Introducción. El planteo de la cuestión controvertida.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires promovió una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso b), apartado 7, de la ley impositiva del período 2012 (Ley 14.333).

Cabe recordar que dicho artículo, había establecido que los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia, concertados en instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella, debían tributar una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos. Dicho tratamiento produjo que los clientes de los escribanos integrantes de dicho Colegio debieran soportar un costo mucho mayor (entre el 1% y el 3,8%) por el hecho de elegir como notario de confianza para la realización de los actos alcanzados por la norma, a uno que ejerciera su profesión en la Ciudad de Buenos Aires.

Por tal motivo, el Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires sostuvo lo siguiente respecto de la disposición mencionada:

• Existió una violación de diversos artículos de la Constitución Nacional, incluyendo al derecho a la libre competencia, al de operar en un mercado sin distorsiones y a la prohibición de aduanas o barreras arancelarias interiores
• Por otra parte, la misma contradijo manifiestamente el Artículo 997 del Código Civil vigente a esa fecha.
  
  

Cabe citar que dicho artículo establecía lo siguiente: “Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”.

En función, de ello, solicitó se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la norma provincial cuestionada, hasta tanto recaiga sentencia en el proceso.

Por otra parte, la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda y solicitó su rechazo, planteando los siguientes argumentos:

• La disposición cuestionada tuvo vigencia entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2012, debido a que con posterioridad, fue modificada a través de la Ley 14.357 la cual suprimió dicha alícuota diferencial, en razón de ello adujo que el objeto del proceso habría devenido abstracto.
• El Colegio de Escribanos carecería de legitimación debido a que los efectos perjudiciales que eventualmente pudieron haberse derivado de la limitada vigencia de la norma impugnada solo podrían ser cuestionados por los notarios efectivamente afectados.
• El segundo párrafo del artículo 997 del Código Civil vigente a esa fecha, según su interpretación, era inconstitucional, debido a que se trataba una regulación de la materia tributaria local, reservada por la Constitución Nacional a las provincias.
• La alegada pérdida de competitividad de los escribanos afiliados a la entidad demandante, no dependía única y necesariamente del monto del impuesto de sellos, ya que la escrituración no estaba sujeta a una tarifa única e inamovible.
• A su criterio, la formalización de actos mediante escrituras públicas en la Capital Federal exteriorizaba una mayor manifestación de riqueza y, por lo tanto, ninguna objeción merecía que en función de ello, la Provincia haya adoptado como política tributaria una diferenciación en las alícuotas de dicho impuesto.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Con fecha 9 de diciembre de 2015 la Corte sentenció lo siguiente:

• El Colegio de Escribanos contaba con legitimación para actuar en este caso.
• Aun habiéndose suprimido la alícuota diferencial del impuesto de sellos, la provincia mantenía la pretensión de percibir la alícuota diferencial entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2012, por lo tanto, existía un interés jurídico suficiente para instar la acción destinada a provocar el dictado de la sentencia definitiva, con el objeto de dilucidar la subsistencia de una obligación tributaria pendiente.
• La imposición de la alícuota diferencial contemplada en la norma impugnada tenía como finalidad otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en desmedro de sus pares foráneos. 
• Si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional.
• Entre las limitaciones establecidas en la Constitución Nacional a las facultades impositivas provinciales figura la consagrada en su artículo 16, que dispone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
• No se advierte la existencia de una razón válida que permita aseverar que los instrumentos otorgados en la jurisdicción para producir efectos jurídicos sobre inmuebles radicados en otra, exterioricen una capacidad contributiva diferente o una mayor manifestación de riqueza por esa única circunstancia, motivo por el cual no se justifica un tratamiento impositivo distinto.
• La discriminación establecida en el régimen cuestionado, en función del lugar de radicación del escribano otorgante del acto, no constituía una pauta razonable que, a los fines impositivos, permita la fijación de alícuotas diferenciales.
• La aplicación de dichas alícuotas diferenciales consagró una manifiesta iniquidad y generó una discriminación arbitraria, que no supera el control de razonabilidad efectuado en orden a la garantía de constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Fundamental.

En función de los argumentos planteados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resolvió hacer lugar a la demanda entablada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del régimen establecido por la Provincia de Buenos Aires, en relación con el impuesto de sellos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales, entre el 1/1/2012 y el 31/5/2012.

Por último cabe agregar en la misma fecha la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en igual sentido en las siguientes causas: “Barceló, Juan José y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otros/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y “Valiante, Carlos Martín y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/ordinario”.

La reflexión final

Con estos pronunciamientos la Corte Suprema de Justifica de la Nación, una vez más, remarca los límites a las facultades de las provincias para imponer gravámenes, a fin de evitar tratamientos desiguales o discriminatorios.
Cabe agregar que en la causa “Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/Bs. As., Prov. s/acción declarativa” de fecha 16/12/2014, referida a la aplicación de alícuotas diferenciales en el impuesto de sellos, el Máximo Tribunal había concluido en el mismo sentido.

Por otra parte, en el impuesto sobre los ingresos brutos, también diversas jurisdicciones prevén tratamientos desiguales para las actividades industriales en función de la jurisdicción en donde se encuentran localizados los establecimientos respectivos. Por tal motivo, la Corte Suprema se ha expedido en algunas causas, admitiendo medidas cautelares promovidas por las actoras contra estas normas provinciales (entre otras, “Bayer S.A. c/Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” de fecha 23/02/2016).

Si bien en relación a este último impuesto, a la fecha no hay una sentencia del Máximo Tribunal sobre el fondo del asunto, el fallo precedentemente descripto, reviste especial importancia, debido a que algunos de los fundamentos planteados podrían resultar aplicables para evitar tratamientos desiguales en otros gravámenes.