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Por: Pablo Miranda

Director de Forensic Services en KPMG Argentina

Ya desde 1965 se contaba con el marco teórico de Acción Colectiva ideado por el Profesor Mancur Olson, aunque América Latina vio las primeras experiencias locales (como por ejemplo el Pacto de Integridad de los fabricantes de tubos de Colombia en 2004) a medida que el marco regulatorio de cumplimiento iba progresando en la región.

Las legislaciones de anticorrupción, motivadas por el proceso de ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​), pavimentaron el camino de compromisos públicos, tales como el “Pacto de Cumplimiento EPEI” en Chile a fines de 2010 o el “Pacto de Integridad de CAMPETROL” en Colombia a mediados de 2014, que llegó a congregar a más de 300 empresas -tanto operadoras como proveedoras del mercado de hidrocarburos- que adhirieron a una iniciativa que incorporó una línea de denuncias, salas técnicas para evaluar la plausibilidad de los casos denunciados, comités evaluadores y tribunales de ética. También en el mismo país y a partir de dichos acontecimientos, otros sectores como el de dispositivos médicos, farmacéutico y el mercado eléctrico, inspiraron a muchos líderes en empresas, a organizaciones no gubernamentales, como también a agencias reguladoras en otros países andinos.

Es precisamente ese espíritu de colaboración hacia una misma meta -adopción de estándares internacionalmente reconocidos de transparencia, la rendición de cuentas, los esfuerzos realizados en base anual, el establecimiento de canales de reporte y consecuencias en caso de incumplimiento con los acuerdos firmados-, lo que ha permitido que aquellas iniciativas se repliquen en otros países latinoamericanos y  la adopción de nuevos enfoques y estrategias, como mecanismos de denuncia de alto nivel, declaraciones de cumplimiento multipartidarias entre miembros de la cadena de valor y pactos de integridad bilaterales entre grandes compañías.

No existe una fórmula exacta para estos temas; aunque sí está demostrado que la aplicación de ciertas premisas resulta fundamental para su aceptación y continuidad en el tiempo.

  • La iniciativa debe ser construida en una plataforma legítima (Asociación, Cámara, Gremio) que permita a todos los participantes, e inclusive competidores, reunirse y documentar sus debates, planes, conclusiones y decisiones, de una forma transparente.
  • La participación de un facilitador neutral garantiza a la sociedad civil que el funcionamiento de la plataforma se ajuste a los términos públicamente acordados entre sus miembros.
  • El compromiso de las máximas autoridades que representan a cada una de las entidades participantes (Gerentes Generales, Presidentes & Ejecutivos de la alta dirección), resulta clave tanto para la construcción de confianza como también para dotar de “músculo” a las iniciativas.
  • Finalmente, resulta muy recomendable el acompañamiento de Entes Reguladores, en calidad de testigos o veedores de dichas iniciativas.

Es habitual que se discuta, como en cualquier lugar del mundo, sobre los costos emergentes de tales proyectos de acción colectiva. En verdad, no necesariamente deben idearse como emprendimientos faraónicos y burocráticos, sino enfocarse en los aspectos prácticos y sus sinergias. Como agremiaciones ya creadas que permitan a sus adherentes reunirse con razonable periodicidad; el tiempo -tanto personal como corporativo- que invierten los funcionarios y sus entidades participantes; el aprovechamiento de redes y estructuras comunicacionales y administrativas ya existentes; y la rotación de funciones, sedes y participantes que brinden apoyo de secretariado técnico, entre otros.

No obstante, es importante estar atentos ante las distintas fuentes actuales de financiamiento específico para proyectos de Acción Colectiva:  Siemens Integrity Initiative, UK Aid o KBA Notasys, son algunos de los fondos de integridad disponibles actualmente que seguramente inspirarán a otros a seguir su camino.

En Argentina no estamos ajenos a estos desarrollos, como por ejemplo, la firma del código de conducta para el mercado de dispositivos médicos en 2009, la adhesión al COCIR en 2013 por primera vez en Latinoamérica, los pactos bilaterales de integridad entre grandes compañías proveedoras y ejecutoras del mercado de infraestructura, o la iniciativa Dialogando BA para la transparencia entre los sectores público & privado. No obstante, estamos en un momento de nuestra historia en que el verdadero desafío es convertir dichas iniciativas en proyectos de largo aliento, uniéndonos y cerrando cualquier distancia que nos aleje de la meta en común: incrementar los niveles de transparencia para el bien de todos los argentinos.