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Novedades Nacionales

BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

“Corven Motors Argentina S.A. c/ AFIP -DGI s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad” CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A. 17/4/2020.

Corven Motors Argentina S.A. solicitó una medida cautelar a fin de que la AFIP-DGI se abstuviera de reclamar la diferencia económica resultante, conforme la aplicación del procedimiento de ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, período fiscal 2018. 

La Cámara hace lugar a la medida cautelar, ya que del análisis del informe contable presentado por la empresa se desprende que el impuesto sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación tendría, en principio, una incidencia del 149% del resultado contable del ejercicio fiscal del año 2018.  El Tribunal analiza estos resultados bajo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia la Nación en el fallo “Candy” y concluye que éstos excederían los límites razonables de imposición.

En cuanto al requisito de peligro en la demora, encuentra su fundamento en la posibilidad de un perjuicio o menoscabo económico en la actividad de la actora de tal gravedad que impida una reparación ulterior, especialmente si se tiene en cuenta que de abonar el monto de $81.016.242,01 impactaría directamente en el patrimonio de la empresa.

“Tubi-Flex S.A. c/ AFIP -DGI s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”. CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B. 16/8/2019

La AFIP-DGI interpuso recurso de apelación contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar que le ordenó que se abstenga de reclamar en cualquier instancia administrativa o judicial, la diferencia económica resultante de la aplicación de ajuste por inflación del período fiscal 2018 del Impuesto a las Ganancias.  

La Cámara analiza las constancias obrantes en autos de las que se desprende que el impuesto determinado sin aplicar el ajuste por inflación representaría el 15,94 % del Patrimonio Neto, el 22,16 % del stock y el 95,79 % del resultado contable.  Analiza estos resultados a la luz del fallo Candy de la CSJN, concluye que se dan los supuestos de confiscatoriedad sentados en dicha doctrina y confirma la cautelar.

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN DE BUENOS AIRES, SALA II

“Arias Hnos S.A.” 27/02/2020

“Fierro Autos S.A.” 20/02/2020

“Cardys S.A.” 20/02/2020

“Peara S.A.” 20/02/2020

En los precedentes citados, los contribuyentes durante el período fiscal 2015 (agosto a diciembre) abonaron el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el ejercicio de la actividad de comercialización de automotores 0 km tomando como base imponible la diferencia existente entre el precio de las unidades vendidas y el costo de adquisición de las mismas, considerando para ello, las pautas del Código Civil y Comercial de la Nación (cuya entrada en vigencia operó el 1 de agosto de 2015) previstas para el contrato de concesión.

El fisco sostiene que el desarrollo de dicha actividad económica no se ha visto alterada y/o modificada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que se sigue estructurando con las particularidades propias de la comercialización y no de la intermediación. Por lo tanto, intentar que los concesionarios tributen solo por el margen de la comisión, implicaría desvirtuar la naturaleza del impuesto mismo apartándose de los principios básicos que lo regulan.

El Tribunal entiende que la postura fiscal debe prevalecer por sobre la de los contribuyentes, ya que los efectos de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación no pueden proyectarse al ámbito tributario de manera directa e inmediata, por cuanto importaría limitar las potestades tributarias locales respecto a la liquidación del gravamen y los Estados Provinciales han retenido para sí la facultad de establecer impuestos indirectos con el objeto de gravar las riquezas que se generen en su territorio.

Por ello de otorgar viabilidad a la hipótesis que sostiene que las normas de los arts. 1502 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación deben aplicarse con preeminencia a las pautas del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se estaría habilitando el sometimiento del sistema de recaudación local a las decisiones de un poder ajeno (el Congreso de la Nación), cuestión que resulta inaceptable.

Además conforme fuera descripta la operatoria comercial no corresponde que se aplique el primer párrafo del art. 195 del Código Fiscal, que establece que para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieran en el mismo a sus comitentes, dado que la firma actúa por su propia cuenta y nombre y factura a terceros los bienes previamente adquiridos a la fábrica.