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BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

"Cantaluppi, Santiago y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ acción de inconstitucionalidad"- Corte Suprema de Justicia de la Nación – 11/6/2020

Los actores en su carácter de titulares y/o representantes de diversos establecimientos hoteleros, demandaron al Municipio de San Carlos de Bariloche, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas locales que establecieron la denominada "Ecotasa” - contraprestación que la Municipalidad exige a los turistas que pernoctan en la ciudad, cualquiera sea el tipo y categoría del establecimiento de alojamiento turístico, por los servicios turísticos y de infraestructura turística-.

El Superior Tribunal de Justicia provincial hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa deducida por el municipio y rechazó la demanda sosteniendo que el tributo debe ser abonado por los turistas que pernoctan en la ciudad.

La CSJN entiende que la sentencia resulta arbitraria porque al cercenar en forma definitiva la legitimación activa de los actores para promover el juicio, prescindió del régimen normativo local aplicable. Indica que, si bien los sujetos pasivos de la ecotasa son los turistas que pernocten en la ciudad de San Carlos de Bariloche, los emprendimientos hoteleros allí ubicados deben percibir e ingresar el importe al fisco municipal, cumplir con las cargas tributarias derivadas de ello y responder solidariamente con los deudores principales.

“Maxicambio SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo” - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala II - 26/5/2020.

La contribuyente, que se encuentra autorizada para funcionar como “casa de cambio”  sostiene las operaciones cambiarias que involucran la compraventa de moneda extranjera y de divisas, están comprendidas en la dispensa acordada por el inciso b) del art. 7 de la ley de IVA respecto de: sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o destinados a tener curso legal en el país de destino; papel timbrado, billetes de banco, títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares, excluidos talonarios de cheques y análogos.

En el criterio del organismo fiscal, además de la operación cambiaria que admite que está exenta, existe una orden dada por un sujeto a una entidad bancaria para que gire fondos a un beneficiario del exterior, utilizando para llevarla a cabo a otro agente cambiario del país donde se localiza el beneficiario.  Sostiene que este servicio se encuentra gravado de acuerdo a lo establecido en el art. 3º inc. e) punto 21 de la ley de IVA respecto de las locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina.

La cuestión implica decidir si la mentada exención a la operación cambiara, decae, porque el negocio se lleva a cabo mediante transferencia o giro en moneda extranjera. El Fisco considera subsumido el caso en una prestación de servicios gravada por imperio del art.3º inc. e) punto 21 de la ley de IVA ya que, por aplicación del principio de unicidad – dispuesto en el último párrafo del art. 7 de la ley del gravamen,- se gravan ambas prestaciones.  Al respecto, afirma que último párrafo del art. 7 establece que la exención no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación, la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicios gravadas, salvo disposición expresa en contrario.

La Cámara sostiene que para considerarla una prestación gravada debe comprobarse que la “casa de cambios” percibe una contraprestación para llevar adelante la transferencia, es decir, debe probarse su carácter oneroso y la contribuyente ha negado percibir remuneración alguna, sosteniendo que su remuneración es el spread cambiario, sin perjuicio de aclarar que traslada el costo de la operatoria según lo pactado. Siendo ello así, pesaba sobre el Fisco la obligación de acreditar que se trataba de operaciones onerosas, lo que no ha ocurrido y por ello decide en favor del contribuyente.

“Frigorífico Lamar S.A. c/E.N.-A.F.I.P.- D.G.I. -resol 141/12 (LGCN) s/Dirección General Impositiva” - Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala II - 28/05/2020

La firma actora, una sociedad dedicada a la exportación de carne equina, impugnó las resoluciones mediante las que se rechazó parcialmente la solicitud de reconocimiento del crédito fiscal de I.V.A., atribuible a diversas operaciones de exportación. El fisco consideró que las facturas declaradas carecían de aptitud a los efectos del beneficio pretendido, en tanto la contribuyente no pudo demostrar que los proveedores cuestionados, efectivamente tuvieran la capacidad operativa, económica y financiera para efectuar dichas operaciones, por lo que, interpretó que no se podía tener por probada la existencia del hecho imponible a la luz del principio de la realidad económica.

La Cámara hace lugar al crédito fiscal pretendido por la firma actora respecto de los proveedores cuestionados, en la medida en que, además de las transferencias efectuadas como acreditación del pago de las operaciones comerciales, pudo también comprobarse el transporte, la entrega y la recepción de los equinos comercializados.

Entonces, probada la existencia de la entrega de las mercaderías (en este caso de la hacienda), así como el pago del precio y del I.V.A. respectivo, el derecho del exportador a la devolución prevista en el art. 43 de la ley que rige ese gravamen no está condicionado al hecho de que los proveedores con los que operó hayan cumplido con sus obligaciones sustantivas, ni releva al Fisco de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por aquellos.

“Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo” – Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala I – 20/2/2020

El Tribunal Fiscal tuvo por allanado al Fisco Nacional, en forma parcial, del recurso por retardo de repetición interpuesto por la firma actora referente a la devolución de la suma de $2.587.445,37 pagada en exceso en concepto de impuesto a las ganancias (período fiscal 2012) y respecto al cálculo de los intereses, reconoció la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central.

La Cámara desestima la queja del Fisco respecto de la tasa de interés aplicable, ya que la falta de actualización de la tasa interés correspondiente a las acciones de repetición prevista en el artículo 4º de la resolución 314/2004, implica consagrar una distinción en detrimento del patrimonio de los particulares.

Si bien el mero establecimiento de tasas diferenciadas no logra afectar el principio de igualdad —dado que la tasa de interés prevista en el art. 37 de la ley 11.683 representa el interés común, mientras que la tasa establecida en el art. 179 compromete el interés particular—, no debe perderse de vista que ambas tasas tienen por objeto resarcir un daño moratorio y que, en función de ello, no se advierte como razonable que el Estado tenga un proceder diferente en situaciones semejantes. Es decir que ante el expreso reconocimiento de las contingencias económicas del país decida elevar las tasas aplicables a los intereses resarcitorios y punitorios, y, por otro lado, mantenga pétrea a lo largo de los años la tasa aplicable a la repetición de impuestos.

“General Textiles SACIFI c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo” – Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala IV – 27/2/2020

El contribuyente había realizado una operación hacia el exterior de $239.000 a través del Banco CMF S.A. Buenos Aires hacia el Bank of New York. El Fisco Nacional manifestó que no se había aportado documental alguna a fin de justificar que el giro de divisas respondía a la cancelación de un préstamo otorgado por el Federal Bank Ltd y entonces concluyó que correspondía el ingreso de retenciones a beneficiarios del exterior con carácter de pago único y definitivo, determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias – Retención Beneficiarios del Exterior correspondiente al pago efectuado por la contribuyente y le aplicó una multa equivalente al 70% del gravamen omitido.

La actora cuestiona la procedencia de la multa, a tal fin sostiene que la conducta reprimida por el art. 45 de la ley 11.683 requiere la existencia de un perjuicio patrimonial para la hacienda pública, circunstancia que no ha sucedido dada la presentación de declaraciones juradas rectificativas. 

La infracción del art. 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo, por lo cual, en principio, basta el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada y ante la falta de prueba de la existencia de un error excusable que la eximiera de sanción, se considera que el contribuyente ha actuado con negligencia en el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.  

“Noble Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo” – Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V – 20/2/2020

La Cámara revoca la resolución mediante la cual se había determinado de oficio el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos fiscales 07/2005, 08/2005, 12/2005 y 09/2006, sobre la base de haber sido disminuido el saldo a favor del contribuyente en ese impuesto con motivo del desconocimiento de los

créditos fiscales generados por una serie de exportaciones, dado que de la prueba producida no resulta que las operaciones de compra de cereales (soja y trigo) para su posterior exportación fueron simuladas, en la medida en que se verificó el transporte, la entrega, la recepción y el pago.

La firma actora presentó en sede administrativa las facturas emitidas por cada uno de los proveedores cuestionados, así como también de los comprobantes que emitieron los diversos corredores de granos que intervinieron en cada una de las operaciones cuestionadas.

Al haberse probado la existencia de la entrega de las mercaderías (en este caso del cereal) así como el pago del precio y del Impuesto al Valor Agregado respectivo, el derecho del exportador a la devolución prevista en el artículo 43 de la ley que rige ese gravamen no está condicionado al hecho de que los proveedores con los que operó hayan cumplido con sus obligaciones sustantivas, ni releva al Fisco de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por aquellos, responsabilidad que no puede transferir a terceros.

“CMDI SRL c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo” – Cámara Contencioso Administrativo Federal – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III - 18/02/2020

CMDI presentó las DDJJ del IG correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, en las que consignó retenciones y/o percepciones. El juez administrativo luego de corroborar que los saldos de dichas retenciones y/o percepciones eran inexistentes, intimó a la actora para que ingresara el saldo final en favor de AFIP. Esta medida se instrumentó en una Nota Externa, que la actora apeló por el conducto recursivo previsto en el artículo 76 inciso b) de la ley 11.683, logrando que el TFN, en consonancia con su posición, declarara su competencia para entender en el caso.

El Fisco plantea que existe una incompetencia del TFN en razón de la materia, por tratarse el acto apelado de una intimación de pago, frente al cómputo en el IG de retenciones inexistentes, explica que a través de la Nota Externa no se determinó el gravamen de manera cierta o presunta, no se ajustó ningún quebranto, ni se impuso multa; por el contrario sólo se trató de una intimación administrativa y por ello la vía procedimental para que la actora formule su disconformidad con la Nota Externa no es la prevista en el artículo 76 inciso b) de la ley 11.683.

La Cámara hace lugar al recurso impetrado por el fisco nacional, y devuelve las actuaciones, a fin de que sean remitidas a la AFIP para que considere la impugnación formulada por CMDI.