a), de la ley 20.628, y sus modificatorias (t.o. por decreto 649/97).

El inicio del cómputo del plazo de 180 días previsto en la Resolución General AFIP N° 2513/08 para comunicar la reorganización debe ser considerado a partir de la fecha en que fue aprobado el Acuerdo Definitivo de Fusión. Es decir, desde el momento en que jurídicamente cobra existencia la empresa continuadora y se da inicio a las actividades de la absorbida en cabeza de ella.

Al sancionar el incumplimiento del deber de comunicar con la pérdida de los beneficios y exenciones previstas en la ley, la Resolución General 2513/08 excede los aspectos que pueden ser válidamente reglamentados por el organismo recaudador. Por ende, no se advierte de qué modo la comunicación realizada excediendo en apenas 10 días el plazo de 180 previsto a tal efecto, pudo afectar la fiscalización del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 77 de la ley del gravamen y de los establecidos en el decreto reglamentario.

 

Swiss Medical SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala I - 23/06/2020.

Swiss Medical SA demandó a la AFIP-DGI por nulidad de la resolución que denegó la reorganización societaria -fusión por absorción de Clínica Olivos SA- que, oportunamente informó en los términos del art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

La Cámara hace lugar a la demanda, sosteniendo que la contribuyente no logró finalizar el trámite pendiente, antes de que se emitieran las resoluciones fiscales que le rechazaron la comunicación, aunque, sí acreditó el inicio de tales trámites, ante la autoridad correspondiente. Asimismo, presentó la Multinota a la que se refiere el art. 5º de la RG 2513, dando cuenta de la iniciación de los trámites de inscripción. Finalmente, la convalidación fiscal de las prórrogas solicitadas, hicieron a la temporalidad de la presentación, y robustece todo lo anterior que la actora finalizó los trámites ante la IGJ.

 

Fideicomiso Hotel Iru c/ EN-AFIP- s/Proceso de conocimiento. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala I - 23/06/2020.

La representación del Fideicomiso Hotel Iru, promovió demanda contra la AFIP, en los términos del artículo 23, inciso “a”, de la ley 19.549, con el objeto de que se revoque la resolución que impugnó el domicilio fiscal denunciado.

La parte actora desarrolla su actividad principal en la Provincia de Misiones y fijó su domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, debe repararse que el artículo 3º de la ley 11.683 prescribe, para las personas jurídicas, que “cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal”.

La reglamentación dictada por la AFIP resolución general AFIP nº 2109/2006 define que debe entenderse por “administración principal y efectiva” al lugar donde se ejerce la “administración superior, ejecutiva o gerencial” y que cuando sólo se cuenta con una unidad de explotación, se “presumirá” iuris tantum, que allí se desarrolla la actividad principal.

La Cámara rechaza la demanda, ya que la parte actora únicamente ofreció como prueba los antecedentes administrativos y la documentación que acreditaba su personería y ello impide desvirtuar la presunción en relación al lugar donde ejercía la explotación. 

 

AFIP - DGI - c/ P.L. Rivero y Compañía Sociedad Anónima s/Ejecución Fiscal – AFIP. Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala I -23/06/2020.

En virtud del resultado negativo que arrojó el embargo general de fondos y valores bancarios de titularidad de la ejecutada, se decretó el embargo de los créditos que la demandada tuviera a percibir de la firma “Casa Otto Hess SA”, con la que mantiene una relación comercial.

Con posterioridad, el agente fiscal acompañó copia de los registros de la AFIP de los que surgen operaciones comerciales facturadas por la demandada sin que el tercero haya capturado los fondos que debería haber pagado y solicitó se haga extensiva la responsabilidad solidaria a “Casa Otto Hess SA”, prevista en el artículo agregado a continuación del artículo 92 de la ley 11.683.

Correspondía a “Casa Otto Hess SA”, demostrar que no omitió el cumplimiento del embargo decretado, pues el hecho de que no registrase deudas con la demandada al momento en que la medida le fue notificada, no la eximía del deber de acatarla sobre los créditos que en favor de aquélla se devengasen en el futuro. 

 

T. S.A y otro s/ Inf. Ley 24.769. Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala B - 22/07/2020.

La Cámara confirma la resolución que sobreseyó al contribuyente con relación a la omisión de depósito, dentro del plazo legal, de los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social retenidos a sus dependientes, dado que se acogió a planes de pago en los términos de la ley 27.260 -los cuales se encuentran vigentes- y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma aludida para la procedencia de los beneficios allí previstos.

Los términos del artículo 54 de la ley 27.260 ponen en claro que para la suspensión y posterior extinción de la acción penal se requiere únicamente el acogimiento al régimen de regularización del que se encuentran excluidos determinados conceptos. En ese sentido el art. 52 de la ley 27.260, excluye los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos de trabajo, respecto de los cuales persiste la obligación del empleador de depositar lo retenido sin nuevos plazos ni condiciones y sin exención de intereses ni multas. Es decir que queda suspendida o extinguida la sanción penal pero no se altera la obligación de depositar los aportes retenidos con destino a obras sociales.

 

EDENOR S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad. Cámara Federal de San Martín N° 1 - 14/08/2020.

La empresa EDENOR S.A. entabló acción declarativa de certeza con el fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto del reclamo del Municipio de La Matanza de gravar con la “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene” prevista en el Art. 135 de la ordenanza municipal 11.650, a las subestaciones de electricidad ubicadas en la localidad de La Tablada y de San Justo. El Juez de primera instancia declaró la inaplicabilidad de la mencionada tasa. 

El hecho imponible requiere la presencia de dos elementos estrechamente vinculados; por un lado, el ejercicio habitual de actividades industriales, comerciales, de servicios o similares con radicación efectiva en el ejido municipal -la existencia de local, oficina o establecimiento, en el que se puedan practicar los servicios de inspección y, por otro lado, la prestación efectiva, concreta e individualizada del servicio público divisible, no siendo admisible que se recurra a la ficción de considerar que hay actividad por el hecho de que el sujeto realiza gastos y obtiene ingresos en el municipio, ficción que podría estar admitida para otros tributos con carácter excepcional, pero no para la tasa.

La Cámara rechaza el planteo de la Municipalidad y declara ilegítima la pretensión de cobro, ya que de las actuaciones no surge constancia alguna que acredite que el servicio relacionado con la tasa de inspección de seguridad e higiene haya sido efectivamente prestado por la demandada, no habiendo aquella –además- demostrado su acaecimiento, pese a encontrarse indudablemente en mejores condiciones de hacerlo, frente a lo manifestado por la demandante en cuanto a la falta de prestación de servicio alguno diferenciado.

 

H. P. G. SA y Otros s/ Evasión Agravada. Cámara Federal de San Martín N° 1 - 05/08/2020.

En el marco de una fiscalización se observó que la firma habría computado crédito fiscal derivado de operaciones supuestamente celebradas con una proveedora que se encontraba incluida en la base de proveedores apócrifos. Al verificar el circuito financiero de las operaciones llevadas a cabo con la citada proveedora, se advirtió que los cheques librados por la inspeccionada no habían sido depositados en cuentas bancarias pertenecientes a la mentada firma, sino que habían sido endosados para su cobro, sin que surgieran motivos suficientes para sustentarlos documentalmente.

De esta manera, los funcionarios del organismo estatal procedieron a impugnar el crédito fiscal resultante de aquellas operaciones. La circunstancia de que la proveedora haya ingresado en el registro de facturas apócrifas de la agencia tributaria, no puede, autónomamente, ser motivo de reclamo, por haber interactuado comercialmente con ella, pues el contribuyente no puede predecir el comportamiento de una firma a la que es ajeno, más aún, cuando al inicio de su vínculo comercial, no surgían indicios sobre un accionar irregular.

Con posterioridad, se acumuló una nueva denuncia contra los responsables de la firma en razón de haberse advertido que habrían retenido considerables sumas dinerarias a sus dependientes, en concepto de aportes previsionales. Si bien el informe del síndico del concurso de la compañía, concluyó que la empresa nunca contó con suficientes recursos para afrontar la totalidad de sus gastos desde que comenzó el concurso de acreedores, aún en la hipótesis de una mala situación financiera, el haber dado preferencia al pago de otros rubros por sobre el de los aportes retenidos y no depositados en legal tiempo y forma, se habría traducido en un incumplimiento de las obligaciones que, como agente de retención, tenía la denunciada para con el sistema de la seguridad social. En consecuencia, la Cámara procesa a los responsables de la firma en orden al delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. c/ AFIP ­DGI y otro s/Acción Mere Declarativa de Derecho. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - Sala B - 9/6/2020.

El juez a-quo hizo lugar a la demanda interpuesta por Distribuidora de Gas Cuyana S.A., y declaró la inaplicabilidad para el período correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2016, del art. 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561, artículo 5° del decreto PEN 214/02 y de toda otra norma que haga inaplicable el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI y en los artículos 58, 61, 83, 84 y 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y modificatorias. 

La Cámara confirma la resolución de grado, en tanto se encuentra probada la confiscatoriedad alegada ya que, de acuerdo a la pericia contable de no admitirse el ajuste por inflación, el impuesto resultante sobre el resultado impositivo ajustado por inflación, determinaría que la   alícuota efectiva del 68,00% y el resultado contable ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias, daría una alícuota efectiva del 125,14%.

 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado C/ Municipalidad De Córdoba – Plena Jurisdicción. Cámara Contencioso Administrativo 3A Nominación – 21/5/2020

La entidad bancaria actora sostiene la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la RG 15/2016, mediante la cual se la designó como Agente de Retención de la contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, por las operaciones que efectuasen con quienes en calidad de proveedores desarrollen actividades alcanzadas. 

La obligación tributaria, en el presente caso, no nace de la relación jurídica que existe entre la actora con el potencial contribuyente, sino que aquella depende de una actividad exclusiva de la administración demandada, cual es, la prestación de servicios con relación al contribuyente. En definitiva, atento a su naturaleza de “tasa” municipal, la mencionada Contribución es incompatible con el régimen de retención instituido por el municipio para su cobro.

En dicho contexto, asiste razón a la actora en cuanto postula que su designación en carácter de agente de retención de la mencionada contribución, violenta el principio constitucional de racionalidad, de propiedad y de igualdad de las cargas públicas, en tanto su actuación en el ámbito privado resulta totalmente ajena a la relación jurídica del contribuyente con el fisco.