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BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Casos T 778/16 and T 892/16. Apple. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 15/7/2020

La Comisión Europea había declarado que dos acuerdos fiscales o tax rulings otorgados por la administración tributaria irlandesa en beneficio de Apple constituían ayudas de estado ilegales e incompatibles con el mercado común. 

La Comisión había concluido que dichos acuerdos fiscales validaban una distribución de ingresos y beneficios entre diversas partes del grupo Apple que no se ajustaba al principio arm’s length lo que entrañaba una ventaja fiscal selectiva en favor de Apple. Las resoluciones fiscales impugnadas habían llevado a que las ganancias imponibles de ASI y AOE (dos empresas del grupo Apple constituidas en Irlanda pero que no son residentes fiscales en Irlanda) fueran más bajas que las de una empresa en una situación comparable.  De este modo, Apple habría reducido la base imponible atribuible a las operaciones realizadas en territorio irlandés y, como consecuencia de ello, la Comisión Europea le ordenó a Irlanda recuperar de Apple la suma de 13.000 millones de euros. Tanto Irlanda como Apple apelan la decisión.

El Tribunal observa que el enfoque seguido por la Comisión en su línea principal de razonamiento es incompatible con el de las directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, ya que se basó en evaluaciones erróneas de la tributación normal bajo la ley fiscal irlandesa aplicable al caso. Asimismo, concluye que las recomendaciones de atribución de ingresos y análisis de comparabilidad de la Comisión no han logrado invalidar los informes ad hoc presentados por Irlanda y Apple Inc, según los cuales los beneficios de ASI y AOE se encontraban dentro de los límites del mencionado principio arm’s length.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la decisión en su totalidad al concluir que la Comisión no logró demostrar que las autoridades fiscales irlandesas habían otorgado a ASI y AOE una ventaja selectiva, a los efectos de Artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

JURISPRUDENCIA NACIONAL

Roemmers S.A.I.C.F. c/ Córdoba, Provincia de s/acción declarativa de certeza. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2/7/2020

La empresa actora solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de que la Provincia de Córdoba se abstenga de reclamar, ejecutar, efectivizar o percibir por cualquier medio el ajuste efectuado mediante la resolución DJRGDA-R 49/2016, y solicita asimismo que se la autorice a tributar el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando las mismas alícuotas fijadas o que se fijen en el futuro en las leyes tarifarias provinciales para los contribuyentes que desarrollen la misma actividad en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba.

Luego alegó como hecho nuevo la promoción de la ejecución fiscal administrativa en cuyo marco se trabó un embargo sobre una cuenta bancaria de su titularidad. El proceso ejecutivo, promovido con posterioridad a la acción declarativa, tiene por objeto el cobro de la deuda impugnada por la actora. 

La CSJN hacer lugar a la medida cautelar de no innovar y ordena que se disponga el levantamiento del embargo.

A.F.I.P. - D.G.I. c/ Alpha Metal S.A. s/incidente de revisión. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se deja sin efecto la resolución que concedió el recurso extraordinario, dado que la notificación al síndico y a la concursada no fue cumplida en el modo que establece el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y dicha omisión reviste trascendencia habida cuenta de los deberes indelegables de la sindicatura, el rol y los intereses por cuya defensa actúa en el concurso preventivo y la quiebra.  

Recurso de hecho deducido por la AFIP en la causa Indacor S.A. c/ AFIP s/ amparo ley 16.986. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba declaró la validez de los pagos de IVA e Impuesto a las Ganancias realizados por la actora mediante el empleo de los bonos de crédito fiscal creados por el arto 3° del decreto 379/01, que había adquirido de un tercero.

El Fisco niega que la demandante pueda hacer valer el efecto cancelatorio de los bonos cuando ese derecho caducó - en los términos del arto 143 de la ley 11.68- para su beneficiario original, según lo dispuesto por la AFIP-DGI en la resolución 3/2012. 

La CSJN revoca la resolución, sosteniendo que no debe confundirse el acto que dispone el reconocimiento del beneficio y la consecuente emisión de los bonos de crédito, por un lado, con el posterior poder de cancelación de deudas tributarias que éstos pueden tener al momento de su empleo, por el otro. Ello es así, a poco que se advierta que si bien dichos bonos podían reunir, al momento de su emisión, todos los requisitos exigidos para ello, la aptitud de pago siempre estuvo supeditada, desde su nacimiento mismo, a la existencia y legitimidad del crédito transferido de conformidad con lo establecido por el art. 29 de la ley 11.683.

Agropez S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación

Se declara la incompetencia de la CSJN para conocer por vía de su instancia originaria la acción entablada por Agropez S.A., contra la Provincia de Chubut (Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable), a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse a raíz de que la demandada le exige el pago del arancel consagrado en las leyes locales 1-620, 1-627 y 1-658, que recae sobre cada uno de los cajones de langostinos que se descargan en los puertos de la provincia demandada, con excepción del ubicado en la localidad de Comodoro Rivadavia, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre cuestiones propias del derecho provincial, a fin de lograr el equilibrio que debe coexistir evitando acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. 

“Central Puerto SA c/ EN – AFIP – DGI s/ dirección general impositiva” - Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala I. 11/3/2020

La firma actora había demandado a la AFIP con el objeto de que se disponga la repetición de la suma de $20.395.226,04 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2009, abonada en exceso ante la prohibición de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación, con más los intereses devengados hasta su efectiva devolución.

La sentencia de primera instancia había rechazado la demanda al sostener que no se encontraba acreditado si la falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación “resultaba una pérdida para la empresa actora” y que la prueba aportada no alcanzaba para tener por configurado el carácter confiscatorio del gravamen.

La Cámara sostiene que al prohibirse la aplicación de ajuste por inflación la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias alcanzaría al 52,71%, según surge del peritaje contable y la prueba documental.  Por lo tanto, cabe concluir que ésta insume una porción sustancial de las rentas obtenidas por la firma actora y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad en los términos del precedente “Candy” de la CSJN.

Asimismo, afirma que el mecanismo de ajuste por inflación debe interpretarse en forma sistemática, esto es, teniendo en consideración tanto el título VI de la ley 20.628 como también las normas que refieren al cómputo de las actualizaciones.  Por ello, la pretensión del Fisco Nacional en el sentido de que las normas de actualización de las amortizaciones no se encuentran contenidas dentro del título VI de la ley de Impuestos a las Ganancias, y por tanto serían inaplicables, no puede prosperar.

La Cámara revoca la sentencia apelada y ordena la restitución de las sumas de dinero abonadas en exceso, con aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde la interposición del recurso administrativo y hasta su efectivo pago.

Marítima Maruba SA c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva – Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 – 6/2020

La firma actora solicita el dictado de una medida cautelar por medio de la cual se le permita acogerse al régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras, previsto en el artículo 8, de la Ley 27.541 y, consecuentemente, se ordene a la AFIP-DGI tomar todas las medidas que sean necesarias para que pueda incluir sus deudas y/o refinanciar los planes de pago vigentes y/o caducos, de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, por obligaciones vencidas al 30/11/19, en el plan de facilidades de pago de la Resolución General AFIP 4667/20. 

La AFIP precisa que surge evidente que no fue parte de la política tributaria pensada al momento de promulgar la Ley 27.541, así como la Resolución General Nº 4667/2020, beneficiar a grandes contribuyentes. 


El Juez hace lugar a la medida solicitada, sosteniendo que el requisito de caracterizarse y encontrarse inscripta como Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) para acceder al mencionado régimen es violatorio del derecho consagrado en el artículo 16, de la Constitución Nacional, en tanto se excluye a todos aquellos contribuyentes que no encuadren como tales.

Electroingenieria S.A. Y Otro c/ Estado Nacional Y Otro s/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad – Juzgado Federal de Córdoba 1 – 20/5/2020

La Justicia Federal de Córdoba hace lugar a una medida cautelar y ordena a la AFIP-DGI que arbitre las medidas necesarias para habilitar a la empresa actora a acogerse al régimen estatuido en el Título IV-Capitulo 1 de la Ley 27.541 y reglamentada por la Resolución General AFIP 4667/2020, para la regularización de obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social y obtener los beneficios que la ley otorga a los demás contribuyentes y responsables admitidos, sin exigirse el encuadramiento y la inscripción como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, ni el certificado MiPyMe, por el plazo de seis meses (Art.5°, Ley 26.854). 

Entiende que la no inclusión de la empresa actora, no obstante su categorización, en dichos beneficios podría resultar en las actuales circunstancias, en un quebranto terminal, particularmente en una diferencia estimada de la deuda por tributos y recursos de la seguridad social que asciende al total de $ 2.819.282.355,08.-

Asimismo, se ordena la abstención de iniciar y/o proseguir contra la empresa actora y directivos cualquier reclamo o proceso administrativo o judicial vinculado a las obligaciones susceptibles de ser regularizadas en el marco del citado régimen legal, así como de trabar medidas cautelares en resguardo de dichas acreencias. 

Palermo Films S.A. c/E.N. -A.F.I.P. - D.G.I. s/Dirección General Impositiva. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal Sala II 19/5/2020

Palermo Films fue contratada por Grey Global Group Inc. de EE.UU., quien le encomendó la filmación de un comercial el cual una vez realizado, generó la transferencia de la titularidad de los derechos económicos de la filmación a la compañía extranjera, por ser su titular y por ser quien pagó por ese servicio. En tal orden solicitó a la A.F.I.P. la devolución del IVA contenido en las operaciones vinculadas con la exportación correspondiente al mes de octubre de 2008, de conformidad con lo normado por el art. 43 de la ley del tributo (t.o. por decreto 280/97). La AFIP denegó la solicitud de reintegro del IVA presentada por la contribuyente en su condición de exportador.

El juez de primera instancia hizo lugar a la solicitud de la firma actora, al considerar que quedó demostrado que la televisación del comercial en nuestro país ocurrió como consecuencia de la contratación de un tercero y no por acción de la productora Palermo Films S.A. Por lo demás, entendió que se encuentra cumplido lo normado por el art. 10 del Código Aduanero en cuanto a que la prestación del servicio fue realizada en el país y su explotación se llevó a cabo en los Estados Unidos. 

La AFIP apeló la sentencia, ya que entiende que la publicidad comercializada ha sido ideada desde un principio para ser exhibida en nuestro país, dado que las actrices/modelos que participaron en la filmación son personalidades de reconocida trayectoria en el medio nacional y no así en EE.UU. Asimismo, la circunstancia de que aparezca un intermediario -Grey Global Group Inc.- entre el prestador local -la actora- y el definitivo destinatario -Procter & Gamble Argentina S.R.L.- no debe modificar el requisito legal de la efectiva utilización o explotación en el exterior, puesto que para examinar la procedencia de la franquicia corresponde establecer, en función de las características del servicio, en qué lugar ha de utilizarse.

La Cámara rechaza la apelación de la AFIP, ya que quedó acreditado que Procter & Gamble no contrató servicio alguno con la parte actora y que, en cambio, si contrató la difusión de cortos publicitarios a través de una empresa publicitaria de presencia mundial, siendo una facultad con la que cuenta, en su carácter de tercer comitente, de hacer con el corto publicitario lo que desee, pudiendo distribuirlo y utilizarlo donde lo crea conveniente. Ello torna inconducente la línea argumental vinculada a la nacionalidad de las modelos/actrices y más aún carece de toda relevancia a la luz de lo establecido en el art. 43 de la ley del tributo, convirtiéndose en un requisito adicional inaceptable, por resultar el mismo de carácter extra legal.

Fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias- Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal Sala II. 18/06/2020

Se instrumentó un fideicomiso de administración por los condóminos de un edificio de la ciudad de Rosario, todos sucesores y familiares de los dueños originales, cuya finalidad fue facilitar su administración y evitar la aparición de nuevos condóminos extraños a la familia que pudieran solicitar la división del condominio, vender sus partes o gravarlas. Dicho inmueble es el único patrimonio del fideicomiso y se encuentra alquilado desde la celebración. 

El Fisco Nacional inicia fiscalización a los fines de analizar el tratamiento dado en el Impuesto a las Ganancias por el alquiler del inmueble por parte del fideicomiso; sostiene que corresponde que lo declare e ingrese el fideicomiso considerando que sus fiduciantes-beneficiarios son residentes en el país y cuatro de ellos son residentes en el exterior, alega que los fiduciantes-beneficiarios no declararon en su totalidad la renta informada, existiendo diferencias significativas entre el impuesto proyectado y el efectivamente ingresado y concluye que corresponde efectuar el ajuste aplicando la tasa del 35% a la totalidad de la renta obtenida por el fideicomiso.

La Cámara confirma la decisión del TFN que entiende que resulta acertada la posición del fideicomiso respecto a la liquidación del Impuesto a las Ganancias, ya que desde su constitución ha presentado las declaraciones juradas informando el resultado neto total obtenido, ajustando dicho resultado como ganancia exenta, el monto total correspondiente a los fiduciantes-beneficiarios del país, determinando e ingresando el impuesto correspondiente a los fiduciantes-beneficiarios del exterior a la alícuota del 35% sobre la proporción de utilidad del fideicomiso correspondiente a éstos, todo ello debidamente explicitado en oportunidad de cada presentación anual de la declaración jurada mediante multinota con el detalle de los fiduciantes-beneficiarios residentes en el país y el monto de resultados y retenciones atribuidas a cada uno de ellos.

Universal Assistance (TF 78212959-I) c/DGI s/recurso directo de organismo externo. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal Sala I. 22/05/2020.

El Tribunal Fiscal hizo lugar al recurso de amparo por mora en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, y ordenó a la AFIP-DGI que en el plazo de 15 días realice las diligencias necesarias para proceder al pago de los reintegros del impuesto al valor agregado bajo los lineamientos de la resolución general 2000/2006 por operaciones exportación celebradas en el período fiscal 03/2018.  

La Cámara considera que la resolución del TFN es correcta, ya que el Fisco dejó transcurrir holgadamente el plazo de 5 días hábiles administrativos sin efectivizar el pago de la suma cuya devolución aprobó y el perjuicio ocasionado a la firma actora por la demora se advierte ante la falta de disponibilidad del crédito que le fue reconocido. No obsta a dicha conclusión la denuncia efectuada por el Fisco Nacional en cuanto a la existencia de un recurso de apelación interpuesto por la firma actora en los términos del artículo 74 del decreto nº 1379/79, pues no especifica el alcance de dicha pretensión impugnatoria.

Funarg S.R.L. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal Sala II 26/05/2020

La A.F.I.P. -D.G.I. determinó la obligación tributaria de la firma actora en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2002 a 2006, con más sus intereses resarcitorios y se le aplicó una multa conforme lo previsto en el art. 45 de la L.P.T. El Fisco entendió que las diferencias de cambio provenientes de los préstamos en moneda extranjera aplicados a la compra de acciones de las empresas Parque Ceremonial Privado S.A. y Del Lugar S.A., las cuales generaban a partir de su compra en el año 1998 una renta no computable en cabeza de Stewart Argentina S.R.L (luego Funarg S.A.) en concepto de dividendos, tenían la calidad de “no computables” para la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto, por tratarse de gastos asociados a la obtención de una renta de la misma índole, sin mengua de la posterior fusión de la contribuyente con las sociedades antes mencionadas, lo que se instrumentó en el año 2003.

El Tribunal Fiscal falló a favor de la AFIP y la parte actora postuló la arbitrariedad del pronunciamiento por falta de aplicación al caso de la norma específica del art. 81 de la L.I.G. que adopta el “Principio de Universalidad del Pasivo”, para la deducción de gastos de financiamiento de los sujetos empresa.

La Cámara deja sin efecto la resolución, ya que la firma actora como las sociedades adquiridas se dedicaban al desarrollo de la actividad funeraria o a actividades vinculadas con cementerios, por lo que se encuentra suficientemente acreditada la vinculación de las actividades económicas de la actora y las empresas por la que se produjo la asunción del préstamo y luego la absorción; así como el mutuo beneficio que les generó la operación conjunta en el mercado de servicios fúnebres. En consecuencia, concluye que la operatoria realizada por la actora resultó habitual de su giro comercial y los gastos de financiación en los que ha incurrido son inherentes al giro del negocio en los términos del art. 87, inc. a) de la ley del impuesto y de allí que resulten deducibles, por resultar gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancias, que es la sociedad, pues son llevados por la misma atendiendo a las finalidades de cumplimiento de su objeto social.

A su vez, la Cámara postula que el art. 81, inc. a) de la ley del tributo indica que los intereses de las deudas y sus respectivas actualizaciones son un gasto deducible, como así también los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de aquéllas y que no se observan en los hechos y las pruebas de la causa elementos que impidan concluir que las operaciones realizadas puedan considerarse ajenas al giro comercial de la actora; como así tampoco que, en consecuencia, los gastos que ella irrogó (deducción de intereses y diferencias de cambio de pasivos) no puedan ser lógicamente deducidos en el balance fiscal de la firma.

Man Agro SA c/Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) s/pretensión cesación de vía de hecho administrativa. Juzgado Contencioso Administrativo Pergamino - Nº1. 27/05/2020

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires realizó una orden de fiscalización en el marco de un expediente Administrativo, dicha inspección dio origen al inicio de un procedimiento de determinación de oficio. La sociedad Man Agro S.A. demanda a ARBA con el objeto de que se abstenga de computar los plazos de apertura de la causa a prueba, hasta tanto el poder ejecutivo provincial disponga la reanudación de los plazos administrativos ya que hasta el día 19 de Mazo en que se dictó el aislamiento, transcurrieron 9 días hábiles, de los treinta días que posee para producir la prueba.

La demandada sostiene que todo acto de la administración tributaria dirigido a perseguir un crédito fiscal debe considerarse incluido en la excepción que establece el citado Decreto Nº 166/2020, es decir, que es impostergable dado que la actividad fiscalizadora es una tarea esencial. 

El juez hace lugar a la demanda ya que la demandada al a intimar a la firma actora a proseguir con la sustanciación de una serie de pruebas en el marco de una situación de aislamiento y con aparente incumplimiento de las normas de suspensión de plazos y procedimientos establecidos, parecería encontrarse incursa en una ‘vía de hecho’ (art. 109, decreto ley nº 7.647/70), y no se advierte que la postergación de las medidas probatorias, genere una afectación grave en los intereses económicos actuales de la Provincia.

Centro de Interacción Multimedia S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho. Cámara Federal de Córdoba – Sala B. 29/5/2020

La Cámara Federal de Córdoba confirma la sentencia que ordeno a la AFIP que recepcione la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017, conforme al Título VI y a los artículos 61, 83, 84 y 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tomando como índice de ajuste el IPIM publicado por el INDEC y abonar el monto del impuesto a las ganancias así determinado. 

En el caso concreto, si se determina el Impuesto a las Ganancias de dicho período fiscal sin aplicar los mecanismos de ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo no sería del 35% (conforme lo prevé la ley del gravamen), sino que representa el 51,87 del resultado impositivo ajustado por inflación, produciéndose una absorción sustancial de la renta que excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un claro supuesto de confiscatoriedad. Por ello de producirse un eventual reclamo de cobro por parte del Fisco respecto de la diferencia que surge del impuesto sin aplicar el mecanismo de ajuste, podría ciertamente acarrearse un perjuicio económico a la empresa actora.